Operación Safiro: juicio a exfuncionario del PRI imputado por presuntos desvíos entra a etapa final
Excolaborador de Beltrones en la dirigencia del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, podría ser condenado por peculado a nivel local, pero su proceso a nivel federal se mantiene congelado por petición de la controversia que EPN heredó a AMLO en 2018.
Por Juan Omar Fierro
Considerado por el gobernador Javier Corral como el hombre que puede demostrar los vínculos del expresidente Enrique Peña Nieto con presuntos actos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas electorales, el exsecretario adjunto de la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, busca frenar a toda costa los procesos penales que se le siguen en Chihuahua por su participación en la llamada Operación Safiro.
Con un proceso federal suspendido desde el pasado 29 de octubre, fecha en la que el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, admitió a trámite una inusual controversia constitucional presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para detener las indagatorias contra Gutiérrez Gutiérrez, el exfuncionario del PRI nacional enfrenta una segunda acusación por el delito de peculado agravado, aunque se trata de una imputación penal de carácter local.
El juicio contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por este delito concluyó la etapa de desahogo de pruebas el viernes pasado, por lo que esta misma semana podría dictarse sentencia en uno de los casos más emblemáticos de la llamada Operación Safiro que también involucra al exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray, al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y al expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Incluso, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha sostenido que la trama de la Operación Safiro “toca centralmente” al expresidente Enrique Peña Nieto, ya que Gutiérrez Gutiérrez “puede involucrar” al exmandatario con el presunto desvío de los 250 millones de pesos para financiar con dinero ilícito las campañas electorales del PRI en 2016.
“Estos personajes son los que realmente pueden involucrar a Peña Nieto y son los que pueden demostrar que él estaba enterado de todas estas cuestiones”, sostuvo Corral en septiembre de 2018.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el hombre clave de la Operación Safiro
La Operación Safiro o Saneamiento Financiero es una investigación iniciada por la Fiscalía General de Chihuahua para acreditar un presunto desvío por un monto de 250 millones de pesos que se sustrajeron de las finanzas del gobierno estatal para financiar de manera ilegal las campañas electorales del PRI en los comicios locales de 2016.
Una investigación de los periodistas Jesús Esquivel y Azam Ahmed publicada en el diario The New York Times en diciembre de 2017, indica que la Operación Safiro contó con la presunta complicidad del entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público (SHCP), a cargo en ese momento de Luis Videgaray.
A pesar de que tanto Beltrones Rivera como Videgaray Caso siempre negaron su participación en cualquier acto ilícito, el ex presidente nacional del PRI ha presentado tres juicios de amparo para conocer los expedientes y las alusiones que se hacen a su persona dentro de la carpeta de investigación. En uno de ellos, logró la suspensión de cualquier orden de aprehensión girada en su contra.
La presunta triangulación de recursos se hacía de dos formas, una era simular obra pública para dependencias del Gobierno de Chihuahua a través de empresas ligadas a servidores públicos o funcionarios partidistas, esquema en el que se ubican los dos procesos penales que existen contra Gutiérrez Gutiérrez, uno federal por peculado por el monto de 250 millones de pesos y el segundo del fuero común por un peculado de un millón 740 mil pesos.
La otra forma de desviar recursos era la entrega contratos a empresas “fantasma”, mecanismo que los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron para el presunto desvío de casi 650 millones de pesos en siete entidades federativas, dinero que supuestamente se sustrajo de cinco gobiernos estatales (Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México), el Congreso del Estado de Morelos y la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, todos bajo el dominio del PRI.
De acuerdo con testimonios rendidos por ex funcionarios que ya reconocieron su culpabilidad ante jueces penales, Alejandro Gutiérrez fungió como enlace entre el gobierno de Chihuahua, funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y la dirigencia nacional del PRI para concretar el presunto desvío de los 250 millones de pesos.
A nivel local, la Fiscalía General de Chihuahua le imputa a Gutiérrez Gutiérrez el presunto desvío de 1.7 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Hacienda a nivel local, recursos que fueron depositados en dos empresas vinculadas con el empresario coahuilense y su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez.
Ese dinero es una presunta comisión por la intermediación que se le atribuye a Alejandro Gutiérrez padre en la Operación Safiro, según fuentes ministeriales. Sin embargo, el presunto pago no consta en el proceso judicial que se le sigue a Gutiérrez Gutiérrez en el fuero común, por lo que el señalamiento directo es solo por el delito de peculado agravado en perjuicio del Gobierno de Chihuahua.
A pesar de ello, fuentes de la Fiscalía General de Chihuahua consideran que la sentencia condenatoria del ex directivo priista en el proceso del fuero común, puede servir para reforzar la indagatoria abierta a nivel federal por el presunto desvío de los 250 millones, trama en la que también aparecen señalados el ex secretario de Hacienda federal, Luis Videgaray, y el exlíder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Gobierno de Peña Nieto benefició a defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
La defensa de Alejandro Gutieŕrez Gutiérrez sostiene una estrategia legal en dos frentes: a nivel estatal busca evitar que se le dicte una sentencia por peculado agravado en el juicio que la Fiscalía General de Chihuahua instruyó en su contra por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos, recursos públicos que fueron depositados en dos empresas vinculadas directamente con Gutiérrez Gutiérrez y su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez.
A nivel federal, la defensa se vio beneficiada por los litigios que el ex presidente Enrique Peña Nieto emprendió contra el gobierno de Chihuahua: la presentación de una controversia constitucional para suspender de forma indefinida las investigaciones por el presunto desvío de los 250 millones de pesos frenó las indagatorias del caso desde el 29 de septiembre del 2018.
En esa fecha, el ministro Eduardo Medina Mora admitió a trámite el recurso legal presentado por el gobierno de Peña Nieto y ordenó suspender las investigaciones del caso, sin que exista hasta el momento fecha para su resolución a pesar de que ya transcurrieron seis meses.
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Además, dos meses antes de terminar su gestión, la Procuraduría General de la República, subordinada al propio Peña Nieto, pidió a un juez federal cancelar o desechar el juicio penal contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que existía nivel federal, con el argumento de que no había elementos para procesarlo por el desvío de los 250 millones de pesos presuntamente utilizados para financiar campañas electorales del PRI en los comicios locales de 2016.
Ante la petición, el Juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó el sobreseimiento o desechamiento de la causa penal por peculado y responsabilizó a la PGR de su fallo tras advertir que la dependencia “no tenía ninguna pretensión para acusar al imputado ni para investigar y sancionar el delito que se le atribuía” a Alejandro Gutiérrez.
El consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, advirtió que en el juicio que se le sigue a Gutiérrez Gutiérrez en el fuero común, el ex funcionario de la dirigencia del PRI ha reconocido su participación en un presunto desvío de recursos públicos, por lo que confía en que el tribunal de enjuiciamiento lo encuentre penalmente responsable (es decir, culpable) de cometer el delito.
“En el presente caso estamos viendo que hay un reconocimiento expreso del señor Gutiérrez, admitió que no se prestaron los servicios contratados y en eso radica el juicio, cobrar algo sin prestarlo. El gobierno del estado busca que se haga justicia, que se reintegre el dinero a las arcas estatales y que al mismo tiempo se castigue a quienes, fuera y dentro del gobierno, planearon y maquinaron este tipo de desvíos”, sentenció.
La última etapa del juicio contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
El Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, afirmó que en el caso del excolaborador de Beltrones Rivera, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no se juzga a una persona o una cantidad de dinero presuntamente desviado, sino todo un esquema de desvío ilegal de recursos que afectó al gobierno y a la población de Chihuahua, debido a que se trataba de dinero que debería ser destinado a obra o inversión pública.
“Claro, es una operación que comprende a todo aquellos funcionarios que hayan incurrido en algún delito. No es una operación específica hacia una persona, es integral, en donde hay denuncias y detenidos de todas las dependencias que operaron o desviaron recursos públicos. No es una cuestión personal, simplemente es una operación que lleva a cabo el gobierno del estado.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Chihuahua ha logrado que jueces locales giren 36 órdenes de aprehensión para iniciar proceso a 24 ex funcionarios estatales o dirigentes partidistas ligados al PRI que presuntamente participaron en el esquema de desvíos detectado en el gobierno estatal, incluyendo los procesos iniciados contra el ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, y contra el propio Gutiérrez Gutiérrez en su calidad de enlace entre el PRI con autoridades locales y federales.
Duarte Jáquez cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes, mientras que una onceava fue suspendida por un juicio de amparo. A pesar de que se le considera prófugo de la justicia y de que Interpol emitió una ficha roja para su captura, el gobierno de AMLO no ha solicitado su extradición de manera formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el caso de Alejandro Gutiérrez, el juicio que se instruyó en su contra es por un presunto peculado por un monto de un millón 740 mil pesos, recursos que fueron depositados en las cuentas de dos empresas directamente vinculadas a él y a su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez.
El juicio penal contra para definir la responsabilidad penal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en este delito arrancó el pasado 28 de abril y ha enfrentado múltiples maniobras de la defensa para evitar que se dicte sentencia en contra de su cliente.
Denuncian Fiscalía y Consejería Jurídica de Chihuahua “chicanas” de la defensa
A pesar de que comparecieron más de 25 testigos y se desahogaron todas las pruebas documentales y periciales, la defensa de Gutiérrez Gutiérrez presentó de última hora y como prueba superviniente recibos bancarios de un depósito en una cuenta del gobierno estatal por un monto de 1.7 millones de pesos, cifra que cubre el dinero presuntamente desviado.
De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas Jet Combustibles, de la que AGG es socio mayoritario, y Promotora de Señalamiento Integral, en la que su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez aparece como apoderado legal, como supuesto pago por servicios que prestaron ambas compañías al gobierno local, pero de las que no existen comprobantes o “entregables” para acreditar que sí se realizaron.
En respuesta, el Consejero Jurídico de Chihuahua afirmó que se trata de una estrategia desesperada de la defensa en la que Gutiérrez reconoce el peculado por los servicios no prestados, pero con la que se intenta minimizar la condena bajo el argumento de que ya se reparó el daño.
Sin embargo, Espinoza Cortés advirtió que el gobierno de Javier Corral no va a reconocer el pago realizado a cuentas de la Secretaría de Hacienda que son públicas, debido a que el presunto reintegro del dinero no le quita a Alejandro Gutiérrez ninguna responsabilidad en la comisión del delito.
“Ellos hacen un depósito a una cuenta pública, pero Hacienda de ninguna manera ha reconocido eso como un pago o como una devolución de la cantidad desviada. Es una estrategia de la defensa para minimizar lo que pudiera ser una sentencia condenatoria en contra de su crimen, de ninguna manera lo libera del delito. En el supuesto sin conceder que fuera aceptado el pago, lo hacen ante Hacienda pero no lo hacen ante la dependencia que presentó la denuncia, de ninguna manera hay una aceptación expresa o tácita de la devolución del recurso desviado. Es una improvisación de la defensa para tratar de minimizar la responsabilidad del señor Gutiérrez”, advirtió el consejero.
La defensa de Gutiérrez también presentó una petición al tribunal de enjuiciamiento para que los testigos de identidad reservada pudieran ser confrontados por los abogados, misma que fue rechazada en audiencia el pasado viernes.
Por lo anterior, el Gobierno de Chihuahua, que tiene calidad de ofendido o víctima en el presente proceso, advirtió que los argumentos de la defensa serán combatidos por la Fiscalía en los alegatos de clausura que tendrán lugar en las audiencias que se celebra a partir de este lunes.
“La Fiscalía ya desahogó todas las pruebas, todo lo que hicimos, peritos, todo lo que se tenía conforme a estrategias trabajadas, y la defensa nada más aportó dos o tres testigos, y ésto ya se debería de haber concluido, ya deberían de haber cerrado la etapa del juicio y esperar a que se dictara sentencia. Pero como están improvisando, están ‘chicaneando’ el asunto, cada día que se paran ahí inventan algo”, aseguró Jorge Espinoza Cortés.
Pero aún cuando Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sea condenado en el fuero común por un peculado de 1.7 millones de pesos, las indagatorias de la Operación Safiro continúan congeladas a nivel federal por la controversia constitucional que el gobierno de Peña Nieto presentó dos meses antes de concluir.
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Recurso legal que el exconsejero de la Judicatura Federal y actual Secretario de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui, calificó como “un abuso de poder”, impedimento legal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido corregir, pese a que cuenta con todas las facultades constitucionales para desistirse de la cuestionada controversia constitucional.
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