Reformas legales para resguardar identidad de víctimas de trata: consejera IEDF (Audio)

Es indispensable que se promuevan reformas legales para garantizar que en los casos de trata de personas y de redes de prostitución se garantice que la identidad de las víctimas quede bajo absoluta reserva, consideró la consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, Dania Paola Ravel.

La funcionaria electoral indicó que durante la revisión del caso del ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se percataron de la necesidad de asegurar que la identidad de las personas que proporcionen información, no sea revelada.

“Estas personas se pueden encontrar en estado de vulnerabilidad y pueden tener temor de dar cualquier declaración. Creo que es algo que sí se debe de cuidar y legislar”, indicó.

Incluso, estimó que la reforma que impulse la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, debiera contemplar que “la parte denunciada y que pudo haber cometido alguna violación a los derechos humanos no pueda tener conocimiento de la identidad de las probables víctimas para que éstas no se puedan sentir amedrentadas o puedan sufrir algún tipo de amenaza o presión”.

Ravel Cuevas señaló que para analizar la queja contra Gutiérrez de la Torre, a propuesta suya, se utilizó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, “para que en caso de que las posibles víctimas, toda la información que las pudiera hacer identificables se mantuviera fuera del expediente y resguardada”.

Siete líneas de investigación

Luego de que el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) devolvió al IEDF el expediente de Gutiérrez de la Torre en 2014, debido a que no se agotó el principio de exhaustividad, los nuevos consejeros electorales iniciaron siete líneas de investigación.

La primera fue revisar la nómina del PRI-DF para checar el 100 por ciento de los egresos del partido para el pago de personal, especialmente en las jóvenes de 18 a 32 años.

Una segunda línea fue la solicitud hecha a “El Universal”, donde se publicaron los anuncios para contratar a las jóvenes, a fin de que proporcionara facturas y datos de los responsables de la publicación.

La tercera fue dirigida a MVS Noticias Primera Edición que les proporcionó los reportajes transmitidos, resguardando la identidad de los autores y la secrecía de las fuentes.

Como cuarta línea de investigación se enviaron cuestionarios a las mujeres que trabajaban en el PRI-DF, aunque solo respondieron dos empleadas de intendencia.

Otra línea, la quinta, fueron los requerimientos a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI capitalino sobre el procedimiento contra Gutiérrez de la Torre, aunque no les aportó mucho debido a que no le fincaron ninguna responsabilidad.

La solicitud de acceso a la averiguación previa que inició la PGJ-CDMX fue la sexta línea de investigación. Al respecto, la consejera Dania Paola Ravel precisó que la información les fue negada en por lo menos cuatro ocasiones: en una, les argumentaron que se trataba de información reservada.

Para impugnar, el IEDF presentó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que la reserva no aplica cuando se trata de violaciones a los derechos humanos; sin embargo, se les volvió a negar.

Luego pidieron la versión pública, a la que tampoco tuvieron acceso; por lo que recurrieron a la Oficina de Información Pública que les respondió que solo atiende a ciudadanos y no a autoridades.

Al final, aclaró la consejera electoral, no insistieron ya que la PGJ-CDMX determinó el no ejercicio de la acción penal.

La séptima y última línea de investigación estuvo dirigida a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aunque por la recomendación que emitió contra la procuraduría local por no guardar el sigilo y difundir información confidencial sobre el caso.

Ravel Cuevas aseguró que fueron exhaustivos en sus pesquisas y que no encontraron indicios sobre posibles irregularidades administrativas por el mal uso de recursos públicos.

Y concluyó que en ningún momento, el IEDF investigó el asunto de fondo que es la existencia de una red de prostitución al interior del PRI-DF ya que eso es competencia exclusiva de las autoridades ministeriales.