Gobierno expropia 68 hectáreas más para Tren Maya en Quintana Roo

El Gobierno de México determinó “por causa de utilidad pública” la expropiación de 68 hectáreas, 89 áreas y 91 centiáreas de Quintana Roo para la construcción del Tren Maya.

Por medio de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno expropió los terrenos del ejido “Xmaben y Anexos”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Estas superficies serán entregadas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del proyecto, con el fin de destinarlas a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación de la obra.

Los propietarios recibirán como indemnización un total de $27 millones 535 mil 640 pesos, según el avalúo del valor comercial de la superficie que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). 

De acuerdo con el decreto, Fonatur solicitó en 2022 la expropiación de la superficie para la construcción del tramo 6 Tulum-Chetumal y en julio del mismo año la asamblea general del ejido aprobó la ocupación temporal.

Los habitantes del terreno fueron notificados del avalúo que realizó el Indaabin el pasado 10 de febrero de 2023. A su vez, la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aprobó la expropiación el pasado 3 de julio para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del proyecto.

El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo plan es construir más de 1,500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

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Desde el inicio de su construcción, organizaciones nacionales e internacionales, así como activistas, han expresado su preocupación  por el posible impacto negativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y en el medioambiente de la zona.

Ante esto, han promovido diversos amparos y han exigido al Gobierno suspender obras en distintos tramos por la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico.

En consraste, AMLO y su gobierno han argumentado que la obra permitirá el transporte de mercancías y movilización de personas, así como el desarrollo socioeconómico y turístico de la región.

A inicios de septiembre se realizó el primer recorrido de prueba con pasajeros y se tiene previsto que inicie operaciones en el primer tramo de manera oficial el 1 de diciembre.