CCE pide a Senado una discusión extensa sobre reforma judicial

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal organización del sector privado en México, hizo este lunes un llamado al Senado con el fin de que se permita una discusión deliberada y extensa para analizar la reforma al Poder Judicial, que propone entre otras cosas la elección de jueces por voto popular.

El dictamen de la citada reforma fue aprobado la noche del domingo por Comisiones del Senado y se espera que sea votada el próximo miércoles en el Pleno del Senado, que tiene mayoría oficialista.

La reforma fue avalada el pasado 3 de septiembre en la Cámara de Diputados.

“El sector privado mexicano hace un llamado a todos los integrantes del Senado mexicano para que permitan una discusión deliberada, extensa y con el tiempo suficiente para analizar, ponderar y debatir los cambios necesarios que nos permitan mejorar la administración de justicia en el país y el funcionamiento del Poder Judicial“, apuntó el CCE.

La entidad señaló que una reforma al régimen constitucional que “garantice la división de poderes y la independencia del Poder Judicial debe ser discutida y analizada a profundidad y con responsabilidad por todos los actores”.

Esto “para salvaguardar los derechos fundamentales y los compromisos internacionales de México en el ámbito de los derechos humanos, laborales y ambientales, así como los tratados comerciales y de inversión”.

El CCE, que agrupa a las organizaciones cúpula empresariales de México responsables del 80% del producto interno bruto (PIB) nacional, dijo que en los próximos años “México tiene una oportunidad irrepetible para contar con un sistema integral de justicia acorde con los nuevos tiempos, que brinde certeza jurídica, Estado de Derecho y un ambiente propicio para la inversión”.

Previamente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a los 43 senadores de oposición mantenerse firmes contra la reforma al Poder Judicial.

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En un comunicado, la Coparmex dijo que es necesaria “una reforma integral al sistema de justicia para mejorar el acceso pronto y expedito para la gente, sin distinciones, es decir, independientemente de su condición de origen, especialmente para quienes han visto vulnerados sus derechos o han sido excluidos, como las víctimas de violencia en sus diversas formas”.

Sin embargo, dijo que “la iniciativa tal como fue presentada y ha sido dictaminada, no logra este objetivo”.

El organismo empresarial sostuvo que uno de los principales riesgos “es la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ya que introduce un riesgo significativo de politización en la administración de justicia, comprometiendo la independencia judicial”.

Este mecanismo, precisó, “podría derivar en decisiones judiciales influenciadas por intereses electorales e influencias externas contraviniendo el principio de imparcialidad que debe regir el Poder Judicial”.

Además de la elección de jueces por voto popular, el dictamen reduce de 11 a 9 ministros los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.

Además, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que esta corresponda a quienes alcancen mayor votación.

La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en el Supremo mexicano, así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.

Este lunes, los ministros de la SCJN acordaron, aunque con decisión dividida, mantener la suspensión de actividades que empezaron el pasado martes, uniéndose así a los trabajadores del Poder Judicial que suman casi tres semanas en paro contra la reforma judicial. 

EFE