CNDH emitió y ocultó recomendación para indemnizar a Gutiérrez Vivó con 42 mdp
La recomendación 54/2020 está reservada y fue avalada directamente por la actual presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra.
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Por Regina Diez Gutiérrez y Juan Omar Fierro
En completa opacidad y en tiempo récord, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 una recomendación en la que solicitó al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el pago de una indemnización por un monto de 42 millones de pesos al periodista José Gutiérrez Vivó, tras dar por acreditadas violaciones a sus derechos a la libre expresión, a la libertad de ejercer su profesión y al libre desarrollo de su proyecto de vida.
La recomendación 54/2020 fue avalada directamente por la actual presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, y se reservó con el argumento de que se podría identificar a la víctima, por la inclusión de cinco notas periodísticas que exponen algunos antecedentes del caso.
La CNDH informó a Aristegui Noticias que la recomendación ya se dio por cumplida, es decir, que el gobierno de México cumplió con la principal medida de reparación: el pago de los 42 millones de pesos a la parte afectada.
El monto de la indemnización entregada a Gutiérrez Vivó se decidió de forma discrecional por la Comisión, ya que la estimación de la misma no contó con peritajes y se calculó con base a una petición inicial del propio afectado, sin más análisis que los daños estimados por el propio periodista por la pérdida de sus empresas y bienes en México, antes de partir hacia el exilio a Estados Unidos.
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Una recomendación oculta
En la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por el órgano autónomo en el año 2020. Todas menos una: la no° 54/2020.
La recomendación no° 54/2020 de la CNDH está firmada por su titular, Rosario Piedra Ibarra, y en apenas 33 páginas se que concluye el periodista José Gutiérrez Vivó, así como las empresas de las cuales era accionista mayoritario (Infored, S.A. de C.V. y El Heraldo de México , S.A. de C.V.) fueron objeto de censura informativa, por instrucciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), a través de acciones y omisiones que transgredieron su derecho a la libertad de expresión.
El documento -al que este medio tuvo acceso-, detalla que el 28 de septiembre de 2020, la CNDH recibió el escrito de queja de Gutiérrez Vivó, mediante el cual denunció que desde el año 2000, fue objeto de censura informativa, por parte de personas servidoras públicas adscritas a RTC de la Secretaría de Gobernación, lo que “violentó su derecho humano a la libertad de expresión”.
Apenas 20 días después, el 18 de noviembre del 2020, la CNDH emitió la recomendación dirigida a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero por las violaciones a los derechos humanos de la víctima.
“En el presente caso, la violación al derecho humano de V (Gutiérrez Vivó) a la libertad de expresión por actos de censura informativa afectó su libertad de ejercer la profesión periodística en México, así como su proyecto de vida”, señala la CNDH.
La recomendación fue notificada a la Secretaría de Gobernación el 19 de noviembre del 2020 y en un plazo exprés de 15 días, durante la decimoctava sesión del “Comité Técnico del Fideicomiso 10233 de Bansefi, Cumplimiento de obligaciones en Materia de Derechos Humanos” se acordó el pago de la reparación del daño en favor del periodista.
Sin más preámbulo, el 4 de diciembre del 2020, el citado Comité Técnico autorizó por unanimidad el pago de la indemnización por 42 millones de pesos al periodista Gutiérrez Vivó bajo el concepto de ‘pago inmaterial’, de acuerdo con el acta de la reunión consultada por Aristegui Noticias.
Censura y despedida
Después de 33 años de transmisiones ininterrumpidas, el 29 de junio de 2007, José Gutiérrez Vivó anunció la salida del aire del noticiario radiofónico de Grupo Monitor que él conducía y dirigía.
En su último programa explicó que su despedida se debía a la insolvencia económica de sus empresas Infored y El Heraldo, provocada por un bloqueo publicitario impuesto desde el gobierno federal para censurar su noticiero y así causar su quiebra.
Debido a esta situación, reconoció que había incumplido por casi tres meses con el pago de salarios y prestaciones a sus 96 trabajadores sindicalizados y 250 empleados de confianza.
La publicidad no llega, y no llega (…) porque hay indicaciones de que no llegue. Recuerde que es un boicot económico.
También culpó de su salida del aire a Grupo Radio Centro y al empresario Francisco Aguirre con quien mantenía una disputa comercial por un monto multimillonario de 21 millones de dólares por un presunto incumplimiento de contrato.
En entrevista con el periodista Luis Pablo Beauregard (2015) de ‘El País’, Gutiérrez Vivó afirmó que salió de México porque el expresidente Felipe Calderón lo sacó del aire por darle cobertura a su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador.
“Fox dio el golpe, pero fue Calderón el que desmanteló todo operativamente. La Junta de Conciliación y Arbitraje nos sacó con un fallo hecho expresamente contra nosotros. Inventaron una huelga y se fueron en mi contra”, afirmó.
Vivó añadió que las acciones de censura destruyeron su carrera periodística y su prestigio público, además de que le provocaron pérdidas económicas cuantiosas y llevaron a la quiebra de sus empresas.
Detalló que esta situación le provocó problemas de salud y argumentó que por temor a represalias adicionales, se vio obligado a mudarse permanentemente a Estados Unidos, lo que también significó el abandono de su carrera en México.
Los argumentos de la CNDH
Tras analizar la queja del periodista, la CNDH dio por acreditadas las violaciones a los derechos humanos de José Gutiérrez Vivó, concatenando los señalamientos de José Gutiérrez Vivó con 15 citas de tratados y documentos internacionales en materia de libertad de expresión, por lo que solicitó a la Secretaría de Gobernación proceder a la reparación del daño mediante una indemnización material.
En sus conclusiones, la CNDH señala que Gutiérrez Vivó fue víctima de la censura indirecta ejercida por gobiernos anteriores que se oponían “de manera abierta a permitir un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, que llevó a la destrucción de su carrera periodística”.
Al igual que otros periodistas, fue expulsado de la radio por su labor informativa, pero se buscaron otros mecanismos y pretextos legales para hacerlo…
Además, la comisión reconoce que la publicidad oficial es un mecanismo de presión del gobierno federal para influir en la vida interna de los medios, pero sin mencionar que el gobierno de López Obrador se negó a regularla, pese a que había sido una de sus promesas de campaña.
“… la publicidad oficial es uno de los mecanismos más sutiles que demuestra censura indirecta; estas prácticas afectan negativamente la calidad de los medios de comunicación, limitan la libertad de expresión y violan el derecho a la información pública. El retiro o la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación se ha vuelto una estrategia para censurar indirectamente el contenido de la información, el clientelismo como mecanismo de negociación.”
Tiempo de pagar
En el “Acuerdo 2/18va Decimoctava Sesión Extraordinaria” del ‘Comité Técnico del Fideicomiso 10233 de Bansefi para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos’, celebrada el 4 de diciembre de 2020, se autorizó el pago de por un monto de $42,000,000.00 (Cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) a favor de José Elías Gutiérrez Vívó bajo el concepto de “daño inmaterial”, destacando que su carácter de víctima fue acreditado por la CNDH en la Recomendación 54/2020.
La recomendación resalta que Gutiérrez Vivó se quejó de “la depredación y desaparición de equipos y propiedades esenciales para su trabajo”.
Entre los bienes que presuntamente perdió, el periodista enlistó el edificio de sus oficinas centrales, bodegas, frecuencias de radio concesionadas, flotillas de vehículos para reporteros, un estudio y laboratorio ecológico móviles, un helicóptero, estudios de transmisión y equipos técnicos de radiodifusión que valuó en más de $100 millones de pesos.
En su recomendación, la CNDH consideró que la cantidad razonable para cubrir la reparación del daño, por las violaciones a los derechos humanos sufridos por la víctima y en términos de los estándares nacionales e internacionales, ascendía a un monto de 42 millones de pesos.
Esa cantidad se justificó con citas de Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre qué es la reparación del daño. Sin embargo, no se incluyeron facturas, peritajes o estudios de ningún tipo para soportar el monto de la compensación.
El área de Difusión de la CNDH confirmó a este medio que en septiembre de 2023 se dio por totalmente cumplida la recomendación, es decir, que se cumplió con la reparación del daño.
Reserva contradictoria
En las conclusiones de la misma recomendación, la CNDH justifica la reserva de la misma con lo que dice el artículo 134 de su Reglamento Interno, el cual señala de forma textual que el presidente (a) de la Comisión Nacional puede reservar el contenido de una recomendación “cuando la naturaleza del caso lo requiera”.
No obstante, la oficina de divulgación de la CNDH aseguró a Aristegui Noticias que la reserva de la recomendación se hizo a petición de la víctima, versión que choca con el texto de la recomendación.
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De hecho, la recomendación del caso Gutiérrez Vivó es la única que permanece reservada en el año 2020 y también es de las pocas que no se publicitaron a través de un comunicado de prensa.
La determinación contrasta con diversos comunicados emitidos por la Comisión, a modo de réplica frente a distintas notas periodísticas que han cuestionado a su titular, y en los que ese organismo expone los nombres de periodistas y medios que han criticado a la CNDH y a su presidenta, Rosario Piedra, de acuerdo con el informe del Centro ProDH, denominado “CNDH, balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024″.
Este medio intentó localizar a Gutiérrez Vivó a través de personas allegadas y un antiguo número telefónico, pero hasta el momento no ha tenido éxito.