Ocesa y Ticketmaster: la sombra del monopolio sobre los espectáculos

Por: Brandon J. Celaya Torres y Ana Velázquez Munguía.

A lo largo de décadas Ticketmaster y Ocesa han demostrado una maestría innegable en el manejo del negocio del entretenimiento en vivo y venta de boletos, pero ese mismo talento ha derivado en una estructura que concentra poder, limita la competencia y somete a los usuarios a condiciones impuestas– muchas veces con poca transparencia en los costos– y formas de venta con un trato impersonal.

Su poder les ha permitido salir de investigaciones tanto de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como de la hoy extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con acuerdos ventajosos para las empresas, de acuerdo con organizaciones como Tec-Check, la primera asociación civil de consumidores en línea.

En México, ambas compañías han encontrado terreno fértil, tanto por el gigantesco mercado de consumidores como por las autoridades que, cuando no son omisas, incluso defienden sus prácticas.

Tras la pausa que significó la pandemia por el virus SARS-CoV-2, o Covid-19,– durante la cual Ticketmaster fue señalada de comportamiento abusivo contra los consumidores, como se detalla más adelante– el mercado de la música en vivo se recuperó vertiginosamente.

En 2022, Operadora de Centros de Espectáculos (Ocesa) y Venta de Boletos por Computadora (la razón social en México de Ticketmaster) contaban con más del 64.51% de los servicios de entretenimiento a nivel nacional, de acuerdo con cifras de Cofece.

Un año antes de esto, en 2021, Live Nation Entertainment adquirió el 51% de acciones de Ocesa; 40% que le pertenecían a Televisa y 11% de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), la cual quedó como accionista minoritaria con el 49% restante sobre Ocesa.

El 29 de julio de este año, Live Nation anunció la compra adicional del 24% de Ocesa, con lo que será dueña de tres cuartas partes de la promotora y CIE se quedará con el resto. Se espera que la transacción se cierre hacia finales de agosto, una vez que sea aprobada en la próxima asamblea de accionistas de CIE.

Live Nation es, a su vez, la empresa matriz de Ticketmaster.

De acuerdo con el Reporte de Resultados del Cuarto Trimestre de 2024, Corporación Interamericana de Entretenimiento logró un aumento del 23% en su utilidad neta el año pasado, en comparación con el 2023.

El total de su utilidad neta en 2024 fue de 1,442 millones de pesos.

“Nuestra inversión en Ocesa ha sido increíblemente exitosa […] Juntos, hemos más que triplicado el número de fans que asisten a nuestros conciertos en México desde 2019, lo que ha convertido al país en el tercer mercado musical más grande del mundo”, expresó Michael Rapino, Presidente y CEO de Live Nation Entertainment al anunciar que el gigante transnacional invertirá aún más en Ocesa.

En Estados Unidos, Live Nation enfrenta una demanda del Departamento de Justicia por presuntamente mantener monopolios y poder en el mercado de los conciertos en vivo a través de conductas anticompetitivas.

Al consultar a Ocesa para este reportaje, la promotora destacó: “la colaboración con Live Nation ha sido determinante para posicionar a México como un destino clave en las giras de los artistas más importantes del mundo. Gracias a esta sinergia, nuestro país se consolida como un punto neurálgico en el mapa del entretenimiento a gran escala y genera oportunidades únicas para el desarrollo cultural y económico del sector, lo que se ha traducido en beneficios a todos los participantes de la cadena de valor del negocio”.

Asimismo, afirmó que la alianza estratégica los “ha ayudado a adoptar las mejores prácticas internacionales en la industria del entretenimiento en vivo”.

Pero el dominio de Live Nation y Ocesa en el escenario musical internacional está lejos de basarse en buenas prácticas, según varias investigaciones.

Los ilícitos de Ocesa y su “favorable” acuerdo con Profeco 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una demanda colectiva en contra de las empresas Ticketmaster, Ocesa y Banamex, por presuntas conductas en perjuicio de las y los consumidores a lo largo de diversos eventos realizados entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023, entre ellos el concierto de Bad Bunny, en el cual cientos de personas se quedaron fuera.

El expediente de Profeco exhibe prácticas como cancelaciones arbitrarias de boletos, negativa de acceso a eventos pese a tener entradas legítimas, cambios en las programaciones originales de los eventos y falta de reembolsos justos.

Aristegui Noticias tiene copia de los 6 tomos que integran el expediente de la acción colectiva, desde su inicio hasta el cuestionado convenio judicial entre las empresas y la dependencia federal.

A lo largo de más de 4 mil páginas, la Procuraduría Federal del Consumidor detalló una serie de irregularidades que van desde la negativa a reembolsos, hasta la posible sobreventa de boletos y actividades anticompetitivas en alianza con Banamex, banco donde suelen ser las preventas de los conciertos y festivales de Ocesa.

“Miles de consumidores durante la pandemia no pudieron acceder a su reembolso por prácticas de Ticketmaster que desde nuestro punto de vista fueron abusivas”, afirma Fiorentina García Miramón, cofundadora de Tec-Check, en entrevista para Aristegui Noticias.

Tec-Check fue una de las principales colaboradoras en la demanda de Profeco.

“En ese momento, Ticketmaster no estaba muy dispuesto a hacer el reembolso de los boletos porque detectamos que hubo una modificación de sus términos y condiciones durante la pandemia. Ticketmaster de un día para otro y de forma unilateral modificó sus políticas para no reembolsar los cargos por servicio que representan en México hasta el 20% del precio del boleto en eventos pospuestos”, señala.

Según explicó, Ticketmaster cambiaba el estatus de sus conciertos a pospuestos, mas no cancelados, para no reembolsar los boletos y en caso de hacerlo no devolver los cargos por servicio.

En algunos casos, las entradas incluso habían sido adquiridas mediante la preventa exclusiva ofrecida por Banamex.

Profeco en su demanda señaló a las tres empresas–Ocesa, Ticketmaster y Banamex– como responsables solidarias, es decir, responsables de cumplir una obligación en su totalidad, sin importar su individual participación o contribución.

Esta acción colectiva fue presentada formalmente el 20 de diciembre de 2022 y concluyó el 24 de abril de 2024 con un convenio judicial que ha sido criticado por ser favorable a las empresas, como apunta la organización Tec-Check.

Originalmente, la Profeco representó a 434 consumidores, pero a lo largo del proceso legal se adhirieron 174, sumando un total de 608. El convenio, finalmente, encontró como procedentes 503 casos.

Además de múltiples conductas irregulares documentadas por Profeco– que fueron aceptadas por Ocesa y Ticketmaster en el convenio judicial– la Procuraduría detectó la ausencia de mecanismos adecuados para evitar la clonación y la reventa de boletos, así como la posible práctica reiterada de sobreventa de boletos.

Según la acción colectiva, las personas que acudían a los conciertos y eventos culturales o deportivos organizados por Ocesa, eran víctimas de la cancelación de sus boletos bajo el “argumento falaz” de que ya habían sido usados, lo que implica sobreventa. Incluso, el personal de seguridad llegó a retener y romper sin explicaciones las entradas, destruyendo así la evidencia.

“Las problemáticas expresadas por los consumidores que represento, dan cuenta del modus operandi y malas prácticas con las que opera la demandada”, expone Profeco.

Los vínculos de Banamex con Ocesa y Ticketmaster

En la demanda colectiva, Profeco se enfocó en los vínculos corporativos y de toma de decisiones compartidas entre las tres empresas demandadas.

En particular, Profeco acusó a Banamex de estar involucrado directamente en las operaciones de venta de boletos debido a su participación como canal exclusivo de preventa y, además, por tener en su Consejo de Administración a una figura que también dirige o ha dirigido a Ticketmaster y Ocesa.

De forma textual, el expediente presentado por Profeco sostiene: “Es evidente que existe una responsabilidad solidaria entre las tres codemandadas en virtud que están estrictamente relacionadas tanto por la figura del personal de alto rango, como fundador y director general de las empresas Ocesa y Ticketmaster, y miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, quien incide directamente en la toma de decisiones de las tres codemandadas…”.

Este señalamiento implica que no se trata de tres empresas independientes que colaboran en un evento, sino de una red corporativa estrechamente vinculada, tanto por su actividad comercial como por la figura de un alto directivo con presencia en los tres entes.

Aunque el expediente al que tuvo acceso Aristegui Noticias tiene testado el nombre del ejecutivo, la descripción coincide con Luis Alejandro Soberón Kuri, quien además de fundar y dirigir CIE, también es Director General de Ocesa, al igual que miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Su gestión como CEO de Ocesa se extenderá hasta 2032, según informó CIE en un comunicado.

Profeco argumenta que esta estructura permite la coordinación directa en las decisiones estratégicas que afectan a los consumidores, especialmente en la venta y preventa de boletos. Además, insiste en que Banamex no es un tercero neutral, sino un actor clave que se beneficia del sistema implementado por Ticketmaster y Ocesa.

La defensa de las empresas

Antes de llegar al convenio judicial con Profeco, Ticketmaster rechazó haber incurrido en prácticas contrarias a la ley. La empresa negó ser responsable de la cancelación o posposición de eventos, argumentando que su actuación en los eventos señalados en la acción colectiva se limitan a la venta, distribución y entrega de boletos, por lo que funciona como una intermediaria y depositaria entre quienes organizan los eventos (promotores, recintos, artistas y consumidor final), limitando sus servicios a la venta y entrega de boletos.

También argumentó que no existe una responsabilidad solidaria entre los tres demandados, pues dijo que aún cuando Ticketmaster sostiene relaciones comerciales con las codemandadas e incluso estas compartan algún directivo dentro de sus estructuras corporativas, lo cierto es que ello es insuficiente para justificar la supuesta solidaridad legal alguna que señale dichas circunstancias como fuente de obligación solidaria.

Por su parte, Banamex cuestionó su responsabilidad en los hechos, argumentando que no es un intermediario en la comercialización de boletos para la asistencia de esos eventos, por el simple hecho de que se utilicen sus tarjetas bancarias.

En su contestación, Banamex no negó que Soberón Kuri forme parte de su Consejo de Administración, pero sostiene que ello no tiene relación alguna con los hechos reclamados por Profeco, pues considera que esta relación personal o institucional no implica responsabilidad solidaria ni demuestra que el banco esté involucrado en las decisiones de Ocesa o Ticketmaster.

“Es por ello que resulta evidente que la posible participación que pueda tener una persona física en la vida corporativa de diversas sociedades mercantiles, a través de sus órganos de representación, administración o toma de decisiones, de ninguna manera vincula solidariamente a dichas personas morales en las obligaciones que tengan frente a terceros por ese simple hecho”, dijo Banamex.

“El hecho de que un usuario de servicios financieros haga uso de su tarjeta de débito para el pago de transacciones comerciales de esta naturaleza, únicamente implica que este producto financiero es usado como un medio de pago o disposición por parte del usuario o consumidor, pero no que la institución de crédito funja como intermediario en la transacción comercial”, añadió.

También argumentó que no publicita los eventos realizados por terceros, sino que se limita a la promoción y publicidad de sus propios productos financieros; además, también negó la obligación solidaria si no está de forma expresa pactada por las partes.

Sin embargo, Profeco insistió durante la demanda que existe una estructura común de intereses y toma de decisiones entre las tres empresas, lo cual, en su criterio, justificaba plenamente la acción colectiva y la demanda por responsabilidad solidaria.

Finalmente, el juzgado de la Ciudad de México decidió desechar la demanda contra Banamex, por considerar que no tenía responsabilidad compartida.

Por su parte, en su defensa Ocesa llegó incluso a decir que no es una promotora de eventos y que su objeto social es solamente la administración de bienes inmuebles, específicamente de 11 centros de entretenimiento, así como la comercialización de publicad y anuncios.

“La participación de Ocesa en los servicios de espectáculos se limita a administrar determinados inmuebles en los que se llevan a cabo eventos y/o a comercializar la publicidad para que diversas marcas, productos, bienes o servicios se anuncien en determinados eventos”, enfatizó la defensa del gigante del entretenimiento. Pero posteriormente se contradijo, pues, a pesar de alegar que no organiza ni planifica los shows, sí aceptó que al dirigir los recintos lleva a cabo “todas y cada una de las actividades necesarias para la correcta ejecución de los eventos”. 

Además, señaló no tener participación en el capital social de Ticketmaster, intentando desvincularse de las responsabilidades directas derivadas de las operaciones de venta de entradas. Sin embargo, la Profeco argumentó que Ticketmaster y Ocesa forman parte del mismo grupo corporativo, Live Nation.

El convenio

Mientras la acción colectiva estaba en curso, Profeco, Ticketmaster y Ocesa llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo para llegar a un acuerdo y así dar por terminado el juicio. Estos encuentros se realizaron el 6 de diciembre de 2023; el 23 de enero, 8 de febrero y 21 de marzo de 2024.

En el convenio, Profeco resume el motivo de su demanda contra las empresas en dos razones: La primera, el “incumplimiento generalizado en la prestación del servicio” derivado de la cancelación unilateral de boletos comprados sin haber devuelto íntegramente el costo y sin haber dado una bonificación del 20%. La segunda es la necesidad de modificar el sistema de comercialización de boletos para evitar y erradicar la falsificación, duplicación y reventa de entradas.

Antes del convenio, Profeco solicitaba al Juzgado de Distrito condenar a Ticketmaster, Ocesa y Banamex para que devolvieran íntegramente todos los costos de un boleto adquirido para un evento cancelado, más una bonificación del 20%, además de resarcir los gastos por viáticos, hospedaje y alimentos y cualquier gasto adicional que los consumidores tuvieron que realizar para ir al lugar de los eventos cancelados e incluir un pago por intereses del 9%.

Profeco añadió a sus exigencias iniciales que las empresas debían invertir en infraestructura con altos estándares de seguridad y tecnología actualizada, además de implementar mecanismos para prevenir y eliminar la falsificación, duplicación, clonación y reventa de boletos, al igual que evitar retener físicamente boletos de los consumidores.

Todo esto “con el firme objetivo de romper con la asimetría que existe entre las demandadas y los consumidores”, expone Profeco; sin embargo, el convenio final que suscribió es mucho más limitado.

De las 503 personas representadas, Ticketmaster y Ocesa aceptaron pagarle a una fracción el costo íntegro del boleto, más los cargos por servicio y una bonificación del 20%.

Quienes quedaron fuera de este reembolso fueron las personas afectadas por cancelaciones derivadas de la pandemia de SARS-CoV-2. A estos consumidores se les reembolsó únicamente el costo del boleto, “por tratarse de una emergencia sanitaria a nivel mundial, no imputable a las boleteras”.

Así, estos clientes afectados esperaron más de cuatro años para obtener dinero que, por la inflación, ya valía menos. Además de que no se sancionó a las empresas por las modificaciones arbitrarias detectadas por Tec-Check.

El convenio judicial también estipula la creación de la aplicación móvil Ticketmaster MX, “que tiene como objetivo facilitar a las y los consumidores la compra y el uso de los boletos de forma segura, a fin de evitar falsificación, duplicidad, reventa de boletos y cualquier acción u omisión que pudieran ser susceptibles para que terceras personas alteren los boletos”.

Fuentes internas de Profeco que siguieron de cerca el caso y fueron consultadas de manera anónima para este reportaje afirmaron estar insatisfechas con el convenio, si se compara con el alcance de los descubrimientos y la condena inicial que la dependencia federal buscaba.

A su vez, la organización Tec-Check tildó este convenio judicial como un “favor para la empresa” y “una desventaja para los consumidores”.

“El acuerdo entre Ticketmaster y la Procuraduría Federal del Consumidor beneficia mayoritariamente a la empresa, la cual ha abusado abiertamente de los derechos de los consumidores en México desde la pandemia”, acusa la asociación de consumidores digitales que también denunció intentos de intimidación legal mientras trabajaban en la demanda colectiva contra la boletera.

“Mientras que en Estados Unidos o en países europeos, las autoridades competentes sancionaron y obligaron a las empresas de venta de boletos a reembolsar todas las entradas de conciertos cancelados o pospuestos durante la pandemia, Ticketmaster en México negó el reembolso completo”, señala en un comunicado Tec-Check.

Al cuestionar a Ocesa sobre el convenio judicial, la compañía respondió: “Ticketmaster ha iniciado un proceso de activa colaboración con las autoridades correspondientes – en particular, con la Procuraduría Federal del Consumidor– para garantizar el respecto a los derechos de los fans, quienes son el corazón de nuestra empresa y nuestra razón de existir. Creemos que en esa tarea la integración de tecnología de vanguardia es fundamental pues mejora la experiencia de compra de boletos y cierra espacios a la reventa ilegal”.

En entrevista para Aristegui Noticias, Fiorentina García Miramón, directora de la organización, describió que fueron miles de personas las afectadas por Ticketmaster durante la pandemia, no obstante, la acción colectiva favorece a solo poco más de 500 personas.

Como se mencionó anteriormente en el reportaje, la boletera cambió sus términos y condiciones para no dar devoluciones completas por cancelaciones en la pandemia, tal como detectó Tec-Check.

“Es una práctica sumamente abusiva en contra de los consumidores durante la pandemia porque por meses no pudieron acceder a 2000, 3000, 4000 pesos o más de sus boletos y Ticketmaster no les pagó ningún tipo de interés por haber mantenido ese dinero en su empresa”, afirma Fiorentina.

Esta práctica quedó legitimada por la autoridad que debería defender al consumidor, pues en el convenio Profeco solo exigió el reembolso del costo de boleto sin cargos adicionales para los afectados durante la pandemia.

“El hecho de que no hayan reembolsado los boletos con los cargos por servicio para nosotros fue la mayor desventaja y el mayor abuso que hubo hacia la población consumidora de Ticketmaster durante la pandemia”, enfatiza García Miramón.

Otro punto criticado por Tec-Check es el hecho de que tras la demanda colectiva, Ticketmaster no se haya visto obligada a unirse a Conciliaexprés, el servicio de la Profeco que permite a los consumidores resolver sus quejas sin necesidad de acudir a una oficina de la dependencia.

“Lo más contradictorio es que aún con este acuerdo, Ticketmaster siguió sin formar parte de ningún mecanismo de conciliación digital de la Profeco. Por lo tanto, la empresa más grande de venta de boletos en línea no estaba obligada a atender quejas de manera digital. Como resultado, todos los consumidores debían acudir durante sus horas laborales a una oficina de la Profeco para presentar una queja formal en caso de una controversia”, expuso Tec-Check.

Fue hasta el 7 de abril del 2025, tras la cancelación del Axe Ceremonia donde murieron dos fotógrafos– para el cual Ticketmaster vendió entradas y que Ocesa promovió– que Ticketmaster aceptó unirse a Conciliaexprés.

“Es importante señalar que recientemente Ticketmaster se integró, de la mano con Profeco, a Conciliaexprés para continuar mejorando la experiencia de los fans, proteger sus derechos y brindar un servicio de experiencia. Desde Ocesa, y todas sus unidades de negocio, trabajamos intensamente con Profeco y todas las autoridades para preservar los derechos del consumidor e impulsar experiencias inolvidables”, contestó Ocesa a los cuestionamientos de Aristegui Noticias.

Monopolio: el elefante en la habitación

“Durante más de una década, Live Nation ha estado agotando la savia de la industria. En 2010, se fusionó con Ticketmaster en un acuerdo que pudo haberse bloqueado bajo las leyes antimonopolio vigentes, pero que el Departamento de Justicia dejó pasar. El resultado fue un perfecto círculo vicioso de explotación anticompetitiva”, esto dicen Rebecca Giblin (académica especializada en derecho y políticas culturales) y Cory Doctorow (escritor y activista tecnológico) en su libro Chokepoint Capitalism, en el cual analizan cómo las grandes corporaciones manipulan los mercados para extraer ganancias excesivas a expensas de creadores y consumidores.

El concepto de “puntos de estrangulamiento” (Chokepoints) se refiere a cómo ciertas industrias—como la música, el entretenimiento, los libros y las plataformas digitales—están dominadas por intermediarios poderosos, por ejemplo, Live Nation, Amazon o Spotify, que controlan el acceso al público.

Al enfocarse en Live Nation, los escritores destacan que un estudio de 2018 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. reveló que los cargos adicionales en la venta de boletos llegan a representar un 27% del precio total, afectando directamente a los consumidores.

El libro recupera también que periodistas encubiertos de CBC News y el Toronto Star documentaron a empleados de Ticketmaster presumiendo que clientes acaparaban boletos mediante cientos de cuentas. El software TradeDesk de Ticketmaster sincronizaba automáticamente estas cuentas con plataformas de reventa (incluida la suya), facilitando a los revendedores ofertar nuevamente las entradas a precios inflados. Además, el “Manual para Revendedores Profesionales” de Ticketmaster ofrecía descuentos en tarifas a quienes alcanzaran ventas anuales de 500 mil o un millón de dólares.

“El poder de Live Nation proviene de una integración vertical a gran escala, combinada con una fiscalización insuficiente de sus fusiones y fallos en la aplicación de leyes de protección al consumidor”, afirman los autores.

Por otra parte, la investigadora Krista Brown publicó en 2023 un artículo titulado “La profundidad del dominio de Live Nation: Un análisis de los datos de los principales recintos de conciertos en todo el mundo”. El estudio incluyó a los 100 recintos y las 200 arenas más importantes para conciertos en 2022, que en conjunto representaron casi el 50% de todas las ventas de entradas para conciertos en aquel año.

“Live Nation es la mayor empresa de entretenimiento del mundo, dominando casi todos los rincones de la industria de los eventos en directo y, más concretamente, de la música en directo”, es la conclusión a la que llegó.

Justamente, la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Live Nation, iniciada en 2024, expone un mecanismo de monopolización de los mercados de servicios de venta de entradas primarias.

Esta monopolización se habría mantenido a través de conductas de exclusión como amenazas directas e indirectas a los recintos para que no trabajen con otras empresas de venta de entradas, represalias contra recintos que contratan con rivales, y el uso de contratos de exclusividad a largo plazo.

También señala a Ticketmaster de incurrir en acuerdos de exclusividad a largo plazo para la provisión de servicios de venta de entradas primarias a grandes recintos de conciertos en los Estados Unidos, lo que restringe irrazonablemente la competencia en violación de la Sección 1 de la Ley Sherman.

Asimismo, alega que Live Nation ha condicionado ilegalmente el acceso de los artistas a sus grandes recintos a la compra de servicios de promoción de la propia Live Nation, lo que constituye un acuerdo de vinculación ilegal y un impedimento para que los artistas elijan promotores por sus propios méritos.

En México, Cofece inició en 2015 una investigación en el mercado del entretenimiento al considerar que existían indicios de que se estaban llevando a cabo prácticas monopólicas.

Las pesquisas no tuvieron un dictamen final, pues en 2018 las suspendieron debido a que llegaron a un acuerdo con Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Ocesa Entretenimiento, S.A. de C.V. (Ocesa), Venta de Boletos por Computadora, S.A. de C.V. (VBC), ETK Boletos, S.A. de C.V. (ETK), Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Operadora), e Inmobiliaria de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (ICESA).

Entre los compromisos adoptados por las compañías están la eliminación de exclusividades para contratos futuros y la no concentración de inmuebles.

Tras esto, en 2021, la propia Cofece autorizó que el gigante Live Nation adquiriera el 51% de Ocesa, aumentando aún más su poder.

En diciembre del 2024, el hoy extinto organismo autónomo inició una nueva investigación en los mercados de eventos de entretenimiento en vivo, al observar, nuevamente, que no existían condiciones de competencia.

“Esta investigación es una indagatoria general que va encaminada a conocer cómo funciona el mercado y qué podría mejorar, pero no se trata de una investigación por posibles violaciones a la ley y, por lo tanto, no se acusa a ninguna empresa de haber realizado una conducta ilegal”, detalló la Cofece a Aristegui Noticias.

“Resultado del monitoreo constante que lleva a cabo, la Autoridad Investigadora se allegó de elementos que le permiten suponer la ausencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de: i) producción y promoción de eventos; ii) operación y administración de recintos; iii) distribución y comercialización de boletos a nivel nacional; y iv) servicios relacionados con estas actividades, y la existencia de barreras a la competencia y/o insumos esenciales en los mercados señalados por lo que inició la investigación de oficio”, añadió la extinta Comisión en las respuestas a un formulario enviado por este medio de comunicación.

Por su parte, Ocesa enfatizó que solo es uno de múltiples participantes en la industria del entretenimiento en vivo: “En este sentido, nos hemos esforzado en ser competidores activos y éticos en esta industria tan dinámica a través de una propuesta de valor agregado en la que nos esforzamos por darle a nuestro público lo mejor. Respecto a nuestras prácticas de negocio, éstas siempre se han caracterizado por cumplir estrictamente con las disposiciones de las leyes”.

La justicia internacional llega

En marzo de 2025, un juez federal en California aprobó preliminarmente un acuerdo en una demanda colectiva contra Live Nation Entertainment, Inc., su CEO Michael Rapino y su Director Financiero (CFO) Joe Berchtold, acusados de engañar a inversionistas y distorsionar el mercado mediante declaraciones falsas y ocultamiento de riesgos regulatorios.

La demanda, iniciada en agosto de 2023, alega que la empresa infló artificialmente el valor de sus acciones mientras enfrentaba investigaciones antimonopolio y cobraba tarifas abusivas a consumidores.

La demanda, presentada por el inversionista Brian Donley en representación de accionistas, se centra en dos violaciones principales:

Fraude bursátil: Según la denuncia, Live Nation y sus ejecutivos hicieron declaraciones falsas u omitieron información clave entre febrero de 2022 y julio de 2023, lo que habría mantenido el precio de las acciones “artificialmente inflado”.

Prácticas anticompetitivas: Las empresas también son señaladas de imponer tarifas ocultas superiores al 30% en los boletos, así como firmar contratos exclusivos de hasta 10 años con recintos y artistas mientras toma represalias contra venues que no usaban Ticketmaster como boletera.

Los demandantes sostienen que, de haberse conocido estos riesgos, los inversores no habrían comprado acciones o lo habrían hecho a precios menores.

El supuesto engaño comenzó a desmoronarse con tres revelaciones públicas que provocaron caídas en las acciones de Live Nation: En noviembre de 2022, The New York Times reportó que el Departamento de Justicia (DOJ) investigaba a Ticketmaster tras el caos en la venta de entradas de Taylor Swift. Las acciones cayeron 7.8%. Al siguiente febrero, un informe del Senado de EE.UU. acusó a Live Nation de “dañar la industria musical” con tarifas abusivas. La acción se desplomó 10.1% al día siguiente. Y, finalmente, en julio de 2023: Politico reveló que el DOJ preparaba una demanda antimonopolio derivando en una nueva caída del 7.8%.

Tras negociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo preliminar en marzo de 2025. Live Nation no admitió culpabilidad bajo el acuerdo, pero evitó así un juicio costoso.

De acuerdo con información de Reuters, el gigante del entretenimiento acordó pagar 20 millones de dólares como parte del arreglo.

Este no es el único caso contra Live Nation o Ticketmaster que ha llegado a tribunales.

En 2020, Ticketmaster aceptó pagar una multa de 10 millones de dólares tras admitir haber accedido ilegalmente a los sistemas informáticos de una compañía rival en un intento por perjudicar su negocio.

En este caso, Ticketmaster utilizó contraseñas robadas por un exdirectivo de la competencia para acceder ilegalmente a sistemas internos y obtener información confidencial, con el objetivo de perjudicar a su rival y robar clientes clave.

La filtración masiva de datos de Ticketmaster

Entre abril y mayo de 2024, Ticketmaster sufrió una violación de datos que expuso la información personal de más de 500 millones de clientes a nivel global. El ataque, atribuido al grupo de hackers ShinyHunters, fue confirmado públicamente por Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster, el 31 de mayo del mismo año.

Según el informe de Live Nation, la actividad no autorizada se detectó el 20 de mayo de 2024 en una base de datos alojada por un proveedor de servicios externo. El 23 de mayo, la empresa determinó que la información personal de los clientes podría haber sido comprometida. Sin embargo, la notificación oficial a los afectados no se realizó hasta el 22 de junio de 2024.

La información robada incluye nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, detalles de pedidos y, en algunos casos, información parcial de tarjetas de crédito. Aunque los números de tarjeta estaban cifrados, los últimos cuatro dígitos eran visibles, lo que aumenta el riesgo de fraudes y robos de identidad.

ShinyHunters, conocido por su historial de ataques a empresas como Microsoft y AT&T, reclamó la autoría del ataque y ofreció los datos robados a la venta en la dark web por 500 mil dólares. Aunque Ticketmaster afirmó que su sistema dinámico de boletos impide el uso de los códigos de barras filtrados, el robo de datos expone a los clientes a riesgos de phishing– técnica de ciberdelincuencia que busca obtener información confidencial haciéndose pasar por una entidad legítima– y otro tipo de fraudes.

En respuesta a la filtración, Shannon Spencer, Gerry McAuley y Ryan Jossart presentaron una demanda colectiva contra Ticketmaster y Live Nation en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California. Las acusaciones incluyen negligencia, incumplimiento de contrato implícito, enriquecimiento injusto y violaciones de la Ley de Competencia Desleal de California.

Los demandantes argumentan que la empresa no implementó medidas de seguridad adecuadas, tampoco notificó oportunamente a los afectados y además retuvo información personal innecesaria. Adicionalmente señalan que la filtración pone en riesgo la privacidad y seguridad financiera de los clientes, quienes ahora enfrentan un riesgo elevado de fraude y robo de identidad.

En México, el hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició de oficio una investigación contra Ticketmaster por la presunta divulgación de datos personales.

La investigación se mantuvo abierta durante el proceso de extinción del organismo autónomo e incluso fue usada como argumento del instituto para evitar su desaparición, tras la cual sus funciones fueron asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ahora esta investigación está en manos del mismo gobierno que otorgó un acuerdo judicial favorable a Ticketmaster tras la acción colectiva de Profeco y que incluso dijo que no investigaría las tarifas dinámicas que sí han sido objeto de pesquisas en otros países.

¿Y las tarifas dinámicas?

En septiembre de 2024, la Comisión Europea y el gobierno del Reino Unido comenzaron investigaciones contra Ticketmaster por el aumento de los precios en los boletos con base en la demanda, según reportó The Guardian.

Esto tras el escándalo derivado del concierto de Oasis en cuya venta las entradas subieron de 135 a 350 libras esterlinas, en pesos mexicanos esto se traduce a un costo inicial de 3 mil 500 pesos mexicanos aproximadamente hasta uno de más de 9 mil.

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) notificó que se encontraba “revisando urgentemente” el uso de precios dinámicos después de este episodio.

A su vez, un portavoz de la Comisión Europea confirmó a The Guardian que estaban investigando el uso de tarifas dinámicas “ante la creciente preocupación de los parlamentarios en Bruselas”.

En México la tarifa dinámica se ha aplicado en conciertos como el de Stray Kids y JHope– ambos de K-pop– elevando los precios 11 mil hasta los 30 mil pesos para la zona VIP, según contó una fuente perteneciente a los fandoms de este género musical y que estuvo involucrada en la campaña “Sin precios no compramos” con la cual exigieron a Ocesa y Ticketmaster transparencia y precios justos para los conciertos de Super Junior a celebrarse en octubre de este año.

Pese a esto, en el mismo año de los mencionados conciertos, el titular de la Profeco, Iván Escalante, descartó la posibilidad de intervenir en la aplicación de tarifas dinámicas.

Para conocer la postura de Profeco se enviaron mensajes vía WhatsApp al contacto de prensa, pero no ha llegado la respuesta. A Ticketmaster se le hizo llegar un cuestionario que tampoco ha sido respondido.

Actualmente, Ocesa tiene en su cartelera importantes giras y conciertos como el de Shakira, Oasis, Kendrik Lamar, Ghost, Chayanne, Avenged Sevenfold, Bad Bunny y muchos artistas más, afianzando su dominio sobre los más grandes íconos musicales.