Vacíos legales y dudas a una semana del caso Matamoros

Por Carlos Manuel Juárez/Elefante Blanco

A una semana del ataque a 4 estadounidenses en Matamoros, donde también murió una joven mexicana, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) enfrenta vacíos legales y dudas sobre cómo sucedió el secuestro y homicidio los afroamericanos.

La entrega de 5 supuestos responsables de la privación ilegal de la libertad de los afroamericanos por el Cártel del Golfo (CDG) ha despertado más dudas que certezas. En primer lugar, la FGJ no ha podido procesar a los hombres debido a que no los detuvo en flagrancia o producto de una indagatoria con pruebas.

A pesar de que junto a los sujetos fue dejado un mensaje inculpándolos del delito. La Fiscalía no tuvo fundamento legal para tratarlos como presuntos delincuentes, refieren fuentes internas. Los elementos de la Policía investigadora se limitaron a identificarlos y buscar algún antecedente o denuncia en contra de los entregados.

Fuentes del caso contaron que las 5 personas estuvieron sin una estatus jurídico claro durante horas, a la espera de que las víctimas sobrevivientes los reconocieran. Por la tarde ayer, uno de ellos fue trasladado al Poder Judicial del Estado sin que conozco el motivo.

El personal de la Fiscalía intentó que alguno de los sujetos tomara la iniciativa de hablar sobre su posible participación en el delito, con el fin de establecer la participación de cada 1 de los 5 y así presentarlos ante un juez de control. Eso no sucedió hasta entrada la tarde.

El gabinete federal de seguridad comparó las fotografías de las personas entregadas por el Cártel del Golfo (CDG) con los videos y fotografías del hecho sucedido el pasado viernes 3 de marzo en la calle Primera y avenida Lauro Villar. Sin embargo, la calidad de los videos ha impedido una evidencia irrefutable.

Una ambulancia municipal vinculada al caso

En Estados Unidos, los primeros datos aportados por los sobrevivientes Latavia Washington McGee y Eric James Williams provocaron que la FGJ asegurara una ambulancia al gobierno municipal de Matamoros. El gobierno de Mario López Hernández ha callado ante el posible involucramiento de dependencias locales en actos delictivos.

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Otra acción detonada fue el aseguramiento del Centro Médico Español, sitio donde los sicarios llevaron a los estadounidenses heridos. En el lugar, el personal fue amenazado para que atendiera a los hombres afroamericanos heridos por disparos.

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En un comunicado, la FGJ detalló que la policía investigadora y el personal de la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase) ubicaron y aseguraron una ambulancia y una clínica relacionados con el caso.

En una tercera acción judicial acompañada por el gobierno federal, se aseguraron 5 vehículos, entre ellos un Lamborghini robado en Estados Unidos. Esta información fue dada a conocer por el titular de la FGJ, Irving Barrios Mojica, sin que aportara más detalles de la posible relación con la indagatoria.

De todo el trabajo reportado por las autoridades no se ha detenido una sola persona en flagrancia o producto de las pesquisas.

Aunado a ello, el gabinete federal de seguridad ha decidido acompañar de cerca la investigación que realiza la Fiscalía, en medio de los ataques a su titular Irving Barrios, a quien la activista Frida Guerrera lo acusa de tender un manto de impunidad en asesinatos sucedidos en Tamaulipas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.