Función Pública entregó a PF expedientes de funcionarios del GACM investigados por presunta corrupción

Por: Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán

Nuevas evidencias documentales corroboran el contenido del “Informe Confidencial” elaborado por la Policía Federal (PF) para investigar presunta corrupción en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el hallazgo de actividades de “delincuencia organizada y delitos de alto impacto” atribuidos a ex funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y de otros servidores públicos.

El “Informe Confidencial” está fechado el 6 de noviembre del 2018 y el ex Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, ha corroborado su autenticidad a Aristegui Noticias, mientras que nuevos documentos de la investigación confirman que la Policía Federal contactó a otras instancias de fiscalización y vigilancia para elaborar el reporte.

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Un ejemplo es el oficio enviado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 4 de octubre del 2018 para conocer la evolución patrimonial de tres ex funcionarios del GACM identificados en el “Informe Confidencial”, incluyendo al ex titular de ese organismo y ex gobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto; así como de dos personas más ligadas al Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana (SITRAPRESC) que a su vez se vincula con ex funcionarios del GACM.

Una fotografía de ese documento fue entregado a este medio de comunicación por el ex funcionario del GACM, José Luis Moyá. Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron la veracidad de la solicitud y entregaron una copia del original, la cual contiene los sellos de recibido por parte de la Función Pública.

El oficio girado por la División de Investigación de la PF a través de la Directora General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, solicita a la SFP que “realice un informe de declaraciones patrimoniales, y situación fiscal” de tres ex funcionarios del Grupo Aeroportuario y dos personas más vinculadas con las obras del NAIM.

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Por parte del GACM, los investigados son el ex titular del organismo, Manuel Ángel Núñez Soto; el director corporativo de Construcción Lado Tierra, Raúl González Apaolaza; y el analista, Humberto Pérez Piedra, ligado a los sindicatos que monopolizaron el transporte de piedras y minerales para la obra.

Otro de los investigados es Máximo Reyes Vilchis, cercano a González Apaolaza, con quien trabajó en la Secretaría de Educación de Hidalgo durante el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto de 2001 a 2006, así como la firma cabildera Open Lobbying Firm en el año 2011.

El documento también solicita informes de Hugo Bello Valenzo, presunto dirigente de un sindicato de transportistas relacionado con los servidores públicos del GACM en empresas y organizaciones gremiales que monopolizaron el traslado de piedras y minerales desde los lugares de extracción y venta hasta el interior de la obra y la construcción de la losa.

La petición contiene dos errores que no afectaron el resultado de la indagatoria, puesto que los datos de Raúl González Apaolaza y Máximo Telmo Reyes son incorrectos: en el primer caso el apellido aparecía como “Apaloaza”, mientras que el nombre de Máximo fue cambiado por “Maximino”.

Dirigido a la entonces titular de la SPF, Arely Gómez González, el oficio indica que tiene carácter de “confidencial y urgente” y advierte que el propósito de la colaboración entre la Función Pública y la Policía Federal es “dar atención inmediata a las actividades de investigación”.

Aristegui Noticias documentó desde el 25 de marzo del 2018 que una de las obras emblemáticas del NAIM, la construcción de la barda perimetral, presenta irregularidades atribuidas a Sedena por la subcontratación de empresas fantasmas.

La respuesta de la Función Pública: errores y declaraciones patrimoniales

La solicitud de información “confidencial y urgente” que la Policía Federal hizo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue respondida por esta última dependencia mediante dos oficios de “carácter confidencial” emitidos en octubre del 2018.

El primer documento de la Función Pública fue elaborado por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial el 22 de octubre del 2018 y va a dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia SFP.

El oficio con registro 14,485 indica que se localizaron las declaraciones de situación patrimonial de cuatro de las cinco personas mencionadas en la investigación, e incluso se corrigen los errores citados, señalando que se encontraron a personas con datos coincidentes para quienes fueron identificados erróneamente como “Apaloaza” y “Maximino”.

El documento señala que “con los datos proporcionados fueron localizadas declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos que se enlistan a continuación, incluyendo en algunos casos, las notas aclaratorias respectivas”.

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La entrega de la información detalla que Humberto Pérez Piedra fue servidor público entre el 24 de agosto del 2015 y el 28 de mayo del 2018, con un expediente de 12 hojas.

Con respecto a Raúl González Apaolaza se incluyen sus declaraciones patrimoniales y fiscales desde 1983 hasta el 2018, incluyendo sus cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Grupo Aeroportuario, por lo que su expediente abarca 120 fojas.

En el caso del exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, se entregaron 85 fojas de declaraciones fiscales y patrimoniales que abarcan de 1983 a 2015, cuando abandonó la titularidad del GACM.

Por lo que se refiere a Máximo Telmo Reyes Vilchis se localizaron las declaraciones de situación patrimonial que rindió entre 1991 y 1997, por lo que su expediente es de 29 fojas.

Por último, se aclara que en el caso de Hugo Bello Valenzo “no se localizaron antecedentes que se relacionen con declaraciones de situación patrimonial”.

Un segundo oficio girado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Función Pública el 25 de octubre del 2018 fue entregado de manera directa a la Directora General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Policía Federal con el asunto “Se atiende requerimiento”.

En el documento se asienta que fueron localizados datos de cuatro de las cinco personas investigadas, sin antecedentes para Hugo Bello, y contiene los sellos de recibido de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), corroborando así la investigación de la Policía Federal sobre presunta corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).