Córdova insta a Presidencia a leer la Constitución
Parte del debate político ante la definición en el máximo tribunal de la primera parte del Plan B de reforma electoral.
Lorenzo Córdova recomendó a la Consejería Jurídica de Presidencia de la República leer completa la Constitución mexicana.
Esto, como respuesta al comunicado en el que el Poder Ejecutivo afirmó que si la Corte invalida la primera parte del “Plan B” electoral “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.
El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que la Consejería Jurídica debería leer toda la constitución, “no sólo lo que dogmáticamente” le interesa.
Posteriormente escribió: “Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos”.
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La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analice a fondo el Plan B y no lo deseche por formalismos, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
En el comunicado, se señala que la SCJN ha negado la petición para resolver en primer término las demandas presentadas en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) que están desde 2018.
Ante esta situación, la Presidencia argumentó que existen dos parámetros diferentes para revisar las leyes: uno “para las leyes del régimen neoliberal, que no han sido dictaminadas en cinco años, y otro para las normas que buscan la transformación exigida por el pueblo de México, las cuales se resolverían en tres meses”.
En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, se propone anular la totalidad del decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022, conocido como el Plan B.
Esto, debido a que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, argumenta que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, una afirmación que la Presidencia considera falsa.
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La Consejería Jurídica criticó que el ministro ponente haya omitido tomar en cuenta los argumentos de las autoridades demandadas, lo cual, según ellos, va en contra de su obligación de examinar en su conjunto los razonamientos de todas las partes involucradas.
Además, se señala que el proyecto de sentencia no examina la dispensa de trámite, una atribución reglamentada de los legisladores que permite someter un asunto a discusión y votación sin pasar por comisiones.
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