La impostura hecha gobierno | Artículo

Por Héctor Tajonar

La carpa se cae a pedazos. El personaje concebido para encabezar una ilusoria “cuarta transformación” erigiéndose en impoluto prócer de la patria no corresponde al del Presidente en funciones. Esa dualidad contradictoria lo ha convertido en remedo de sí mismo. Su hegemonía comunicacional ha resultado no sólo insuficiente sino contraproducente. La exhibición diaria de una retórica atrabiliaria y mendaz se le ha revertido al abusador del poder supremo. 

La genial parodia de las mañaneras montada por Carlos Loret y Brozo es un retrato hiperrealista y devastador de una autocracia fallida. El teatro del engaño se ha vuelto insostenible. No hay demagogia ni manipulación histórica que alcance para ocultar el deterioro creciente de la 4T.

La impostura hecha gobierno es patente y patética. Como se confirmó en el segundo Informe, existe una brecha infranqueable entre el discurso falaz y autocomplaciente del mandatario frente a la evidencia del fracaso de su política en materia de salud, economía, trabajo, seguridad pública, derechos humanos, imperio de la ley y acaso también en el combate a la corrupción. 

El origen y la constante de todas las fallas ha sido colocar el culto a la personalidad como pilar de la acción pública. La vanidad ha vencido a la responsabilidad. Todo indica que la “cuarta transformación” será una víctima más de la voracidad de poder de su creador.

En el caso del combate a la pandemia la prioridad ha sido salvar la imagen presidencial antes que salvar vidas humanas. Dicha distorsión ética llevó al Presidente a no usar cubre bocas, le prohibió ponérselo y que recomendara su utilización a su vocero en materia de salud; también impidió que se realizaran pruebas y ordenó que se manipulara la información sobre el aumento de contagios, el crecimiento del virus y la morbilidad; además se canceló el confinamiento con sana distancia en semáforo rojo y se intentó ocultar la carencia de medidas sanitarias para proteger al personal médico, así como la insuficiencia hospitalaria para atender adecuadamente a los infectados.  La inhumanidad se impuso y la catástrofe se hizo realidad. Al día de hoy se han registrado 67,781 fallecimientos y para fin de año se prevén más de 120 mil decesos por Covid 19.

Los efectos económicos y sociales de la pandemia han sido igualmente graves debido al confinamiento, pero también por motivos de cerrazón idiosincrática. En lugar de mediadas contracíclicas, el mandatario impuso una austeridad procíclica. AMLO se negó a adoptar medidas necesarias y razonables tales como: “1) un seguro de desempleo de emergencia que pudiera beneficiar al poco más de un millón de trabajadores formales que han perdido su empleo; 2) un programa de protección a la nómina que ayudara a las empresas a sostener un mayor número de empleos formales; 3) el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas empresas; 4) un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos (para restaurantes u otros negocios especialmente afectados por la pandemia); y 5) un programa que le otorgara un apoyo mínimo a los trabajadores informales que hubieran perdido temporalmente su fuente de ingresos” (Gerardo Esquivel, “Los impactos económicos de la pandemia”, julio 2020).

Nuevamente prevaleció la obstinación por encima de la ética y la racionalidad económica. La caída de la economía, la desaparición de PYMES y el desempleo no tienen precedente. La primacía de los pobres y la “economía moral” se acotaron al beneficio clientelar.

Sumida en la contradicción y la ineficacia, la política de seguridad pública de la 4T suma más de 62 mil muertos por violencia, escándalos por violación de derechos humanos, así como evidencia de corrupción en la Secretaría de la Defensa Nacional. Pésimos resultados del “militarismo populista” (Erubiel Tirado dixit) impuesto por el presidente López Obrador con el fin de fortalecer su poder político y cumplir con las exigencias de Donald Trump, más que garantizar la seguridad ciudadana. Hay más de 151 mil soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional fuera de los cuarteles. Las 266 coordinaciones regionales de las fuerzas armadas casi coinciden, y no por azar, con los 300 distritos electorales del país. Tampoco es aleatorio el trato preferencial a las fuerzas armadas en materia de recursos y proyectos de infraestructura asignados a Sedena. El riesgo de corrupción e impunidad castrense se suma a la falta de una estrategia sólida para combatir el narcocrimen, infiltrado hasta la médula en los tres niveles de gobierno.

La desaseada e infortunada imposición de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirma el hábito presidencial de eliminar la autonomía de las instituciones que puedan limitar o cuestionar la supremacía de su poder. En este como en otros casos, la incondicionalidad va de la mano de la ineptitud y la sumisión que se traducen en un ejercicio deficiente e irresponsable del cargo. La arbitrariedad de ese nombramiento revela el desdén del mandatario por las víctimas del crimen, los feminicidios y las desapariciones violentas, exhibiendo falta de empatía y compasión frente al sufrimiento indefensión y muerte de centenas de miles de asesinados, desaparecidos o vejadas por la demencial violencia criminal. La reacción ante ese desprecio se ha manifestado con furia por un grupo de feministas que decidieron tomar la sede de la CNDH como reclamo ante la indolencia de una autoridad a todas luces incompetente, cuya renuncia es impostergable. 

El cambio de régimen ofrecido por el mandatario transformador tendría que haber comenzado por el fortalecimiento del Estado de derecho. No ha sido así, por el contrario, lo que ha normado su mandato es la imposición de un férreo voluntarismo, sea mediante reformas de dudoso rigor constitucional -en espera de análisis y sentencia en la Suprema Corte-, malabares sofistas para ubicar a “la justicia” por encima de la legalidad o consultas simuladas que vulneran la Constitución y agreden la inteligencia ciudadana. Son múltiples las muestras de desdén por el imperio de la ley en el régimen lopezobradorista.

El combate a la corrupción que hubiera podido ser la tabla de salvación de la 4T, también está en riesgo de naufragar en el pantano de la doble moral presidencial. Mientras AMLO condena con ímpetu festivo la corrupción del pasado, justifica la evidente corruptela de su hermano Pío y su subordinado David León con argucias y autoelogios que confirman la comisión de un delito electoral penado con cinco a diez años de cárcel. La impunidad selectiva campea.

A las irregularidades del proceso a Emilio Lozoya se suma una extraña omisión. Parte de la declaración del inculpado VIP hecha en España mientras negociaba su extradición a México en la que menciona el involucramiento de Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en la compra de Fertinal no fue incluida en la denuncia ante la Fiscalía General de la República (Proceso 2288). ¿Intento de blindar con el manto de la impunidad al amigo del Presidente? (En mi artículo anterior aludí a los casos de presunta corrupción impune dentro de la 4T y Morena, así como a la aberrante “consulta popular” sobre el juicio a los expresidentes). 

La expresión latina Errare humanum est, sed perseverare diabolicum, significa: “errar es humano, pero perseverar (en el error) es diabólico“. Admitir el error y corregirlo es propio de los prudentes. En el caso que nos ocupa no hay signo alguno de autocrítica, menos aún  de rectificación. Lo que prevalece es el cinismo, “la desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables” (DRAE). 

El cinismo es la guarida del impostor, el escudo (in)moral que le permite al demagogo perseverar en la simulación. Cinismo es hacer de la hipocresía virtud, recrearse en el lodo de la falsedad, la ocultación y el disimulo. La soberbia del cínico le hace sentir el derecho de engañar a los demás y su megalomanía le hace creer que lo logra.

Sin embargo, el límite legal del cinismo político lo imponen el Estado de derecho, así como los contrapesos de los poderes legislativo y judicial. Cuando ellos menguan -afirma Tocqueville- el arma más poderosa para enfrentarlo es la libertad de expresión. La credibilidad y la legitimidad del demagogo se van erosionando con el paso del tiempo y por el peso de la realidad. La función del pensamiento y el periodismo críticos es desenmascarar a la impostura hecha gobierno.