Quién es quién: de los premios de periodismo al pinocho de la semana

Por Témoris Grecko

Este miércoles 7, en la conferencia mañanera, la encargada presidencial de verificar datos y noticias falsas y engañosas prometió que atenderá la recomendación “de retomar un curso en verificación de datos, noticias falsas y engañosas”.

Se la hizo el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, preocupado por la afectación a “las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público”. No sé si tranquilizó a alguien, porque a unos les da igual si Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la nueva sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” (que inició el 30 de junio), hace su trabajo con una metodología profesional o sólo refuta con la fuerza de su dicho, pues lo que les importa es combatir la información y la opinión contrarias a la 4T aunque sea bajo el principio del “haiga sido como haiga sido”; y a otros nos alarma constatar que Presidencia pone una tarea tan delicada bajo la responsabilidad de una profesional que no puede llevarla a cabo y a la que, además, le faltan conocimientos generales del periodismo en México.

Hizo evidente esto último en varias ocasiones como cuando identificó a Joaquín López Dóriga como “vocero de Televisa”, a pesar de que esa empresa lo despidió en 2016, y de Raymundo Riva Palacio dijo que fue “asesor de noticias del expresidente Carlos Salinas de Gortari”, cuando ese cargo jamás ha existido (fue director de Notimex).

No me voy a sumar a quienes se han cebado en los errores de presentación de García Vilchis. No es fácil tomar ese escenario y en todo caso los podrá corregir con experiencia. Lo que sí es relevante es que no sólo ni sabe cómo ni pretende verificar los datos.

Por ejemplo, el primer asunto que trató en su debut mañanero fue el montaje que hicieron Riva Palacio y el diario El Universal, que llegó a ocho columnas asegurando: “Espionaje contra periodistas es para amedrentar”. La transformación en 48 horas de un comentario marginal en un titular de portada, para acusar al gobierno de delitos contra la libertad de expresión, fue evidente y plagada de torpezas y mala leche, y realmente fácil de poner evidencia siguiendo la secuencia de hechos y haciendo notar que no presentaron ni un testimonio ni una prueba, fueron notas de saliva armadas a partir de opiniones no sustentadas (yo la analicé aquí).

García no intentó hacer ese esfuerzo. Confrontó esa información y otras que presentó sin hacer algún tipo de estudio previo, tan sólo con el argumento de que “son mentira”. El dicho de unos contra el dicho de otros. Pero con el peso de la autoridad presidencial.

Tal vez lo peor fue cuando acusó al portal “Forbes” de hacerle la seguidilla a la falsificación, y mostró como evidencia un artículo… que Forbes publicó en 2017 y que se refería al espionaje -entonces sí demostrado con evidencia científica- que hacía el gobierno de Peña Nieto contra periodistas.

En el segundo “Quién es quién…”, le dio derecho de réplica a Riva Palacio y lo contrarreplicó… pero no le dio lugar al desmentido de Forbes. Y añadió un análisis que sí fue hecho profesionalmente… por el INE. Un monitoreo que revela un marcado sesgo de la televisión contra Morena, que García Vilchis no logró entender y presentó como “mentiras”, como si lo que cuentan no fueran las menciones negativas sino falsedades.

Lo más relevante es que, a pesar de las críticas que hicieron durante la semana desde enemigos de la 4T hasta simpatizantes amloístas que quisieran que ese ejercicio fuera bien realizado, García no trató de hacer mejor las cosas. Abordó un solo caso, sobre el megaproyecto del Tren Maya, y como si fuera más profesional, ni hizo un análisis sino que leyó un desmentido oficial de Fonatur: un comunicado común y corriente de los que suelen emitir las oficinas de comunicación social cuando aparece un dato incorrecto o inconveniente. Lo mismo: mi palabra contra tu palabra.

Para esto no hace falta una sección especial de la mañanera.

LA AUTORIDAD DE UN MANDATARIO ELECTO

Es muy claro que hay amplios sectores de la prensa que no están informando a sus lectores sino alimentándolos con propaganda. El caso de Riva Palacio y El Universal es sólo uno de muchos ejemplos. Y es cierto que, en el interés del periodismo ético y de la desintoxicación del debate público debe estar el ponerle límites a la manipulación informativa. 

La cuestión es, ¿quién debe hacerlo?

El presidente y su oficina no son un árbitro imparcial. Son una parte interesada que está juzgando lo que dice la otra parte interesada, la de los medios alineados en su contra. Es como si hubiera dos boxeadores en el ring y uno de ellos se declarara también réferi para juzgar los golpes del adversario.

De hecho, López Obrador se ha dedicado a responderles a sus críticos -su derecho de réplica- durante todo su mandato, sólo que ahora intenta hacerlo como si fuera imparcial.

Es muy peligroso que el poder dictamine lo que es verdad y lo que es mentira, porque la tendencia natural del poder es imponer su verdad y descalificar lo demás.

Imaginen que Peña Nieto hubiera puesto a alguien a señalar, cada semana, a medios y periodistas que, según él, dicen mentiras: nos hubieran exhibido a los que investigamos la mentira histórica de la PGR en el caso Ayotzinapa, a Carmen Aristegui y el equipo que reveló la “casa blanca” de EPN, a los que investigaron la estafa maestra, a Laura Castellanos con la masacre de Apatzingán y a Pablo Ferri con la de Tlatlaya, etcétera.

De igual forma, este ejercicio, que según AMLO es respetuoso de la libertad de expresión, podrá ser replicado por el próximo presidente, sea Ebrard o Sheinbaum o Anaya o Moreira u Osorio Chong. Con la misma autoridad que ahora ejerce López Obrador.

También hoy podría ser imitado por gobernadores y presidentes municipales, por Enrique Alfaro en Jalisco, por Alejandro Murat en Oaxaca, por Salgado Macedonio (a través de su hija) en Guerrero o por el oscurantismo panista en Guanajuato, ¿por qué el presidente sí y el señor feudal de un estado soberano no? ¿Qué ley lo impide?

Con la misma autoridad.

Y si ellos lo hacen, ¿cómo se podrá evitar que su propio “Quién es quién” se convierta en acoso policiaco, hostigamiento judicial, ataques en la calle, violación o asesinato?

BUENO, PERO ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LAS MENTIRAS?

Criticar esta parte de la mañanera no es adherirse a la campaña que trata de convencer de que vivimos bajo una dictadura en construcción, que esto es autoritarismo. Autoritarismo es que Presidencia literalmente amenace a los dueños de un medio para que calle o despida a un periodista, como hicieron Calderón y Peña Nieto con Carmen Aristegui, o que, ante las denuncias de que sus funcionarios espían a periodistas, ordene que los espías procedan contra los periodistas, como hizo también EPN.

López Obrador ha insistido en que cree en la libertad de expresión y en que “la prensa se regula con la prensa”. No ha propuesto que algún tipo de órgano vigile o controle a los medios. Pero su sección “Quién es quién”, más allá de sus graves defectos de realización e incluso de intención -porque no les interesa verificar los datos sino exhibir a críticos-, tampoco va a resolver el problema, al revés, lo va a profundizar generando más enconos, además de que proveerá de munición a quienes gritan “¡dictadura, dictadura!”.

Hasta el final del siglo XX, los presidentes otorgaban el Premio Nacional de Periodismo a sus amigos y aduladores, a quienes se ajustaban a la línea. Ahora, lo que García Vilchis llamó “Pinocho de la Semana” para los que mienten es la copia al carbón de esa práctica, aunque más ominosa porque no es lo mismo que te vistan de halagos que de oprobio.

Pero en la solución a los vicios del premio de periodismo puede estar también la los del “Quién es quién”: la creación de un consejo ciudadano que sea imparcial y profesional, que se apoye en metodologías de verificación, serias y aplicadas por expertos de una manera transparente, que emita opiniones -no sanciones- sobre la calidad de la información que están generando los medios, y que cuente con espacios propios en televisión, internet, prensa y radio.

Y que de esta forma, estimule que los medios se doten de códigos de ética, manuales de mejores prácticas periodísticas y defensorías de la audiencia, y sobre todo, que les dé a los lectores, radioescuchas, televidentes e internautas las herramientas para valorar la confiabilidad y tomar decisiones fundamentadas sobre seguir a un medio o dejar de hacerlo.

Así ya no dependeremos de que la funcionaria a la que, quién sabe por qué razón, le encargaron determinar si un periodista dice o no la verdad, se busque cursillos para averiguar cómo se hace o siga ejercitándose en acusar sin demostrar.