Proliferan obras irregulares en áreas naturales protegidas en Valle de Bravo: Ambientalistas

Samantha Namnum, directora del Observatorio Ciudadano de la Subcuenca del Valle de Bravo-Amanalco y Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), denunciaron este miércoles en Aristegui en Vivo que el desarrollo inmobiliario desmedido, así como la proliferación de obras irregulares están provocado un grave impacto ecológico en esta zona protegida del Estado de México.

Los ambientalistas señalaron en una carta que el Valle de Bravo, ubicado en el Estado de México, se encuentra dentro de una de las subcuencas más importantes que abastece de agua al sistema Cutzamala y casi la totalidad del territorio municipal está dentro de un área natural protegida federal, siendo un lugar de suma importancia ecológica por los servicios ambientales que ésta presta.

A pesar de su condición de área natural protegida federal ha sido, en los últimos años, devastado por construcciones de tipo inmobiliario dentro de zonas forestales, muchas de ellas sin contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo.

Un ejemplo de esta afectación es el Racho San Jorge, propiedad de 500 hectáreas donde se construyeron 10 presas de manera ilegal, asegurada por la PROFEPA y Fiscalía General de la República (FGR), como lo documentó la periodista Evlyn Cervantes Silva en el reportaje “Rancho San Jorge: la ambición por el agua en Valle de Bravo”.

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Obras irregulares que amenazan la biodiversidad

La Dra. Namnum precisó que Valle de Bravo es de suma importancia por su  biodiversidad, casa de varias especies de flora y fauna, incluida la emblemática mariposa monarca.

Desgraciadamente han habido varios sucesos que contribuyen a que haya una afectación a los recursos naturales de la zona y entre estos está un boom inmobiliario que tuvo sus primeros antecedentes con la apertura de una carretera a Valle de Bravo por ahí del 2010 y, pues ahora, lo que estamos viendo es que hay una proliferación de construcciones, muchas de ellas sin las autorizaciones, las licencias y los permisos correspondientes.

“No se está dando una observancia adecuada a los usos de suelo que dicta la zonificación propia del área natural protegida, entonces estamos preocupados porque esto está teniendo impactos a los recursos naturales, impactos a los macizos forestales, temas en la cuestión de captación de agua y, sobre todo, algunas cuestiones graves de contaminación de acuíferos”.

No se están cumpliendo los decretos

En tanto, Alanís Ortega señaló que la devastación inmobiliaria que está poniendo en riesgo a especies de plantas y animales,  algunas de ellas en peligro de extinción, también contraviniendo decretos legales como áreas naturales protegidas.

Por muchos años se ha venido llevando a cabo una deforestación muy extensa en la zona y esto nos lleva también a incumplimientos desde el punto de vista legal. Los daños ambientales tiene que ver con que hay un decreto de un área natural protegida que no se está respetando y, también, hay un plan de manejo que es el que nos da las directrices y los lineamientos de cómo proceder dentro del área natural protegida que tampoco se está respetando,

“También hay instrumentos internacionales como es el CITES, el convenio internacional de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción, y la norma 059 en México que tampoco se están respetando porque existen estas especies en la zona y como no se están llevando a cabo los estudios de impacto ambiental, pues no sabemos exactamente qué tanto están afectando”, expuso.

El director de director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) también habló sobre el impacto social de la devastación, ya que existen comunidades que sufren la escasez de agua y que colindan con pozos de extracción del líquido para los desarrollos particulares.

“Un tercer elemento tiene que ver con la parte de la legalidad y del Estado de derecho. Aquí lo que nos hemos encontrado es que muchas de estas obras no tienen su manifiesto de impacto ambiental y no se someten al procedimiento de impacto ambiental para que la autoridad evalúe si ambientalmente los proyectos son viables o no son viables, y eso a lo que nos lleva es a una situación de no estar en la legalidad y de no estar en un Estado de derecho”, señaló.

Carta Aristegui Valle de Bravo-2025 by Aristegui Noticias

Consulta aquí la entrevista completa con la doctora Samantha Namnum y Gustavo Alanís: