Exige ONG frenar iniciativa de ALDF que fomenta uso de motocicleta sobre transporte público

La organización El Poder del Consumidor hizo un llamado este miércoles a la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa para frenar una iniciativa en la cual se pretende modificar el artículo 6 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y posicionar a la motocicleta como tercer modo de transporte -después de los peatones y ciclistas- y desplazar al transporte público al cuarto nivel.

Frente a la iniciativa de los diputados Beatriz Olivares, Víctor Hugo Romo, José Manuel Delgadillo y Francis Pirín, que encabezan la Comisión de Movilidad, El Poder del Consumidor señaló los riesgos que ésta representa para la seguridad vial, las políticas integrales de transporte y movilidad, así como la contaminación atmosférica.

La asociación señaló que de acuerdo con estimaciones basadas en la encuesta Origen-Destino 2007,  la Ciudad de México contribuye con la generación de 49 millones de viajes diarios, donde el 53% de éstos se realizan en transporte público, 30% en movilidad activa (caminar y andar en bicicleta) y sólo el 17% en transporte privado, donde se incluye el uso de la motocicleta.

Indicó que se tienen que priorizar las políticas públicas de transporte en la Ciudad de México y señaló que “adoptar otro camino irrumpe el compromiso que ratificó México en el Acuerdo de París en 2015 para lograr reducir 22% la generación de gases de efecto invernadero para el año 2030 y reorientar su desarrollo hacia un país más sostenible”.

Por su parte, Víctor Alvarado, coordinador de movilidad urbana de El Poder del Consumidor, declaró: “Antes de pensar en iniciativas para posicionar a la motocicleta como tercer modo de transporte, las autoridades deben generar políticas públicas que contemplen las múltiples dimensiones del uso de la motocicleta y que resuelvan las principales consecuencias negativas que el uso de la motocicleta conlleva”.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de “trabajar en una norma de verificación que actualmente no existe y que por ende las motocicletas no son verificadas y no hay un control de sus emisiones”.

Alvarado explicó que al generar mecanismos que fomenten el uso de la motocicleta por encima de la movilidad activa y el transporte público, se repite la historia de ver al transporte individual motorizado – automóvil y motocicleta – como la panacea a los problemas de la movilidad.

Esta situación “ha provocado el colapso vial de nuestras grandes urbes, agudización de la contaminación atmosférica, incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento en los tiempos de traslado, tránsito cargado, bajas velocidades, olvido del transporte público, deterioro del espacio urbano y la convivencia social”, dijo.

Una persona en motocicleta genera por cada kilómetro recorrido de 91% a 95% más gases de efecto invernadero en comparación con las emisión de autobuses de transporte público y sistemas como el Metrobús; a su vez, aumenta el riesgo de incidentes viales, informó la organización.

Según la organización, en México las defunciones de usuarios de motocicletas creció más del doble en 5 años: en 2010 se registraron 1,218 casos y en 2015 se alcanzó 2,622 decesos.

Ausencia de regulación y políticas públicas en la gestión vial

Stephan Brodziak coordinador de seguridad vehicular en El Poder del Consumidor señaló: “En México vivimos un ambiente de alta inseguridad vial y ello se debe, en parte, a la ausencia de regulaciones de los sistemas de seguridad en los vehículos y las políticas públicas para aplicar la adecuada gestión vial”.

“Ejemplo de lo anterior es la posibilidad de comercializar motocicletas sin frenos ABS, siendo que esta tecnología es la más eficaz para evitar siniestros en motos. Otro punto es que, en gran parte del país, los motociclistas no están obligados a usar casco y, además, no contamos con una norma que certifiqué la seguridad de los cascos que se venden”, indicó Brodziak .

En este tenor, la organización resaltó la importancia de mejorar los sistemas de transporte público en términos de cobertura, transferencias, frecuencia de servicio, política tarifaria, comodidad, y tiempos de acceso, para convertirse en una alternativa atractiva que evite el uso de las motocicletas.

También se deben adoptar regulaciones que beneficien realmente al gremio motociclista en cuanto a condiciones de seguridad y no sólo medidas que beneficien en gran medida a la industria de motocicletas y a los distintos establecimientos de venta.

A la fecha de acuerdo con INEGI se pasó de 59,130 motocicletas registradas en circulación en 2012 a 257,535 motocicletas en 2016. Su incremento se debe en gran medida a las facilidades de adquisición que ofrecen los puntos de venta con pagos semanales y a bajos intereses.