General que hoy defiende Ley de Seguridad Interior, vinculado a desafuero de AMLO

El general Alejandro Ramos Flores, quien hace 12 años participó de forma activa en el proceso para desaforar a Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno capitalino, ahora es la voz de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para defender el dictamen de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que el Senado busca votar en comisiones el próximo lunes.

Dicha ley ha sido cuestionada por su posible uso con fines electorales en los comicios presidenciales del 2018, debido a la discrecionalidad que el dictamen otorga al Jefe del Ejecutivo para el manejo de las fuerzas armadas y a su injerencia en labores que son de carácter civil, incluyendo el uso de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas.

Académicos mexicanos y organismos internacionales comparten su preocupación por la nueva norma.

Actual Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Alejandro Ramos participó esta semana en dos reuniones del Senado de la República para defender el contenido de la Ley de Seguridad Interior de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, comicios en los que López Obrador volverá a competir como candidato presidencial, ahora por el partido Morena que él fundó.

Durante su participación en el proceso de desafuero iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR) contra AMLO en el año 2004, Ramos Flores era un militar comisionado a funciones civiles que ostentaba el grado de teniente coronel y estaba bajo el mando del entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, un general de línea dura que se vio obligado a renunciar al cargo tras el fallido desafuero de López Obrador.

El 18 de febrero del 2005, cuando ya se había iniciado el proceso de desafuero de López Obrador y Alejandro Ramos se desempeñaba como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, el militar en funciones de fiscal declaró que la violación a una suspensión de amparo del entonces Jefe de Gobierno ameritaba “pena de prisión”.

Además, advirtió que una vez sometido a proceso penal, Andrés Manuel López Obrador no podría ser candidato a la Presidencia de la República, puesto que no cabía la posibilidad de que se le otorgara un amparo por dicha causa penal.

Ambas declaraciones forman parte de una entrevista concedida por el mando castrense al periodista de La Jornada, Gustavo Castillo, quien cuestionó al entonces Subprocurador por el proceso de desafuero que el gobierno de Vicente Fox inició contra López Obrador.

“¿Qué sanción podría recibir el jefe de Gobierno por este desacato?”, preguntó el reportero.

-El Código Penal Federal establece la pena de prisión para esta violación a la suspensión, respondió Ramos.

Otras dos preguntas clave de la entrevista, dejaron en evidencia la postura del militar en contra de las aspiraciones presidenciales de AMLO.

¿Jurídicamente, puede una persona sometida a proceso penal conservar sus derechos políticos y ser candidato a la Presidencia de la República?, cuestionó Gustavo Castillo.

–Es un discurso meramente mediático decir que sí se puede.

-¿Hay amparo que proceda contra eso?

“No hay posibilidad, cualquier alusión a que puede uno contender para un cargo de elección popular desde la prisión es algo que no tiene sentido”, concluyó Ramos Flores.

Un militar que ha entrado y salido de la PGR por 12 años

Su desempeño en cargos civiles y militares durante los últimos 17 años nunca frenó la carrera castrense de Alejandro Ramos Flores, un licenciado en derecho que ascendió a general de Brigada el 20 de noviembre del 2016, grado que le fue otorgado con el aval del presidente Enrique Peña en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública (SPF), el general Ramos Flores ha alternado cargos en la PGR y en la Secretaría de la Defensa durante 12 años, primero bajo el mando directo de Macedo de la Concha como Procurador de la República y posteriormente bajo las órdenes de dos procuradores civiles.

 

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Su primer cargo en la PGR fue como Coordinador de Asesores del Procurador Macedo de la Concha, función que desempeñó entre diciembre del 2000 y junio del 2002, fecha en la que fue designado Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Ya en dicho puesto, Alejandro Ramos fue uno de los responsables de instrumentar el proceso judicial contra AMLO, que culminó con el desafuero del político tabasqueño el 7 abril del 2005.

Sin embargo, tras un fallo judicial adverso por parte de un juez federal y la movilización de más un millón de personas el 24 de abril de ese mismo año, según cifras del diario La Jornada, la PGR se desistió de la acción penal en contra de López Obrador.

Tres días más tarde, el 27 de abril del 2005, el general Rafael Macedo de la Concha renunció al cargo de Procurador General de la República y junto con él dejó su puesto Alejandro Ramos, así como el entonces Subprocurador de Delitos Federales, Carlos Javier Vega Memije.

Casi de inmediato, Ramos Flores se reintegró a la Sedena para fungir como Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia Militar, cargo que mantuvo por tres años. En febrero de 2008 se convirtió en juez del fuero militar y en septiembre de ese mismo año fue designado Subprocurador General de ese mismo ramo.

En agosto del 2011 regresó a la PGR como coordinador de asesores de la Procuradora Marisela Morales Ibáñez, que a la postre lo volvió a nombrar Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Con el cambio de gobierno en diciembre del 2012, el ya entonces general brigadier regresó a la Sedena, primero como asesor jurídico del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; y a partir del 1 de agosto del 2016, fue nombrado Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa misma dependencia.

Desde esa posición, el general Alejandro Ramos cabildeó las reformas al Código de Justicia Militar, norma que fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por estimar que es violatoria de 18 derechos constitucionales enumerados en una acción de inconstitucionalidad ya admitida por el Máximo Tribunal del país.

Derechos humanos que la CNDH estima violados por las reformas al fuero militar:

Prohibición de la extensión de la jurisdicción militar sobre personas civiles,
Derecho a la libertad personal,
Derecho de acceso a la información,
Derecho a la libertad de tránsito,
Derecho al debido proceso,
Derecho a la seguridad jurídica,
Garantías constitucionales de los actos de molestia
Derecho a la privacidad o vida privada,
Derecho a la integridad personal,
Derecho a la protección de datos personales,
Derecho a la presunción de inocencia,
Derecho de no injerencias arbitrarias,
Derecho a la reinserción social,
Derechos de las víctimas,
Principios generales del proceso penal,
Principio pro persona, y
Principio de legalidad.

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