“Persecución fiscal se limita a empresas que reporten ingresos por 30 mdp anuales”: Arturo Herrera

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron impulsar ajustes a la Miscelánea Fiscal, la cual forma parte del Paquete Económico 2020.

En conferencia de prensa, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, informó que se alcanzaron consensos en algunas iniciativas, y que una de las que más interés ha generado, y que aún provoca diferencias entre ambas partes, es la que tiene que ver con el combate a empresas factureras.

Al respecto, Herrera Gutiérrez señaló que en la dependencia que él encabeza se sienten cómodos y creen que van en la dirección correcta, pero admitió que se deben hacer precisiones sobre el tema. 

Aclaró que la ley contra las empresas fantasma tiene como objetivo atacar un tipo de defraudación fiscal muy específico: las empresas que tienen un RFC, pero que no tienen ninguna actividad económica.

“Es decir, no le compran insumos a ninguna empresa para producir nada, no venden nada a ninguna empresa, lo único que hacen es generar facturas o vender facturas, pero no hay ninguna actividad económica real, con el único objeto de defraudar al fisco y no contra las empresas que sí venden, compran y tienen actividad económica”.

En ese sentido, explicó que la modificación al Código Fiscal para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada se limita a las empresas factureras que reporten ingresos por 30 millones de pesos anuales, y que solo va enfocada a perseguir a quienes emiten los comprobantes.

Para ser más claro, Arturo Herrera ejemplificó con el caso de una panadería que vende conchas:

“¿Quiénes no caerían aquí? Si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas y por alguna razón utiliza una factura falsa, esa no es de estas porque sí está vendiendo conchas. Está cometiendo una irregularidad, pero no cae en los supuestos a los que va dedicado una empresa fantasma, no es empresa fantasma, no hay conchas fantasmas”.

En su intervención, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, refirió que la reforma para combatir la defraudación fiscal debe dejar claro a quién va dirigida y que no se perseguirá a las empresas que tengan actividades económicas.