Familiares frenan reapertura de fosas en Jojutla y exigen intervención federal

[Síguenos ahora también en WhatsApp. Da clic aquí]

Por Estrella Pedroza

Colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia suspendieron los trabajos de reapertura de las fosas comunes en el panteón Pedro Amaro, en Jojutla, exigiendo la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Este proceso corresponde a la tercera intervención en dichas fosas, tras las diligencias realizadas en 2017 y 2022. La urgencia y la falta de confianza en las autoridades estatales motivaron la demanda de presencia federal para garantizar que el proceso de identificación se realice de manera adecuada.

A las siete de la mañana, Luis Goytia, fiscal especial en desapariciones, dio inicio a las actividades, presentando a las familias el equipo asignado para la exhumación, incluyendo a peritos y a la ministerio público encargada. Aunque también se contó con la presencia de un notario para dar fe de las diligencias, las integrantes de colectivos cuestionaron que la FGE emprendiera las labores sin la FGR y la GN, lo cual —según argumentaron— podría obstaculizar la confrontación de perfiles genéticos y comprometer la calidad de las pruebas forenses.

Goytia explicó que la FGE había solicitado la intervención de la FGR y la GN, pero ambas instancias rechazaron la solicitud. Sin embargo, las buscadoras exigieron ver el documento, pues afirmaron tener información de que los oficios se enviaron recientemente y sin apego al procedimiento adecuado.

Tras la insistencia, el fiscal permitió que los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y Valeria Zapata, vocera de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas (BNBP), tuvieran acceso a la lectura de los documentos, reafirmando su compromiso de supervisar que los trabajos se realicen con transparencia.

Foto: Estrella Pedroza

En entrevista, el fiscal Goytia destacó la colaboración de la FGE con peritos del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), señalando que esta fase es una continuación de los trabajos previos en el sitio.

Explicó que el plan de trabajo se hará público para que las víctimas puedan seguir cada etapa de las labores, que se extenderán entre dos y cinco semanas en la “zona cero” del cementerio.

También señaló que la FGE ha avanzado en materia de identificación genética, obteniendo certificación internacional en su laboratorio de genética, y que el equipo de peritos, así como las instalaciones, cumplen con los estándares requeridos. “Se ha garantizado la participación de otros peritos expertos, incluyendo el EMAF y los servicios periciales de la Comisión de Búsqueda y de Víctimas. La CDHM también mantendrá un monitoreo completo”, dijo el fiscal.

Las familias exigen garantías y participación federal

Pese a la disposición de la fiscalía, las familias y colectivos continuaron mostrando desconfianza. Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete —joven secuestrado y asesinado en 2014, localizado en las fosas de Tetelcingo—, cuestionó la capacidad de la FGE para llevar a cabo una identificación confiable, recordando las fallas en los trabajos realizados en 2016 y 2017.

“No podemos arriesgar que los restos aquí exhumados terminen en una nueva desaparición; queremos certeza de su identificación y devolución a sus familias”, expresó Hernández, quien también acusó a la fiscalía de excluir a los colectivos de reuniones clave y de limitar el acceso a minutas de los procedimientos anteriores.

Foto: Estrella Pedroza

Por su parte, Valeria Zapata, vocera de la BNBP, aprovechó un receso en las diligencias para informar en conferencia de prensa que la FGE envió los oficios de invitación a la FGR y la GN solo quince días antes, obteniendo una respuesta negativa por “sobrecarga de trabajo” en el caso de la GN, ocupada en el Tren Maya y otras obras. “Pero esta falta de intervención no está vinculada a su área científica, que es lo que requerimos aquí”, enfatizó Zapata.

Cierran el acceso a Zona Cero

Al finalizar la conferencia, los familiares y buscadoras, en su mayoría mujeres, bloquearon el acceso a la zona de trabajo, formando una cadena humana y negando la entrada al personal de la FGE.

Aunque algunos trabajadores intentaron negociar, la postura de los familiares se mantuvo firme: no permitirán el reinicio de las labores sin la presencia de la FGR y la GN. Los trabajadores de la fiscalía ingresaron solo para recuperar sus pertenencias y equipos antes de retirarse.

Hasta el cierre de esta edición, ni la gobernadora Margarita González Saravia ni otros funcionarios estatales o federales habían emitido una respuesta oficial.