Los tiempos políticos y las agendas prioritarias | Artículo

Mario Luis Fuentes

A medida que se aproxima el cierre de la administración, el presidente de la República avanza de manera más decidida en el conjunto de las agendas que son de su interés personal y de su partido político. Los signos y mensajes que emite todos los días no dejan lugar a dudas: está decidido a utilizar todos los recursos constitucionales y metaconstitucionales a su alcance, para imponer a quién deberá sucederlo en el cargo, y garantizar -en la medida que eso es posible- que habrá continuidad en su visión y proyecto de país.

Como ningún otro presidente en la historia reciente del país, el actual Jefe del Estado ha acumulado un poder enorme, y desde Palacio Nacional maneja si no la totalidad, sí los más importantes hilos del poder y de las correas de transmisión de instrucciones y orientaciones para la toma de decisiones en los gobiernos estatales y en los de las principales ciudades del país donde su partido es gobierno.

Frente a una oposición fracturada, el presidente transita en su esquema de poder sin que haya voces ni fuerzas capaces de imponerle límites, o al menos costos políticos a sus decisiones, sobre todo a las más polémicas y a las que son francamente equívocas.

Lo que habrá de ocurrir, de seguir las cosas como hasta ahora, es que todas las acciones del presidente tendrán como beneficiario principal a Morena; aunque no necesariamente con ello a la sociedad mexicana, la cual sigue padeciendo los efectos, sí de las perniciosas políticas del pasado, pero igualmente de la acción deficitaria en esta administración.

Así las cosas, la discusión que debería comenzar a gestarse es la relativa a las cuestiones estructurales y prioritarias para el país, y en las cuales, los indicadores oficiales y no oficiales, dan cuenta de un gobierno que entregará muy malos resultados, e incluso en algunos rubros, a pesar de la retórica oficial, peores a los entregados por las administraciones precedentes.

Desde esta perspectiva hay cuatro frentes en los que, si el presidente auténticamente está interesado en un cambio de rumbo para el país, se deberá avanzar de manera decidida y, más allá de la propaganda, concitar a las personas de mayor conocimiento y capacidad para operar una transición del calibre que los problemas del país demandan.

El primero de esos frentes es el de la erosión de la democracia en el país. Las elecciones se siguen desarrollando, pero la lógica de un partido hegemónico, en el cual las oposiciones juegan un papel o testimonial o de “partido satélite” de Morena, resulta absolutamente perniciosa para la sociedad mexicana. Desde esta perspectiva, el papel del ejecutivo, si quiere actuar como estadista, debería orientarse a una reforma política que fortalezca a las instituciones electorales, antes que orientar sus baterías a desmantelarlas.

Asociado a lo anterior, una reforma de ese tipo debería permitir la construcción de un sistema de partidos auténticamente representativos del pluralismo político del país, y que al mismo tiempo tengan la capacidad de identificar, diagnosticar y defender agendas de grupos minoritarios o de defensa vanguardista de los derechos humanos o de agendas emergentes que permitan ampliar nuestro marco y sistema de libertades.

El segundo frente que debe discutirse, y comenzar a re-cimentarse, es el relativo a cómo recuperar la senda del crecimiento económico. México crecerá, de acuerdo con todas las previsiones serias, en alrededor de 1.2 o 1.6% acumulado en todo el sexenio. Será, desde esa perspectiva, el peor resultado desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Ante ello, lo que el Presidente debería impulsar es una nueva reforma fiscal, que lejos de exprimir a la base gravable que hoy tenemos, cambie la estructura de recaudación que alienta la concentración del ingreso y que determina con ello la anemia fiscal del Estado.

En ese sentido, una reforma fiscal así debería dar pie a una reforma hacendaria integral, construida desde una férrea defensa del federalismo y del municipio libre como unidad política básica de nuestro sistema. Fortalecer a la República para garantizar que se contará con capacidades para impulsar una nueva dinámica de desarrollo regional, y con ello, iniciar un proceso que equilibre a las regiones y los territorios, que se reducan brechas y se cierren las profundas desigualdades que tienen partido al país, ya no sólo en dos, sino en “tres México”.

La tercera agenda que debe abordarse es la de la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades y brechas entre personas. México debería ser capaz de cumplir con la meta de haber erradicado a la pobreza en todas sus formas, a más tardar en el año 2030. Y a la par de ello, generar nuevos mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza, para evitar que haya personas para quienes el mínimo vital no es sino una aspiración de cumplimiento, si acaso en el muy largo plazo.

Finalmente, se encuentra la agenda de la paz. Hasta ahora, los resultados del sexenio están muy lejos de lo planteado en campaña: son ya casi 130 mil asesinatos y más de 100 mil personas no localizadas y desaparecidas, amén de las incontables víctimas del delito y también de los abusos, errores y omisiones de las policías en todos sus ámbitos, pero predominantemente en los estatales y municipales.

La promesa de reconciliación y pacificación del país debería tener avances significativos, que no se han concretado ni en asuntos que fueron tomados como emblemáticos en la campaña del 2018; y mucho menos en los dramáticos ejemplos que se han venido sucediendo a lo largo de los ya casi cuatro años que van de esta administración.

Pacificar al país implicará también construir el mando civil de la seguridad pública; y de una vez por todas un sistema capaz de resistir a la corrupción sistémica; de mantener depuradas a sus corporaciones policiacas; pero, sobre todo, de garantizar paz y seguridad a la población.

No es viable para México que la administración siga militarizando áreas fundamentales que corresponden a los ámbitos civiles, que además de la seguridad pública implican aduanas, puertos, aviación civil, migración y construcción de obra pública, por citar las más visibles.

Es cierto que hay grupos que ya están discutiendo públicamente estos temas; pero lo urgente es que se multipliquen y que se genere una discusión pública lo suficientemente amplia y plural, que obligue a quienes sean las y los candidatos a la Presidencia de la República, a generar una lógica de consensos y acuerdos incorpore a todas las visiones y posiciones relevantes respecto del desarrollo y la democracia de nuestro país; pues lo que está en juego es nada menos que la viabilidad del país como un régimen democrático de derecho, orientado a la garantía universal de los derechos humanos y sociales.

Investigador del PUED-UNAM