El triángulo de la narcorrupción* | Artículo

Por Héctor Tajonar

 

Uno de los secretos mejor guardados del presidente Andrés Manuel López Obrador es la razón por la que ha impuesto un creciente proceso de militarización, inédito desde que se instituyeron los gobiernos civiles, en 1946, cuando el general Manuel Ávila Camacho le entregó la banda presidencial al licenciado Miguel Alemán Valdés. Ello representa una regresión de 75 años.

El sangriento proceso de la despolitización del ejército mexicano o, si se prefiere, de la desmilitarización de la política, duró tres décadas (1910-1940). La Revolución intentó acabar con el ejército porfirista pero la muerte del presidente Francisco I. Madero y el ascenso al poder del general Victoriano Huerta lo impidió hasta 1914, fecha en el que el Usurpador fue derrotado por la División del Norte comandada por Francisco Villa. De ahí se sucedieron los enfrentamientos entre las diversas facciones revolucionarias:

“Las luchas de 1915-16 eliminaron a la mayor parte de los generales leales a Pancho Villa y a Emiliano Zapata; la rebelión de 1920 eliminó a los partidarios de Venustiano Carranza; los victoriosos de 1920 a su vez eliminaron a la mitad de los generales activos y a otra cuarta parte durante las rebeliones de 1927 y 1929… Para 1929, solamente cinco generales de división quedaron como claros dominantes de la situación y Lázaro Cárdenas, uno de ellos, dio el tiro de gracia a los otros cuatro.” (Edwin Lieuwen, Mexican Militarism: The Political Rise and Fall of the Revolutionary Army, 1910-1940. The University of New Mexico Press, Albuquerque, 1968, pp. xii-xiii).

Con la creación del PNR en 1929, Plutarco Elías Calles intentó limitar la influencia del Ejército en la política. El general Joaquín Amaro, secretario de la Defensa de Calles inició el proceso de reformas militares que fue continuada por el general Manuel Ávila Camacho, secretario de la defensa de Cárdenas.

“Nosotros no trajimos al ejército a la política. Ya estaba allí. En realidad venía dominando la situación y nosotros hicimos bien en reducir su influencia”, explicó general Cárdenas. (Ibid., p. 125).

López Obrador ha hecho lo contrario. El retroceso político representado por la militarización emprendida por el “nuevo régimen” del presidente transformador es de 15 lustros. Infringiendo la Constitución, ha militarizado la seguridad pública y le ha asignado a las Fuerzas Armadas muchas otras funciones que debieran ser desempeñadas por civiles.

El dueño de Morena y la 4T ha ejercido el mando con mayor despotismo al de cualquiera de sus antecesores de la época dorada del presidencialismo autoritario. Sin embargo, su poder está condicionado por el pacto secreto con los altos mandos castrenses.

¿Qué llevó al actual mandatario a cogobernar con los militares, si su prioridad ha sido detentar “todo el poder”?

En primer lugar, el jefe supremo quiso asegurar el control del aparato coercitivo del Estado para garantizar su permanencia en el cargo hasta que él decida irse. El límite constitucional para que ello ocurra es el 1 de diciembre de 2024 y las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad ineludible de respetar ese término.

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A cambio de garantizar la lealtad castrense, el presidente les ha adjudicado funciones y canonjías sin precedente en la historia del país. Ello implica no sólo el aumento del poder político y financiero del Ejército y la Marina sino un alto riesgo de corrupción a gran escala.

La corrupción militar ha sido tema tabú y secreto a voces desde hace más de un siglo hasta el presente. En la época del presidente Venustiano Carranza nació el verbo “carrancear”, como sinónimo de corromper; y el presidente Álvaro Obregón inmortalizó la frase: “Ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos.”

La transición de la era de los generales a la de los “licenciados” iniciada con la presidencia de Alemán (1946-1952) redujo el poder político de la milicia pero no el acceso de los militares de alto rango a privilegios y fuentes de riqueza. Entre ellos, los recursos ilegales provenientes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esa realidad perdura. (Corrupción militar impune, Aristegui Noticias, 24/XI/2020).
¿Qué relación existe entre la militarización y la narcorrupción galopantes en tiempos de la posverdad cuatroteísta?

Otro gran enigma del presidente López Obrador es la presunta complicidad de la 4T con el narcotráfico. Además de estar estrechamente vinculados, la militarización y la narcorrupción representan los dos aspectos más turbios del actual gobierno.

El primero es patente e innegable. Del segundo existen abundantes indicios pero dado el carácter subrepticio e ilegal del asunto resulta difícil de probar. No obstante, es indispensable investigarlo y analizarlo.

Entre 1997 y 2020 fueron detenidos 12 generales del Ejército Mexicano por presuntos vínculos con el narcotráfico. Menciono sólo los dos casos más importantes. En febrero de 1997 fue capturado el General Diplomado de Estado Mayor Jesús Gutiérrez Rebollo, designado meses antes por el entonces presidente Ernesto Zedillo como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (“Zar Antidrogas”). Se le acusó de brindar protección al líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los Cielos”, y fue condenado a 40 años de prisión. (ZETA, 22/X/2020).

El otro caso, más reciente y bochornoso, es el del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, detenido en Los Ángeles, California, 15 de octubre de 2020, acusado de los delitos de conspiración internacional para la distribución de cocaína, metanfetaminas y mariguana, así como lavado de recursos procedentes del narcotráfico. Fue repatriado a México y exonerado días después, sin investigación ni juicio alguno.

La impunidad del general Cienfuegos impuesta por López Obrador a través de la Fiscalía dominada por él mismo fue resultado de la presión de los altos mandos del Ejército. Quedó cancelada la posibilidad de investigar y frenar la creciente penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las altas esferas de las Fuerzas Armadas que han convertido a México en un narcoestado, como lo mencionó el propio mandatario al enterarse de la detención del ex secretario de la Defensa.
El presidente tuvo que recular y plegarse a la orden de la poderosa élite castrense. Ya nadie habla de este ignominioso suceso que exhibe a un gobierno que ha decidido plegarse ante la fuerza armada y pactar con un sector del narcotráfico. (Poder militar y narcoestado, Aristegui Noticias, 18/I/2021).

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Durante su gestión, el presidente ha realizado cuatro visitas al pequeño poblado de Badiraguato, centro del llamado “Triángulo Dorado”, santuario del Cártel de Sinaloa y de los cultivos de amapola para la producción y exportación de heroína. López Obrador ha propuesto que se le cambiara el nombre a “Triángulo de la gente buena y trabajadora”.

Su proverbial cinismo denota lo que cada vez se revela con mayor claridad: El “Triángulo de la narcorrupción de la 4T”, constituido por tres vértices representados por las cúpulas del Ejército, el crimen organizado y el Poder Ejecutivo.
La narcorrupción, principal motor del crimen organizado, es una hidra de mil cabezas que se ha infiltrado en los tres poderes y los tres niveles de gobierno de la federación, incluidas las instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia, así como en las Fuerzas Armadas. De acuerdo con un informe oficial del Pentágono , la delincuencia organizada controla más de una tercera parte del territorio nacional, 823 municipios de un total de 2 mil 471. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, 30/V/2022).

Al igual que los gobiernos anteriores, la “cuarta transformación” ha claudicado de la responsabilidad primordial del Estado. Sustentada en dádivas a los jóvenes y en la aberrante frase “abrazos no balazos”, la política de seguridad impuesta por el mandatario ha sido no sólo un fracaso sino una burla a la inteligencia ciudadana, además de una afrenta a la dignidad militar.
Así como ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, ha instigado a la Guardia Nacional a huir de los criminales en lugar de someterlos. Ello ha fortalecido a la delincuencia organizada y vulnerado la seguridad de la sociedad. El aumento de la violencia criminal no parece tener fin.

En ese contexto, y ante la creciente participación del narco en los procesos electorales, denunciada por el PAN y el PRD ante la OEA, más las que se presenten ante el INE y el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; las recientes declaraciones públicas acerca de la presunta connivencia del gobierno actual con los criminales hechas por tres figuras relevantes de la política cobran especial relevancia.

La senadora Lilly Téllez, del PAN, dijo en tribuna que “Morena es el brazo político del crimen organizado”; el exdiputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, declaró ante la COPPAL que “Andrés Manuel López Obrador debe entender que su contubernio o alianza con el narco no es heredable”. En entrevista con Carmen Aristegui, el excandidato del PRI a la Presidencia, Francisco Labastida, afirmó que “existen indicios que apuntan a una protección muy sospechosa del gobierno federal al narcotráfico, al Cártel de Sinaloa”. Asimismo, describió con detalle la intervención del crimen en la elección del actual gobernador de Sinaloa.

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Como es costumbre, tales acusaciones han sido desdeñadas en las mañaneras por ser algo “muy corriente, muy vulgar”, o bien negándolas porque “eso es lo que piensan los conservadores”. Denigrando y abusando de su investidura, el presidente ha vuelto a arremeter de manera artera y ruin contra Carmen Aristegui por haber transmitido la entrevista con Labastida.

Todo ello es inadmisible y no hace sino confirmar que el trato complaciente y melifluo que el mandatario brinda a las delincuentes, en contraste con el que les da a las víctimas de sus crímenes; el apoyo electoral del crimen, así como la restricción de la operación de agencias como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE para combatir el crimen son hechos que revelan la narcorrupción de la 4T.

El Triángulo de la narcorrupción muestra la execrable codicia patrimonialista inserta en la regresiva “cuarta transformación”. El régimen de simulación de la 4T merece ser enviado al basurero de la historia o al rancho del señor presidente.

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* El vocablo narcorrupción elimina una sílaba co para evitar la cacofonía, al tiempo de enfatizar la colusión entre el narcotráfico -el agente corruptor- y la corrupción de quienes tienen la responsabilidad de combatirlo.