Chihuahua | Corral acusa a la gobernadora Campos de proteger a César Duarte

El exgobernador de Chihuahua y actual senador, Javier Corral Jurado, aseguró que la detención reciente de César Duarte, exgobernador acusado de desviar recursos públicos, puso fin a una etapa de impunidad que, según él, fue facilitada por la actual gobernadora María Eugenia Campos.

Duarte, extraditado en 2024 desde Estados Unidos, había sido liberado tras su llegada al estado —el 26 de junio de 2024 quedó en libertad por falta de pruebas—, y desde entonces, afirmó Corral, recibió protección que retrasó el avance de los procesos judiciales en su contra.

La detención del lunes pasado de César Duarte por agentes federales, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal como de la Fiscalía General de la República, pone fin a la protección que la gobernadora de Chihuahua le ha brindado desde que es gobernadora y desde que él llegó extraditado en 2024.

Agregó que este arresto retoma las indagatorias iniciadas durante su administración bajo la operación conocida como Justicia para Chihuahua, que incluyó varios capítulos, entre ellos la nómina secreta, la operación Safiro y Kepler.

Corral detalló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua bajo la administración de Campos no movió ninguna de las 20 órdenes de aprehensión existentes contra Duarte, que suman alrededor de 6,000 millones de pesos; la nómina secreta representa 1,048 millones, la operación Safiro 500 millones, y otros casos entre 400 y 300 millones de pesos.

“La Fiscalía General del Estado de María Eugenia Campos no ha movido un solo dedito para agregar al proceso de extradición alguna de ellas”, dijo.

El senador explicó que la orden de aprensión ejecutada corresponde a la misma causa por la que Duarte fue extraditado, aunque ahora se le imputa un delito distinto vinculado al lavado de dinero.

“Es la misma materia prima, pero es un delito distinto por el cual se le extraditó. Esto se hace conforme al principio de especialidad y con la autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, explicó Corral y aclaró que esta figura permite agregar causas directamente relacionadas con los hechos de corrupción.

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Durante la entrevista en Aristegui en Vivo, Corral narró cómo los recursos desviados por Duarte, provenientes del erario público, fueron canalizados a asociaciones ganaderas y fideicomisos en los que él y su esposa tenían participación mayoritaria, y luego utilizados para adquirir propiedades, ranchos, joyas e incluso pagos de impuestos.

Además, Duarte intentó ser socio mayoritario del Banco Unión Progreso de Chihuahua con parte de estos recursos, operación que no prosperó.

Corral Jurado también hizo referencia al papel de la Fiscalía General de la República (FGR), en particular, a la actuación del entonces titular Alejandro Gertz Manero en el seguimiento del caso y dijo que la orden de aprehensión federal por la que se actuó “se consiguió en mayo de 2024”, pero pasó “un año con Gertz Manero” sin que se completara el procedimiento público que, consideró, habría permitido una acción más temprana.

“Según el propio comunicado de la Fiscalía, la orden de aprehensión se consigue en mayo del 2024, pasa un año con Gertz Manero, quien inicia la investigación es Alejandro Gertz Manero; quienes desarrollan toda la investigación volvieron a hacer prácticamente toda la carpeta, reforzándola en términos probatorios.”

Corral sostuvo que, en su visión, la FGR no se limitó a tomar la carpeta local tal cual y que la Fiscalía federal reinició y robusteció la investigación, llevando a la eventual obtención de la autorización internacional necesaria para agregar la causa federal vinculada a los mismos hechos.

Dijo que el trámite internacional para agregar causas a la extradición —la excepción al principio de especialidad— implicó autorizaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que ese proceso llevó meses hasta concretarse.

Corral también recordó que, durante su gobierno, se contrató un despacho especializado en Houston para recuperar activos de Duarte en Estados Unidos, incluyendo 50 propiedades identificadas en Arizona, Nuevo México, Texas y Florida.

Sin embargo, señaló que al llegar Campos a la gubernatura, los abogados estadounidenses dejaron de recibir respuesta del gobierno estatal, lo que provocó el cierre de los casos en tribunales estadounidenses por inacción.

Hubo una responsabilidad tremenda de la actual gobernadora de Chihuahua en este asunto, se trataba de bienes que Chihuahua podía haber recuperado, y se dejó morir deliberadamente el juicio.

Agregó que durante ese tiempo Duarte incluso convocó una conferencia de prensa para anunciar su exoneración por la DEA, seguida de una celebración pública que evidenció la impunidad de la que habría gozado.

El exgobernador de Chihuahua aseguró además que Campos y otros funcionarios de su administración formaron parte de la nómina secreta de Duarte, recibiendo pagos subrepticios durante su gestión como diputada local.

Entre los beneficiarios se encontraban políticos, empresarios, líderes religiosos y periodistas, “incluso María Eugenia Campos me propuso que todo se le pusiera a otro funcionario para no aparecer en la investigación, pero se negó a asumirlo, esto evidencia la colusión con Duarte”, indicó Corral.

Sobre la liberación de Duarte, Corral mencionó el papel de la magistrada Hortensia García Rodríguez, quien como jueza penal liberó a Duarte tres días después de la elección de 2024, y más tarde ascendió a magistrada penal durante la gestión de Campos.

“Ese es el nivel de colusión que hay, María Eugenia Campos no movió ninguna de las 20 órdenes de aprehensión y dejó caer el juicio de recuperación de activos en Estados Unidos”, dijo.

Corral también relató las acusaciones que se han presentado en su contra, calificándolas de fabricaciones políticas motivadas por su denuncia de la corrupción de Duarte y la protección que recibió de Campos.

Entre ellas, se le acusa de autorizar la contratación de un despacho para la reestructuración de deuda del estado, proceso que Corral asegura está completamente acreditado y que fue manipulado para generar un conflicto de interés inexistente.

El senador concluyó que la detención de Duarte no cierra el caso de impunidad, sino que podría abrir el camino para una investigación más amplia sobre desvíos millonarios de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Si hay voluntad política de combatir la corrupción a los más altos niveles, Chihuahua documentó el modus operandi de la desviación de recursos públicos hacia partidos políticos, y quienes emprendimos esa tarea hemos pagado consecuencias brutales”, dijo Corral, y señaló persecuciones y acusaciones mediáticas que han enfrentado él y su equipo.