Niños, ancianos y personas con discapacidad sufren negligencias del DIF: Elva Mendoza

Cientos de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, han sido enviados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a centros de rehabilitación para atender a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. 

Este abuso se ha replicado en al menos nueve de los 32 estados de la República Mexicana, entre ellos: Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco.

Elva Mendoza, autora del reportaje El DIF deja a niños, ancianos y personas con discapacidad en centros de rehabilitación de adicciones, narró en entrevista para Aristegui en Vivo que cientos de afectados se encuentran en este tipo de sitios, a pesar de no tener ningún tipo de problema de adicción.

En la investigación lograron constatar que el DIF paga a estos centros desde mil 900 y hasta 15 mil pesos al mes por cada persona enviada.

Mendoza detalló que los centros de rehabilitación son ahora un lugar de encierro forzado.

Agregó que se han extendido en todo el país porque, dijo, prácticamente “no se necesita nada para abrirlos y operan casi siempre en casas particulares”.

Destacó que los centros están acondicionados con rejas y candados para que los internos no se escapen, una medida que es contraria a las normas de protección civil en cualquier entidad federativa.

Foto: Quinto Elemento Lab

Ellos viven en condiciones de hacinamiento y hasta de miseria “porque la intención es que los internos valoren lo que tienen afuera”, según el testimonio de un encargado de anexo en el Estado de México, recuperado por la investigadora.

En los supuestos centros de rehabilitación, como uno que la reportera visitó en el Estado de México, hay habitaciones de aproximadamente cuatro por seis metros cuadrados en donde viven hasta 55  hombres.

“Ahí comen, duermen y se bañan en grupo. Están sin vigilancia y sin ningún tipo de control, demás, se han documentado casos de explotación, tortura, maltrato e incluso asesinatos”, destacó.

Según datos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), revisados por Elva Mendoza, en el país hay alrededor de 2 mil 600 centros para el tratamiento de adicciones, de ellos solamente el 10% cumple con la normatividad.

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La autora del reportaje señaló que en México, muchas familias  utilizan los llamados anexos como opción para deslindarse de alguno de sus integrantes con problemas de salud como la esquizofrenia.

También abandonan en esos lugares a adultos mayores. 

Contó que le tocó ver a un niño de secundaria, quien fue llevado por su mamá a un anexo con el uniforme puesto. La madre se encontraba en estado de ebriedad.

Detalló que a las familias, les cobran en promedio 400 pesos semanales por atender a una persona

Víctimas de violencia, de abandono u orfandad

Mendoza narró que para la realización del reportaje, acudieron en múltiples ocasiones a las autoridades del DIF nacionales y estatales para obtener una versión oficial sobre las anomalías encontradas durante la elaboración del reportaje. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. 

“Hay desde problemas de conducta, por castigos o falta de espacios”.

Elva Mendoza explicó que la investigación quiso partir desde el año 2015, pero durante la labor periodística se encontraron irregularidades en los convenios que el DIF tiene con los supuestos centros de rehabilitación desde el 2009.

Incluso, recordó el caso de un niño de 10 años en San Luis Potosí, enviado de una casa hogar a un centro para tratamiento de adicciones, bajo el argumento de que era “ingobernable”.

Foto: Quinto Elemento Lab

La investigadora dijo que no se pudo tener con precisión cuántas personas están encerradas en un anexo por instrucciones del DIF. Explicó que eso se debe a que muchos de ellos son víctimas o personas menores de 18 años y a una falta de transparencia de las autoridades.

Reveló que los convenios que el DIF firma con estos establecimientos, rara vez indican el número de personas que envían, su edad, condición de salud o la duración que tendrá el alojamiento en los centros de rehabilitación.

Además, dijo que no todos los estados y municipios hacen públicos los convenios que han firmado con estos lugares. Incluso, ni siquiera ponen por escrito la transferencia de personas que tienen bajo su resguardo.

Por todo lo expuesto, la periodista consideró que el número de personas encerradas en anexos contra su voluntad podría ser mucho mayor.

Uno de los casos más graves que encontró el reportaje fue el envío de más de 100 menores a centros de adicciones y el uso de los niños y niñas en trabajados forzados para los propios funcionarios del DIF, por lo que incluso, existe una denuncia penal que está en curso.