Funcionarios responsables de espionaje con Pegasus no deben quedar impunes: organizaciones | Comunicado

Las organizaciones Artículo 19, Social TIC y R3D instaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a abordar el caso del uso del malware Pegasus no solo como un tema entre particulares, sino como parte de una operación más amplia que involucra actores tanto públicos como privados.

A través de un comunicado, las organizaciones hicieron un llamado, producido en el contexto del inicio del primer proceso judicial por el uso indebido de Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

El proceso se centra en Juan Carlos “N”, operador técnico del malware, acusado del delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas de la periodista Carmen Aristegui. 

La investigación “Gobierno Espía” reveló que Aristegui fue objeto de espionaje con Pegasus entre enero de 2015 y julio de 2016, en medio de acoso y hostigamiento por su cobertura de casos graves de corrupción.

En el primer día de audiencias, un testigo protegido, conocido como “Zeus”, detalló cómo diversas empresas intermediarias de KBH Applied Technologies Group (KBH), proveedoras autorizadas por NSO Group para comercializar Pegasus en México, utilizaron el malware contra Aristegui y otras figuras públicas, señaló el comunicado. 

Según el testimonio, estas acciones fueron ordenadas por altos funcionarios, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el extitular del CISEN Eugenio Imaz.

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La misiva señala que el testigo “Zeus” señaló la conexión directa de Uri Ansbacher, dueño de KBH, con funcionarios de alto nivel y diversas instituciones gubernamentales. 

Además, destacó que las empresas de KBH participaban en licitaciones de seguridad a nivel federal y estatal mediante prestanombres, obteniendo beneficios económicos significativos.

Ante este escenario, las organizaciones enfatizaron la necesidad de investigar a fondo todas las partes implicadas en el uso ilegal de Pegasus, incluyendo a los funcionarios públicos de alto rango. 

Asimismo, subrayan que el juicio contra Juan Carlos “N” no debería limitarse a una cuestión entre particulares, sino que debe indagar en la complejidad del aparato de espionaje construido entre actores públicos y privados.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro de las organizaciones:

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