Publican decreto de nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Ante las preocupaciones de incertidumbre jurídica y desigualdad en perjuicio de las personas justiciables, se publicó este miércoles, con un retraso de 4 años, el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCP).

La nueva herramienta legislativa, que fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca homologar a nivel nacional los procedimientos sobre la impartición de justicia administrativa civil y familiar con tal de resolver controversias entre particulares.

Esto involucra sucesiones, divorcio, guarda y custodia, pensión alimenticia y violencia familiar, entre otros asuntos.

Así, a partir de su expedición se homologarán los procedimientos para llevar a cabo la declaración de ausencia para personas desaparecidas, mientras que la resolución de pensiones alimenticias provisionales se dará en menos de 24 horas, las sentencias para deudores de rentas en menos de 30 días y de divorcio en menos de 15 días. Igualmente, contempla medidas de protección a víctimas de violencia familiar en un plazo de 72 horas.

Además, pretende simplificar los procesos de adopción e integra una perspectiva de género y niñez, así como la atención a grupos vulnerables en los procedimientos. Por último, estipula la implementación del juicio oral y aplicación de herramientas tecnológicas, como juicios en línea, audiencias a distancia y firmas electrónicas.

El CNPCP se encuentra integrado por 1191 artículos comprendidos en diez libros, así como por 20 artículos transitorios.

La ley, impulsada por la reforma constitucional de 2017 al artículo 73, debía ser implementada en el 2018. A falta de ella, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ordenó expedir la legislación.

El código fue aprobado por el Senado de la República el pasado 12 de abril y por la Cámara de Diputados el 24 del mismo mes. Su aplicación entrará en vigor en forma gradual a nivel federal y local, sin que pueda exceder del 1 de abril de 2027.

La publicación fue celebrada por políticos y organizaciones, incluida la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien reiteró que el código “favorece los derechos de las personas con discapacidad y de las personas desaparecidas”.

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“Su implementación efectiva es fundamental”, subrayó.

A esto se sumó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Escuela Libre de Derecho. También fue celebrado por las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa, entre otros.

Sin embargo, este martes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, junto con presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados (CONATRIB) advirtieron que los recursos para los poderes judiciales locales ne están previstos ni garantizados en la ley. Por lo tanto, exigieron que estos sean dotados de los medios suficientes.