Menos legisladoras y legisladores y mayor representatividad

Rogelio Muñiz Toledo

“Si se cumplen ciertas condiciones, los números
y la justicia pueden llegar a entrar en relación”.

Ricardo Luis Chueca Rodríguez *

Ni la absurda moratoria constitucional anunciada por los dirigentes de los partidos de “Va por México” ni la resistencia inicial de las oposiciones a debatir y votar la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador han impedido que se abra el debate sobre la necesidad y la conveniencia de aprobar una reforma constitucional en la materia. El bloque mayoritario y las oposiciones en la Cámara de las y los Diputados han iniciado ejercicios de parlamento abierto para debatir sus posiciones al respecto.

Hay dos temas de las propuestas de reforma electoral del gobierno y de los partidos políticos en los que parece que hay coincidencia: la conveniencia de reducir el número de integrantes del poder legislativo federal y la necesidad de reformar el sistema electoral para la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, para reducir la sobre y subrepresentación en el poder legislativo.

A estas alturas del debate ya nadie duda de la conveniencia de reducir el número de integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión. Las discusiones debieran centrarse en los criterios para definir cuál sería el número de legisladoras y legisladores que, sin afectar el ejercicio de las atribuciones del poder legislativo, permitiría una disminución del gasto público y un trabajo parlamentario más eficiente. Tampoco hay dudas de que el actual sistema electoral ya no garantiza que se alcancen niveles de representatividad parlamentaria que reflejen con mayor fidelidad la voluntad de las y los electores.

La mejor opción para lograr ambos objetivos es la propuesta del presidente de la república: reducir de 500 a 300 el número de integrantes de la cámara de las y los diputados -con lo que coincide el PRI- y de 128 a 96 las y los senadores de la república y abandonar el sistema electoral mixto -que combina la elección por mayoría relativa con la representación proporcional- para crear un sistema exclusivamente proporcional mediante listas votadas en circunscripciones electorales. Sin embargo, para que la propuesta del titular del poder ejecutivo federal resultara eficaz en relación con la eliminación de la sobre y subrepresentación sería necesario realizarle algunos cambios.

Como lo señalé en un artículo publicado en este espacio en mayo pasado, es importante tener presente que, como dice Arend Lijphart, “todos los sistemas electorales, no solo los de mayoría absoluta y relativa, tienden a sobrerrepresentar a los partidos grandes y a infrarrepresentar a los partidos más pequeños”. Para que la asignación de escaños se aproxime a la proporcionalidad pura, o al menos se alcance la máxima proporcionalidad posible entre los porcentajes de votos y de escaños de cada uno de los partidos políticos, es necesario que el diseño del sistema electoral -a nivel constitucional y legal- lo propicie.

A pesar de que el sistema electoral propuesto por el presidente de la república en su iniciativa de reforma constitucional es exclusivamente proporcional, su diseño podría producir altos niveles de sobre y subrepresentación, debido a que plantea que la asignación de las y los diputados se realizaría en treinta y dos circunscripciones electorales (una por cada entidad federativa del país) y a que la magnitud de la mayoría de ellas es muy pequeña (entendiendo por magnitud el número de escaños por asignar en cada circunscripción, en este caso, en cada entidad federativa).

La magnitud de la circunscripción tiene efectos distorsionadores de la proporcionalidad. Treinta y dos circunscripciones con una magnitud tan dispar provocarían un nivel muy alto de distorsión en la proporcionalidad en la integración de la Cámara de las y los Diputados. En no más de cuatro entidades federativas (la Ciudad de México y los estados de Jalisco, México y Veracruz) se asignarían veinte o más diputaciones y en más de veinte estados la magnitud sería menor a diez. Los extremos en la magnitud de las circunscripciones hacen muy evidente el efecto distorsionador: Baja California Sur, Campeche y Colima con dos diputaciones por asignar en cada uno de ellos frente a las cuarenta y una (o cuarenta como lo propone el presidente de la república) del Estado de México.

Con este sistema de asignación, y tomando como referencia los resultados de la elección federal de 2021, en cuatro estados solo alcanzarían representación dos partidos, en nueve solo se asignarían diputaciones a tres partidos y en otros nueve solo a cuatro. En menos de la tercera parte de las entidades federativas estarían representados cinco o más partidos. Una magnitud menor a veinte haría muy difícil que a los partidos con menos del diez por ciento de la votación en la entidad se les asignaran diputados.

La única alternativa para reducir las distorsiones a la representación es reducir el número de circunscripciones en las que se realizaría la asignación de las diputaciones (manteniendo el número de diputados por asignar en cada entidad federativa). Las opciones irían desde votar las trescientas fórmulas de candidatas y candidatos en una sola lista nacional hasta establecer un máximo de entre 10 y 15 circunscripciones -agrupando varios estados en cada una de ellas- con una magnitud de entre veinte y treinta candidaturas a elegir por circunscripción.

A pesar de que se trata de temas muy técnicos, me parece que de lograrse acuerdos parlamentarios que permitan avanzar en el cambio de las bases constitucionales del sistema electoral, estos detalles del diseño constitucional y legal son los que deberán analizarse a profundidad en las discusiones sobre la reforma electoral. De lo contrario, se corre el riesgo de que un diseño inadecuado impida alcanzar los objetivos planteados.

* Catedrático de derecho constitucional de la Universidad de la Rioja