¿Habrá gobierno de coalición en 2024? | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“De ser un problema institucional el gobierno dividido siempre
corre el peligro de transformarse en un problema democrático”
Gianfranco Pasquino *

Es muy poco probable que de las elecciones de 2024 en México resulte un “gobierno unificado”, como define el politólogo italiano Gianfranco Pasquino a los gobiernos en los que “el poder ejecutivo del Presidente se unifica con el poder legislativo de su mayoría (de su partido) en el Congreso”.

La conformación del sistema de partidos, las condiciones de polarización política y las características del sistema electoral en nuestro país, hacen muy poco probable que el próximo gobierno sea un “gobierno unificado”. Todo apunta a que quien llegue a la presidencia de la república a partir del 1 de octubre de 2024 tendrá que hacer frente a los retos de un “gobierno dividido”. La solución para garantizar la gobernabilidad democrática, el funcionamiento eficaz del gobierno y la implementación de su programa está en la Constitución Federal: la formación de un gobierno de coalición.

El pasado 10 de febrero se cumplieron ocho años de que se estableció en la Constitución la posibilidad de que quien ocupe la titularidad del poder ejecutivo federal pueda optar por formar un gobierno de coalición. Esta figura jurídica entró en vigor el 1 de diciembre de 2018. A pesar de que desde 2016 se han presentado varias iniciativas de ley para regularla, el Congreso de la Unión aún no ha expedido la ley reglamentaria correspondiente.

Como respuesta a los retos que significa la existencia de gobiernos divididos y como parte de los intentos fallidos para lograr el cambio del régimen político, con la reforma constitucional en materia político electoral del 10 de febrero de 2014 se incorporó figura jurídica del gobierno de coalición al texto de la Constitución Federal. La reforma mantuvo las bases del sistema presidencial, pero incorporó algunos elementos que apuntan hacia lo que el doctor Diego Valadés ha denominado “la parlamentarización de los sistemas presidenciales”.

Fue un ejercicio de rediseño del sistema presidencial orientado a reducir la excesiva concentración del poder en manos de quien tiene la titularidad del poder ejecutivo. Perfectible y susceptible de un desarrollo legislativo que lo podría potenciar, este intento por mejorar el funcionamiento del sistema presidencial mexicano buscó establecer las bases de un sistema de colaboración entre el legislativo y el ejecutivo que favoreciera la gobernabilidad democrática, el equilibrio de poderes y un mejor funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos en el sistema presidencial mexicano.

El primer presidente de la república que pudo haber utilizado este instrumento para la conformación de su gobierno fue Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el resultado de la elección de 2018 no generó los incentivos para optar por un gobierno de coalición. Un presidente con un alto nivel de legitimidad y con una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso tiene muy pocos incentivos para negociar en sede parlamentaria la integración y el programa de su gobierno.

Es muy poco probable que se repita un resultado con las características del que se produjo en 2018. Si quien gane las elecciones presidenciales de 2024 no cuenta con una mayoría parlamentaria estable del partido o la coalición que la o lo haya postulado, inevitablemente enfrentara los retos de un “gobierno dividido” en un escenario de gran polarización política. El riesgo de la parálisis institucional siempre está presente en los gobiernos divididos o minoritarios.

Este escenario, y la posibilidad de que algunos de los contendientes perdedores apostaran por deslegitimar el resultado y socavar desde el inicio al nuevo gobierno, harían aconsejable, y tal vez inevitable, que la o el presidente de la república optaran por la conformación de un gobierno de coalición. Negociar la integración del gabinete y el programa de gobierno con una coalición parlamentaria que incluyera a parte de las oposiciones podrían ser la única salida ante una crisis de legitimidad, o incluso de gobernabilidad, al inicio del próximo gobierno.

La conformación de un gobierno de coalición también podría ser producto de un acuerdo político antes de las elecciones. La candidata o el candidato de una coalición electoral podría acordar con los partidos que la integraran que en caso de ganar optará por un gobierno de coalición. Como sucedió en 2018 con la coalición electoral Por México al Frente.

Por eso, es urgente que la omisión legislativa en que ha incurrido el Congreso de la Unión al no expedir la ley reglamentaria del gobierno de coalición sea subsanada antes del inicio del proceso electoral de 2024. Esto permitiría evitar el riesgo de que, como lamentablemente sucede con frecuencia, se termine legislando “al vapor” sobre un tema que podría ser fundamental para la conformación y estabilidad del próximo gobierno. Las consecuencias negativas de aprobar leyes a última hora han sido evidentes en la consulta popular del año pasado y en la Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

Hasta ahora, ni la mayoría ni las minorías parlamentarias en el Congreso de la Unión tienen este tema como prioritario en sus agendas legislativas. Aunque Morena y sus aliados cuentan con los votos para aprobar la ley sin la concurrencia de las oposiciones, hacerlo sin el consenso de los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras del Congreso no sería la mejor ruta para regular un asunto del que puede depender la estabilidad del próximo gobierno. No legislar oportunamente y con un amplio consenso podría tener graves consecuencias para el próximo gobierno y para el país.

* Politólogo italiano. Fue discípulo de Norbeto Bobbio y se especializó en política comparada con Giovanni Sartori