Piden a SCJN rechazar proyecto que niega amparo por omisión legislativa sobre desplazamiento forzado
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico reclamó la creación de una institución responsable y un presupuesto específico para atender a las personas desplazadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes 13 de octubre el Amparo en Revisión 269/2025, cuyo proyecto propone negar el amparo promovido para reclamar la falta de una legislación federal que atienda el desplazamiento forzado interno en México.
El proyecto, presentado por la ministra María Estela Ríos, sostiene que no existe una obligación constitucional o convencional específica que imponga al Congreso de la Unión legislar en materia de desplazamiento forzado interno. Ante ello, plantea descartar la omisión legislativa reclamada.
En un comunicado, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), que promovió el juicio de amparo, señaló que miles de personas en México se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia, las amenazas y la persecución. Precisó que estas personas no solo pierden sus viviendas, sino también sus fuentes de trabajo, el acceso a servicios de salud y la educación de sus hijos, así como las condiciones necesarias para vivir con dignidad.
El organismo recordó que México aún no cuenta con una ley federal que regule el desplazamiento forzado interno ni establezca mecanismos claros para la atención y protección de las víctimas.
El juicio de amparo promovido por el CNLE reclama tres omisiones del Estado: que el Congreso de la Unión no ha expedido una ley en la materia; que el Ejecutivo Federal no ha creado una institución responsable de atender a las personas desplazadas, y que no se ha destinado un presupuesto específico para ese propósito. La SCJN atrajo el asunto y deberá pronunciarse sobre estas omisiones.
Captura de pantalla. Video: Personas desplazadas
El Consejo señaló que si bien el proyecto de la ministra Ríos reconoce la existencia del desplazamiento forzado interno, sostiene que este fenómeno ya ha sido reconocido y atendido por distintas autoridades, sin que ello implique que exista un deber específico de legislar.
Bajo ese razonamiento, el proyecto propone negar el amparo y descartar la omisión legislativa reclamada.
“Lo que está en juego va más allá de este caso. Sin una ley federal, una institución responsable y un presupuesto específico, las personas desplazadas carecen de un sistema nacional que garantice su reconocimiento como víctimas, su atención y los apoyos necesarios para reconstruir sus vidas o regresar a sus comunidades en condiciones de seguridad. La Suprema Corte tiene la oportunidad de reconocer la responsabilidad del Estado de establecer una respuesta integral frente a esta crisis”, advirtió.
“La protección de los derechos humanos no puede depender de la voluntad de las autoridades”, agregó.
La @SCJN está por tomar una decisión que puede cerrar la puerta de la justicia a miles de víctimas de desplazamiento forzado en México.
El proyecto que se discutirá este martes propone negar el amparo que promovimos desde el @Consejo_Litigio y desconocer la obligación del Congreso de legislar para protegerlas.
Una Corte cercana al pueblo se demuestra con decisiones, no con discursos.
Las víctimas necesitan protección, no más indiferencia del Estado.
Aquí nuestro comunicado. 👇
— Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) October 12, 2026
El CNLE agregó que reconocer que las personas desplazadas tienen derechos, pero negar la existencia de una obligación específica de legislar para garantizar su protección, puede “perpetuar la falta de una respuesta integral del Estado” ante el desplazamiento forzado interno.
El organismo también señaló que una Corte cercana al pueblo no se define por su discurso, sino por sus decisiones cuando las víctimas acuden en busca de justicia.
Por ello, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico exhortó a la Suprema Corte a no aprobar el proyecto en sus términos y a reconocer las obligaciones del Estado para atender el desplazamiento forzado interno y garantizar la protección efectiva de las personas desplazadas.
“Todavía está a tiempo de abrir la puerta”, concluye el Consejo.