¿Estamos preparados para envejecer en Latinoamérica? | Especial Connectas

Por Carlos Gutierrez Bracho / CONNECTAS*

La historia de Maricarmen, la madrileña de 87 años desalojada por la Policía de su apartamento en el que había vivido desde 1956, (y recién fallecida) tuvo un impacto internacional poco frecuente para un asunto de vivienda que también afecta a miles de personas mayores en América Latina. Tan solo en la Ciudad de México, organismos de la sociedad civil han reportado más de 1,200 casos de personas mayores expulsadas de sus hogares en los últimos cinco años. Pero estos datos solo son signo de una situación más compleja que afecta a muchos adultos mayores: la garantía de una vida digna. 

En nuestra región, el problema tiende a crecer porque América Latina está envejeciendo antes de haber construido sistemas suficientemente sólidos de pensiones, salud, cuidados, vivienda y protección social. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para 2030 habrá más personas de edad avanzada que menores de 15, mientras que, para 2050, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que una de cada cuatro tendrá más de 60 años. 

Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, escribió que América Latina y el Caribe atraviesan “una de las transiciones demográficas más rápidas de la historia de la humanidad”. Además, la tasa de fecundidad disminuyó a 1,8 hijos por mujer y se mantiene desde hace una década por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2,1. 

Algunos expertos advierten que este avance hacia sociedades mayoritariamente envejecidas amenaza con provocar serias crisis en los próximos años. Si los sistemas de pensiones, salud, cuidados y protección social no se transforman al mismo ritmo, las vulnerabilidades que hoy parecen episodios aislados, como en el caso de Maricarmen, podrían ser las historias cotidianas de millones de personas.

Por ejemplo, una investigación publicada en Economía y Administración, encabezada por Karen Emilce Zapata y un equipo de expertos, proyecta para Honduras que esta transición anticipa limitaciones financieras, una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y un entramado institucional insuficiente para atender las necesidades poblacionales durante la vejez. 

La pirámide poblacional, invertida

En Chile, un trabajo prospectivo del Centro de Estudios Públicos concluye que el envejecimiento poblacional será una de las principales fuentes de presión fiscal estructural. La CEPAL calcula que para 2050 las personas mayores de 80 constituirán el grupo mayoritario, que  triplicará en los siguientes 30 años.

“América Latina tiene un problema con el futuro: está envejeciendo rápidamente, pero no necesariamente está acumulando los recursos suficientes para financiar esa vejez”, apunta Funds Society en un informe. Y es que el desafío no consiste solamente en calcular cuántas personas estarán en posibilidad de trabajar en unas décadas. También obliga a revisar qué tipo de trabajo tendrán, cuánto cotizarán y qué condiciones laborales los acogerán.

Como resultado, más gente necesitará ingresos durante su retiro mientras en proporción habrá menos trabajadores jóvenes capaces de financiarlos mediante los mecanismos tradicionales de reparto. A ello se sumará una demanda creciente de servicios sanitarios, cuidados de largo plazo y pensiones, las cuales resultarán insuficientes. De hecho, según la CEPAL, en 2023 el 43% de las personas en la región ya recibían pensiones incapaces de cubrir sus necesidades básicas.

La presión aumenta también a medida que lo hacen las tasas de longevidad. Y eso ya está ocurriendo a nivel global. Por primera vez en su historia, este año Japón registró más de 107 mil personas mayores de 100 años, según  su Ministerio de Salud. En 1963 eran apenas 153. En Latinoamérica, según el Banco Mundial, la esperanza de vida pasó de 51,8 años en 1950 a 76,3 en 2025, un aumento de 25 años. 

“El cuidado de los enfermos y de las personas mayores no es todavía asunto de política pública en la mayoría de nuestros países”, advierte la periodista colombiana Yolanda Ruiz, que ha trabajado ese tema. Durante décadas, esa responsabilidad permanecía en el ámbito de las familias y recaía principalmente sobre las mujeres. “Hay un desnivel muy grande en la manera como nuestras sociedades enfrentan la vejez, que es una etapa absolutamente rica en posibilidades”, afirma.

En un paper, las académicas mexicanas María de Lourdes Velasco e Irene Casique describen a los Estados latinoamericanos como herederos de una tradición que consideró el cuidado de las personas mayores una función “natural” femenina y propia de los hogares, ajena a la intervención pública. Sin embargo, ese modelo familista también está entrando en crisis debido a que las mujeres han ampliado su participación en el mercado laboral.

La evolución de la familia

Pero este es solo uno de los factores. En algunos países, como Chile, ya se puede ver la tendencia hacia los hogares unifamiliares, que han pasado de ser 8,3% en 1992 a 21,8% en 2024, según el último censo poblacional. Además, una proporción relevante de personas trabajará en la informalidad, cotizará a la seguridad social intermitentemente o permanecerá fuera de los sistemas de salud. 

Y hay más. Fernando Rada Schultze, investigador especializado en vejez del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, se pregunta, en el contexto económico actual de algunos países, “¿quién cuida a quién?”. Lo cuestiona porque hay hogares multigeneracionales donde las personas mayores con sus pensiones sostienen la economía familiar. “Si el ingreso fijo que tienen los hogares es el de la persona mayor, yo empezaría a debatir un poquito quién lleva la responsabilidad”.

Este cambio demográfico plantea entre otros una pregunta cultural: ¿qué significa ser adulto mayor? La realidad es que tradicionalmente ha sido un grupo discriminado y considerado una carga para el resto de la sociedad, lo que no corresponde exactamente con las nuevas generaciones de adultos mayores. “Hay que cambiar esa imagen”, insiste Mónica Roque, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. “Hay que combatir el viejismo y esos estereotipos negativos”.

Ruiz, junto con María Elvira Samper, conduce el podcast Las menopáusicas, concebido, entre otras razones, para resignificar esa palabra, convertida en insulto, y cuestionar la manera en que se representa esa etapa de la vida. Ambas son adultas mayores y han encontrado en sus entrevistas mujeres que, después de los 70 años, emprenden proyectos, se divorcian, vuelven a enamorarse, cambian de vida o de oficio, en fin, siguen con una vida muy productiva.

Así, hay que ver el envejecimiento poblacional no solo desde la perspectiva de los derechos humanos sino “de las valiosas contribuciones que las personas mayores le hacemos al bien común, a la sociedad y a la economía”, afirma Roque. “Porque ese capital humano que tenemos hace justamente que las sociedades puedan crecer de una manera mucho más rica, teniendo en cuenta toda nuestra experiencia y sabiduría”.

Desde hace más de una década, organismos internacionales, algunos gobiernos y colectivos de la sociedad civil buscan formas de hacer frente a ese escenario. Por ello, en 2015 la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin de contribuir a su “plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Roque dice que países como Uruguay, Chile, Brasil y Argentina trabajaron fuerte para lograr la Convención. En el caso de este último, hubo un retroceso con la llegada de Javier Milei a la presidencia. “Este gobierno actual discrimina a las personas mayores. Y no solamente eso, las violenta”, acusa. 

La indiferencia de algunos estados

Ella conoce bien la historia, ya que presidió de 2003 a 2015  la delegación argentina ante la Organización de Naciones Unidas y la OEA para la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. En esos años, cuenta, se vivió “una época de gloria de gobiernos progresistas, con Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile y José Mujica en Uruguay”.

A pesar de que la Convención obliga a los Estados a garantizar la dignidad, autonomía y atención integral de los mayores, 21 países miembros no la han ratificado. Entre ellos se encuentra Venezuela. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), expresa en un artículo que esta omisión agrava la incertidumbre de miles de personas que ya se enfrentan a un sistema público de salud colapsado, y una economía familiar insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. 

Por su parte, Roque dice no tener mucha expectativa en que haya avances en países como Nicaragua, El Salvador u Honduras, donde la pobreza general supera el 60%. Esos gobiernos, asegura, “han dedicado muy poco a la temática de las personas mayores y por eso nunca ratificaron la convención”.

El cuidado como derecho

Algunos  países buscan soluciones para los cuidados.  La Ciudad de México aprobó este año una ley que busca desmercantilizarlos, desfamiliarizarlos y desfeminizarlos, además de garantizar su acceso gratuito y universal. Según la normatividad, el Estado asume responsabilidades pero el modelo también involucra a la sociedad y a la empresa privada.

Sin embargo, para Human Rights Watch para que esa ley sea efectiva requiere superar el factor económico. “Sin financiamiento adecuado, el sistema no puede pasar del reconocimiento formal de derechos a garantizar apoyos reales en la vida cotidiana de las personas”, apuntó Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad, en un boletín de la organización.

Roque insiste en que también se deberían revisar las políticas laborales de los países, que han precarizado la economía familiar. “Están preocupadísimos porque la tasa de fecundidad es baja, porque no habrá nadie que trabaje y, por tanto, nadie que aporte. ¿Y cuán preocupados están por los puestos de trabajo que está sacando la IA? ¿Por qué no nos preocupamos más por eso?”, sostiene.

Rada Schultze concluye que realmente estamos viendo que casi todos los países de la región tienen cada  vez menos nacimientos. “Para 2050, ya no van a crecer más las poblaciones”. Y no comparte la mirada fatalista sobre ese futuro. “No veo necesidad de alarmarse al respecto, aunque sí de tomar cartas en el asunto”.

El 1 de octubre, en Paraguay, el Foro Internacional Cuidar con Dignidad es Envejecer con Derechos, organizado con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, reivindicó a las personas mayores como sujetos  con autonomía, capacidades y contribuciones valiosas a sus familias, comunidades y sociedades. Allí se planteó que el envejecimiento saludable debe ser construido desde los primeros años de vida.

El gran desafío para los países latinoamericanos es que la población, como subraya Roque, llegue a la tercera edad “con la mayor salud posible”. Pero ello solo será realista si los gobiernos implementan políticas efectivas que garanticen mejor calidad en todas las etapas de la vida.

Por ello, la gran pregunta es si los países serán capaces de construir hoy las condiciones para, primero, entender que envejecer es solo una etapa de la existencia. Y, luego, diseñar esquemas que eviten llegar ahí expuestos a la precariedad, la dependencia o el abandono a gran escala.

 

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