La autonomía de Banxico, a prueba | Artículo

Jorge Ramos Maldonado

El nombramiento de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México y de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda fue bien recibida por políticos, empresarios, analistas y el mercado, en general.

De entrada, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió la confianza de que su gobierno, a través de la SHCP -responsable de la política fiscal- y del Banxico -de la política monetaria-, mantendrá una política económica coordinada, finanzas públicas sanas, variables macroeconómicas alineadas, un esfuerzo por recuperar el crecimiento económico y disminuir la inflación a 3 por ciento más menos 1 punto porcentual, objetivo permanente del instituto central.

Sin embargo, no faltan las dudas. Y es que si bien Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O tienen títulos académicos y experiencia que prueban su capacidad y habilidad técnica para desempeñar sus respectivos cargos, ampliamente reconocidas por los expertos, también son subordinados del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ley otorga autonomía a Herrera cuando asuma como gobernador del Banxico, pero ¿la ejercerá o se mantendrá subordinado al Ejecutivo? La duda razonable está fundada y motivada en consideraciones de hecho y de derecho.
En los hechos, el Presidente de la República domina el Poder Legislativo y ejerce presión sobre los órganos constitucionalmente autónomos. Basta recordar que su mayoría legislativa le aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y le dio la posibilidad de disponer de los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de las Entidades Federativas (FEIEF), así como de los recursos de algunos fideicomisos públicos que constituían un respaldo financiero y cuya disminución o inexistencia implican vulnerabilidad financiera para el país, que se quedó sin más ahorro que las reservas internacionales resguardadas por el Banco de México.

Cuartoscuro

Y, por otra parte, la inclusión del cuestionado artículo tercero transitorio a la reforma de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amplía dos años la permanencia en el cargo del ministro presidente de la SCJN, ya promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación, da lugar a suspicacias sobre una supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, cuya autonomía está más cuestionada que nunca.

A lo anterior, para volver al tema que nos ocupa, hay que agregar que en 2020 el Presidente de la República le pidió al Banco de México que le entregara los remanentes de operación de ese año, cuando se desconocía el balance de resultados de Banxico correspondiente a dicho ejercicio. Pero además, en caso de ser generados y suficientes para destinarse a lo que ordena la ley, por norma deben entregarse en abril del año siguiente al del balance. En el cuarto mes de 2021 Banxico informó que los remanentes de 2020 fueron insuficientes para realizar transferencias -que no hizo- al gobierno federal en 2021. Ese hecho molestó al Presidente de la República, quien se lanzó contra Alejandro Díaz de León, gobernador en funciones del Banxico, a quien responsabilizó de una deuda y por ese motivo, anunció Andrés Manuel López Obrador, no ratificaría en el cargo y removería y sustituiría por un economista con dimensión social, comprometido con la economía moral, quien, ahora sabemos, es Arturo Herrera, quien a su vez será reemplazado por Rogelio Ramírez de la O, otro economista con dimensión social y comprometido con la economía moral.

Pero la política económica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afectada por la pandemia, ha dado como resultado una caída del Producto Interno Bruto, pérdida de empleos formales y del ingreso para millones de familias, por un lado; y por otro, crecimiento de la inflación a niveles de casi 6 por ciento, el doble del objetivo permanente del Banco de México, que los técnicos dicen es sólo un efecto aritmético que resulta de la una baja base de comparación estadística pero que en la economía real causa pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Hugo Salazar

En síntesis, el resultado de la política económica, de la economía moral con dimensión social de la que habla el Presidente de la República, es contrario al objetivo de generar un beneficio, bienestar a los más pobres, cuyo número aumentó en casi 10 millones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En Derecho, el Artículo 89, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Presidente de la República a nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado; y el 28, párrafo séptimo, constitucionales; y el 38, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Banco de México, a nombrar a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México y de entre estos al gobernador, con la aprobación del Senado de la República o de la Comisión Permanente.

La Constitución estatuye que los integrantes del Banco desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; y el rtículo 40 de la Ley Orgánica precisa que el cargo de Gobernador durará seis años y el de Subgobernador será de ocho años.

Hasta aquí queda claro que los nombramientos del Ejecutivo Federal, de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México son constitucionales, que el responsable de la política fiscal depende directamente del Ejecutivo Federal y está obligado a cumplir sus instrucciones, mientras que el gobernador del Banco de México tiene autonomía.

Otra vez, la duda razonable es si Herrera asumirá y ejercerá la autonomía que le otorga la Ley o se someterá al Ejecutivo Federal. En teoría económica, debe haber coordinación entre la política fiscal de la Secretaría de Hacienda y monetaria del Banco de México. La otra duda razonable es si Ramírez y Herrera construirán esa coordinación con base en criterios técnicos o en atención a lo que dicte el Presidente de la República.