Intensa contaminación de los acuíferos, provocada por las minas de Baja California Sur (Artículo)

Por @RaulBenet

Hace unos días, la Profepa clausuró instalaciones de la mina La Testera en el distrito minero El Triunfo – San Antonio, municipio de La Paz, en Baja California Sur. La clausura se debió, según informa la misma Profepa, a incumplimientos legales y violación de las condicionantes establecidas en la autorización relativas al manejo de residuos peligrosos en un almacén de la mina. Una clausura light, o una pantalla, pudiera decirse, pues el asunto de fondo, la contaminación de los acuíferos, ni siquiera fue investigada, y los motivos de la clausura parcial y temporal a lo más ameritarán una multa simbólica, como suele ocurrir con las clausuras de la Profepa. Inmediatamente después de la clausura, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, presentó una nueva denuncia en la que exige que se investigue a fondo y con participación de expertos independientes y sociedad civil, la presencia de contaminantes peligrosos en el agua de la zona.

Baja California Sur tiene el infortunio de estar surcada por vetas de oro y plata, pero hoy en día tiene la fortuna de estar poblada por una sociedad valiente, unida y dispuesta a defender su territorio. Desde tiempos de la colonia española se establecieron en la región las famosas misiones, destacamentos religioso-militares que cumplían con la triple tarea de evangelizar o exterminar a las poblaciones indígenas (las exterminaron), ejercer el control militar del territorio y facilitar la extracción de cuanta riqueza mineral fuera posible para enviarla a la Madre Patria. Más tarde, la demencial Fiebre del Oro que se vivió en el Oeste de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX se contagió hasta el extremo sur de la Península de Baja California, cuando el ejército norteamericano la invadió, abriendo paso a ambiciosos gambusinos y gamberros norteamericanos, ingleses y franceses, quienes lograron que sus empleados extrajeran miles de toneladas de oro y otros minerales, a costa de la salud, el medio ambiente y la vida misma, y que posteriormente sirvieron para establecer prestigiosas y respetables compañías mineras que se apoderaron de grandes extensiones y recursos de la península y el continente.

Doscientos cincuenta años después de que se estableciera la primera mina, el bienestar social en la región es prácticamente nulo. Poblaciones como El Triunfo, que según cuentan en la región llegó a ser la capital de Las Californias, y que empleó a diez mil mineros, es hoy un pueblo casi fantasma, cuyos escasos habitantes sobreviven de una ganadería precaria, y coexisten con algunos inversionistas que han sabido aprovechar el valor escénico e histórico del lugar. Estas tierras quedaron prácticamente sepultadas en presas de jales ricas en arsénico y metales pesados. Sus campos, arroyos y acuíferos quedaron severamente contaminados, además de que sus selvas y bosques fueron gravemente dañados por la tala para la obtención de combustibles necesarios en el proceso minero. El abandono social y el deterioro ambiental que prevalecen donde una vez hubo minería no se restringe a esta región del mundo, pero aquí es particularmente patente.

Lo primero que se encuentran los visitantes cuando se llega a El Triunfo es el ‘Panteón Chino’, donde abundan tumbas con inscripciones que indican que algunos de sus moradores procedían de aquella región del mundo. Por las fechas de varias lápidas (segunda mitad del siglo XIX), y por testimonios de algunos habitantes, puede entenderse que muchas de esas personas trabajaron para la mina, que era prácticamente la única fuente de empleo en esa región. Lo curioso de esto, que me hicieron notar mis amigos y acompañantes, Barush, Noemí y Víctor, es que la mayoría de las tumbas que pueden verse en ese panteón, son de menores de edad, que murieron en un periodo de pocos años al final del siglo diecinueve, en la época de apogeo de esa mina. Viendo los inmensos montículos de jales tóxicos ricos en arsénico, que se erigen por encima del arroyo del pueblo, es válido preguntarnos si esta gran mortandad infantil y juvenil estuvo relacionada con la mina, particularmente con la contaminación del agua por arsénico y otros metales pesados. Lo que es un hecho comprobado por organizaciones civiles como la Sociedad de Historia Natural Niparajá, es que hasta la fecha prácticamente todos los pozos de esa parte la cuenca están contaminados, y que el 66 % de la región en su conjunto, están contaminados por arsénico en niveles que rebasan los estándares de la Organización Mundial de la Salud. También reportan que cientos de montículos o presas de jales siguen expuestas, a cielo abierto, liberando metales pesados cada vez que llueve, lo que suele ocurrir de manera intempestiva en huracanes y tormentas tropicales. Doscientos cincuenta años después de que se iniciara la extracción y pulverización de la roca para la extracción de oro y plata en la región, los jales abandonados siguen liberando veneno, y a juzgar por la magnitud y cantidad de los montículos, esto puede seguir ocurriendo por los siglos de los siglos. Lo que no se observa en la región son escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, tampoco campos de cultivo… ningún rastro de que la pujante minería pudiera producir bienestar social en el largo plazo.

Precisamente en esta zona, pero ya dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, existe actualmente un proyecto minero que hoy lleva el nombre de Los Cardones, y anteriormente se llamó Paredones Amarillos y La Concordia. El Servicio Geológico Mexicano estima que en Paredones Amarillos hay 1.3 millones de onzas de oro, que significan unos mil setecientos millones de dólares al deprimido precio actual del metal dorado. La compañía Invecture, que ha sido relacionada por medios nacionales con el empresario Ricardo Salinas Pliego y la Senadora Ninfa Salinas, recientemente adquirió los derechos de al menos siete títulos mineros que abarcan una superficie de varios miles de hectáreas dentro de la Reserva de la Biósfera. En esta región hay un total 32 concesiones mineras que en su conjunto abarcan más de cien mil hectáreas, en una franja de 75 km que cruza de norte a sur, desde un punto cercano a La Paz, en el Mar de Cortés, hasta casi llegar a la bella ciudad Todos Santos, en el Océano Pacífico. Estas concesiones mineras se sobreponen en una extensión muy considerable con el polígono de la Reserva de la Biósfera de La Laguna.

Entre las actividades productivas de las que vive la población sudcaliforniana destaca la pesca. Según me señala Ariel Castillo, miembro de la cooperativa de pescadores de Punta Lobos, en Todos Santos, y vocero del Frente en Defensa del Agua y la Vida, los pescadores se verían severamente afectados por las actividades de la mina Los Cardones y las demás minas concesionadas en la región. Los arroyos conocidos como La Junta y La Muela, en la zona de Los Cardones, conectan directamente la zona de la mina con los sitios de pesca de la cooperativa Punta Lobos. En caso de una tormenta, en pocos minutos el agua que cae en la región de la mina llega justamente a los varaderos en los que trabajan los pescadores, y de haber actividad minera, en pocos minutos se contaminaría el agua y los peces con arsénico, zinc, cadmio, mercurio y otras substancias tóxicas y bioacumulables, dañando de manera irreversible el producto del que viven miles de familias de la región. El acuífero en esa región hasta ahora es de buena calidad, pues las minas que han operado hasta la fecha drenan para el lado del Golfo de Cortés, en otra cuenca diferente que sí se encuentra severamente contaminada. Las nuevas concesiones están del lado del Pacífico, aún libre de arsénico, donde se encuentra Todos Santos y Cabo San Lucas.

El proyecto Los Cardones está suspendido por la férrea y ejemplar oposición de los pobladores de Los Cabos, Todos Santos, La Paz y otras poblaciones de la zona, organizados en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua, en El Agua Vale Más Que El Oro, Corazón de las Californias, y en otras decenas de organizaciones civiles representativas de pescadores, agricultores, estudiantes, empresarios, comunicadores y pobladores en general. La Semarnat autorizó en su momento la Manifestación de Impacto Ambiental (el actual Secretario de Semarnat, Rafael Pacchiano, del Partido Verde, era entonces subsecretario de Fomento y responsable de la Dirección que otorgó la autorización), y los regidores del ayuntamiento anterior maniobraron para otorgar los permisos de uso de suelo. Sin embargo, la sociedad sudcaliforniana ha logrado detener este proyecto mediante movilizaciones masivas, incluyendo la tomas de los dos aeropuertos internacionales de la región, así como de carreteras y de las instalaciones de la propia Secretaría de Medio Ambiente y la alcaldía en el estado, además de la organización de marchas, festivales, kermeses, y todo tipo de expresiones políticas y culturales. Gracias a estas movilizaciones se logró impedir la maniobra de los regidores que pretendían autorizar a la empresa el uso de suelo, y en consecuencia se tiene suspendida a aprobación de la Semarnat, que depende de ese permiso, además de que las movilizaciones han logrado visibilizar el hecho de que la empresa no ha podido documentar fehacientemente un permiso de ocupación previa que debería ser otorgado por los legítimos dueños de los terrenos, requisito indispensable para iniciar operaciones, tema que sin la presión social difícilmente habría sido tomado en cuenta.

La mina de Los Cardones es una punta de lanza, ya que si ésta logra superar los obstáculos legales que enfrenta, abrirá el camino ‘legal’ que tratarán de seguir muchas de las otras 32 concesiones de la región, lo cual tendría consecuencias devastadoras para la gente y el medio ambiente de Baja California, el Golfo de Cortés, e incluso regiones más apartadas, como la costa de Sinaloa.

La referencia que hice párrafos más arriba respecto al Secretario Pacchiano y al empresario Salinas Pliego y su hija, la Senadora Ninfa, también del Partido Verde, tiene una relevancia particular, ya que muestra un modus operandi de algunos industriales mineros en nuestro país: El titular de la concesión de Televisión Azteca, que según la revista Forbes duplicó su fortuna entre 2016 y 2018, tiene a la vez intereses en la industria minera. Utiliza el poder que le otorga la concesión de su cadena de televisión para colocar a familiares en altos cargos de representación, como es el caso de su hija Ninfa, junto con toda una ‘tele bancada’, en el Congreso. Desde esa plataforma, se asocia con un partido político que se apropió de manera infame y cínica del nombre de Partido Verde, que ha desvirtuado profundamente el sentido social y ambiental de otros partidos verdes del mundo. Ese partido, que sin tener más del tres por ciento del electorado, se alía con el PRI para aprovechar ventajas electorales, y logra que éste le entregue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que la maneje a su antojo y conveniencia. La Secretaría otorga las autorizaciones necesarias para la puesta en operación de la mina. Desde el Congreso, la Senadora Salinas presenta iniciativas de ley, como la Ley de Biodiversidad, que busca eliminar barreras para el aprovechamiento minero en áreas naturales protegidas, como Los Cardones. Mientras tanto, los presentadores de noticias de TV Azteca se dedican a denostar y difamar a las organizaciones y a los ciudadanos que se oponen a la mega minería tóxica en Baja California Sur. El círculo no se cierra ahí, pero bastan esos elementos para reflexionar sobre la forma como se conecta nuestra tele con nuestro sistema partidista, presidencialista y parlamentario, y con la muerte por arsénico y metales pesados. Será por ese mismo modelo que Germán Larrea, del Grupo Minero México, busca desesperadamente una concesión para un canal de televisión propio.

Dentro de las estrategias que implementan las empresas mineras en Baja California Sur está la no tan novedosa ‘estrategia espejo’, que consiste en crear y financiar ampliamente a supuestas ‘organizaciones de la sociedad civil’, que copian las formas de trabajo de las organizaciones legítimas, pero que en realidad son agencias de relaciones públicas e imagen de las propias empresas, como ya en su momento hiciera la empresa biotecnológica Monsanto con organizaciones pantalla como AgroBio. Es el caso de una organización que se creó recientemente en BCS con la intención de promover los intereses de las empresas mineras mediante la atractiva y engañosa publicidad de la ‘minería sustentable’. Con copiosos recursos de las mineras, esta organización ha emprendido acciones de propaganda y ha recaudado firmas, utilizando la férrea oposición que existe en la región respecto a la minería tóxica, pero poniendo en las letras chiquitas ‘si a la minería… sustentable’. Algunas de las organizaciones que se oponen a la mega minería tóxica han señalado que el interés de esta organización (o agencia de relaciones públicas), es el de promover una nueva ley de fomento a la minería que mediante un discurso de supuesta sustentabilidad, permita destrabar los frenos que enfrentan las empresas mineras de la región y del país.

El diputado Camilo Torres, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Sudcaliforniano, y una de las personas con mejor conocimiento del tema con las que me reuní, me comentó que una empresa minera llevó a un grupo de legisladores de BCS a Sonora para que observaran la forma como se lleva a cabo la minería supuestamente sustentable. En el show que montaron para los legisladores no mostraron el testimonio de pueblos como Nuevo Piedras Verdes, en el municipio de Álamos, Sonora, que fueron expulsados y reubicados por la empresa minera con falsas promesas, y que hoy viven en el abandono y la pobreza total en tierras inertes, sin agua, sin tierras para cultivo y sin empleo. Tampoco mostraron los devastadores impactos generados por el vertido de 50 mil litros de sulfato de cobre ácido a los Ríos Bacanuchi y Sonora provocado pocos años atrás por la irresponsabilidad criminal de la empresa Buenavista del Cobre, del Grupo México.

Mucho más al norte del estado, cerca de la Laguna Ojo de Liebre, se cierne otra amenaza minera, el proyecto submarino Don Diego, la mayor superficie concesionada a una empresa, casi cien mil hectáreas en una sola concesión. Las implicaciones ambientales y sociales de este proyecto son incluso mayores que las que se prevén en la región de Los Cardones. Una de las cooperativas más prósperas de la Península, la Cooperativa Pesquera Los Chales, con cientos de socios y miles de familias que dependen directa o indirectamente de su actividad, será invadida en el centro de su polígono de pesca por un concesión por cincuenta años, extendible a cien, que mediante inmensas aspiradoras flotantes pretende dragar miles de toneladas diarias del fondo marino en busca de fósforo, aunque los miembros de la cooperativa piensan que además de fósforo se pretenden extraer metales precios e incluso uranio. La gran turbulencia y turbiedad que generaría esta actividad tendría efectos sobre la fotosíntesis y toda la cadena trófica del ecosistema marino de la zona. El equipo técnico de la cooperativa, que incluye a biólogos expertos en el tema, considera que el impacto alcanzará no sólo a la fauna bentónica y a los microorganismos que habitan en el fondo marino, sino sobre todo a las especies de escama que aprovechan en la pesquería, como el verdillo, e incluso a las poblaciones de ballena jorobada y ballena gris, además de cinco de las seis especies de tortugas marinas que hay en México, y muchas otras especies de fauna de gran valía ambiental y económica. Tomando en cuenta las corrientes prevalecientes en la zona, se prevé que el impacto pudiera llegar a toda la costa de Baja California, al Mar de Cortés y a la costa de Sinaloa. Los impactos económicos serán devastadores para la gente de la región. También señalan que uno de los inversionistas es el controvertido ex senador y abogado Diego Cervantes de Cevallos.

Los proyectos mineros están detenidos por la convicción y tenacidad de los pobladores de BCS, pero los inmensos recursos económicos y poder político de las empresas mineras se mantiene como una amenaza constante, permanente. En palabras de uno de los representantes de las compañías, la población acabará por cansarse, y las empresas seguirán teniendo dinero y poder, por lo que, según él, tarde o temprano terminarán imponiendo sus proyectos. Por eso es necesario abrogar la ley minera que prácticamente entrega a las compañías mineras una tercera parte del territorio nacional, viola las atribuciones constitucionales de los municipios en la determinación del uso del suelo, y obliga a ejidos y comunidades a otorgar permisos de ocupación hasta por cien años. Pero más allá de la ley, lo único que logrará detener a las compañías mineras es una sociedad informada, organizada y dispuesta a defender su territorio, como es hoy la sociedad sudcalifornina.