Gobierno de CDMX presenta iniciativa para castigar corrupción inmobiliaria con 20 años de prisión

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma para sancionar con cárcel la corrupción inmobiliaria.

Con esto, se busca establecer el delito de corrupción inmobiliaria en el Código Penal de la capital, el cual aún no está contemplado.

La iniciativa plantea que estos actos sean sancionados con 10 a 20 años de prisión. Esta pena se incrementará en un 50% más cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el funcionario público señalado, su cónyuge, descendientes, parientes, pareja, cualquier tercero con el que tenga vínculos y sociedades de las que formen parte.

De esta forma, la reforma adiciona el capítulo 15, titulado “corrupción inmobiliaria”, en el que se incorpora el artículo 276 quarter. Este fue redactado de la siguiente manera:

Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

El dictamen será enviada al Congreso capitalino para ser discutido y en su caso se aprobada o rechazada.

La reforma fue celebrada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien afirmó este miércoles que permitirá combatir la corrupción inmobiliaria, la cual aseguró ha tenido un crecimiento desde 2009 en la capital.

Según el mandatario, del 2009 al 2021 ha habido un “crecimiento exponencial de los niveles permitidos” y de los que se encuentran por encima de la norma. Asimismo, acusó a la Alcaldía Benito Juárez de defender a empresas que buscaban construir en la demarcación inmuebles con una altura mayor a la permitida.

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“[La corrupción inmobiliaria] es un caso de ilicitud, es una situación de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento mal habido, es un fenómeno que permite que altos funcionarios puedan amasar grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan”, reprochó este miércoles durante la conferencia de prensa en que se presentó la iniciativa.

Batres también señaló que estos delitos provocan efectos negativos en las zonas donde se cometen, como el encarecimiento de la vivienda y especulación en los costos del suelo e impacto en el suministro del agua.

A esto se suma que se construyen inmuebles que no cumplen con la normativa contra sismos y resultan dañadas durante movimientos telúricos.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno de la capital, Ricardo Ruiz Suárez, la legislación tiene tres objetivos: “disuadir el surgimiento de las organizaciones similares al Cártel Inmobiliario”, “combatir eficazmente la corrupción” y contribuir “a la transformación de la política inmobiliaria […] sustituyendo el paradigma de la vivienda como objeto de especulación financiera por el de un derecho fundamental”.

“Podrá ser un elemento muy eficaz en el combate a esta lacra que ha sido la corrupción inmobiliaria y la participación de servidores públicos en ella”, declaró este miércoles durante conferencia de prensa.

Martí Batres y Ricardo Ruiz también atribuyeron el combate a la corrupción inmobiliaria a la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, cuya ratificación fue rechazada esta semana por el Congreso capitalino.

Godoy se desempeñó como fiscal capitalina desde 2018. Solicitó su ratificación al cargo para desempeñarlo por 4 años más, pero esto fue rechazado por legisladores de oposición.

Tras esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros morenistas atribuyeron el rechazo de su ratificación a una supuesta “venganza” de la oposición por las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) contra el llamado Cártel Inmobiliario durante la gestión de Godoy.