El papel de las comunidades en el cuidado de los bosques y selvas de México

Por Raúl Benet

Durante muchos años se ha afirmado que las áreas forestales y selváticas mejor conservadas son aquellas donde habitan comunidades originarias y se respetan sus derechos. Sin embargo, no se conocía un estudio sistemático y exhaustivo que fundamentara a fondo esa percepción.

En días recientes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), han publicado el reporte  ‘Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques’, basado en la revisión de más de trescientos artículos científicos, donde analizan las oportunidades para la acción climática en América Latina y el Caribe que se derivan del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y equiparables. Dedican particular atención al caso de México, que durante décadas ha jugado un papel de liderazgo en el manejo forestal comunitario y en la tenencia social de la tierra.   

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, organismo formado por miles de científicos de diversas disciplinas en todo el mundo, considera que un elemento fundamental para combatir el cambio climático radica en la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques y selvas, junto con la regeneración natural y la reforestación. El reporte de la FAO/FILAC muestra de manera concreta y objetiva, haciendo a un lado argumentos ideológicos o políticos, cómo y por qué la acción de las comunidades campesinas e indígenas juega un papel fundamental en esos procesos.

En cuanto a los datos que resalta el estudio, está el hecho de que los territorios ocupados por comunidades indígenas contienen cerca del 30 % del carbono almacenado en los bosques de América Latina, y es en estos territorios donde de manera más generalizada y exitosa se llevan a cabo actividades de manejo sustentable y regeneración natural de los bosques. El reporte analiza las dimensiones políticas, económicas, jurídicas, legales, territoriales, culturales y participativas que fundamentan una agenda regional y mundial indígena orientada a la conservación activa de los bosques y selvas.

Es particularmente interesante el hecho de que las áreas forestales mejor conservadas en América Latina, y particularmente en México, no necesariamente son las Áreas Naturales Protegidas, como los Parques Nacionales o las Reservas de la Biósfera, sino las áreas manejadas por comunidades indígenas. Por ejemplo, entre 2006 y 2011, los territorios indígenas de la Amazonía de Perú lograron reducir la deforestación más de dos veces más que las áreas protegidas que estaban en lugares con condiciones ecológicas y de acceso parecidas. Situaciones similares se encuentran en Brasil, Nicaragua y notoriamente en México, donde el manejo forestal comunitario ha demostrado en muchos casos ser una estrategia de conservación más eficiente que la declaratoria de área natural protegida.

En el estudio se analiza el papel que juegan los conocimientos tradicionales y culturales, el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos, los incentivos forestales, las restricciones en el uso del suelo, la baja rentabilidad de la agricultura y el limitado acceso a capital y crédito en la explicación de por qué los bosques bajo manejo indígena y comunitario están mejor conservados que otros bosques.

Un papel central lo tiene el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas respecto a la fauna y la flora. Es crucial su conocimiento sobre plagas y enfermedades, sobre el fuego y el clima, los suelos, las semillas, y el hecho de que todos estos elementos responden a prácticas indígenas ancestrales. El aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, como la carne de monte, las plantas medicinales, las frutas medicinales y la leña, son también asuntos fundamentales en la vida de las comunidades indígenas y en la explicación de su cuidado sobre los bosques.  En muchos casos, toda esta co-dependencia entre las comunidades y sus bosques se expresa en una cosmogonía que implica gran respeto por el bosque, el agua y todo el entorno natural.  A los pueblos indígenas, estos conocimientos les permiten no solo entender mejor los bosques, sino también sacarles mayor provecho, fortaleciendo así los incentivos para mantenerlos en buen estado.

Uno de los elementos cruciales desarrollados en el estudio de la FAO es el del respeto a los derechos de las comunidades a la tierra, la titulación y el reconocimiento legal de los territorios indígenas. En México la Constitución en su artículo segundo reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio, y en el 27 se establecen las bases de la tenencia social de la tierra, pero el alcance de este precepto es muy limitado, al no considerar a las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Algunas legislaciones estatales, como la de Oaxaca, sí reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, y es precisamente en esas regiones donde el manejo forestal comunitario rinde sus mejores frutos en términos de conservación de la cobertura forestal y contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero.

El reporte se preocupa por no generalizar ni idealizar a las comunidades indígenas, reconociendo que no en todos los casos la situación es óptima, sin embargo sí reconoce que muchos pueblos indígenas han conservado hasta ahora sus bosques en mucho mejor estado que las comunidades no indígenas.

En México, gracias en parte a las políticas que impulsan el manejo forestal comunitario, el aprovechamiento sostenible de los bosques y selvas ha generado ingresos significativos para cientos de comunidades indígenas. Para estas comunidades, los beneficios del manejo ofrecen un fuerte incentivo para mantener la cobertura forestal; además, es probable que los ingresos que reciben por hacer un aprovechamiento sostenible de la madera ayuden a explicar las bajas tasas de deforestación en las comunidades forestales ubicadas en zonas indígenas como la Sierra Norte de Oaxaca o el centro y sur de Quintana Roo, entre otras. Muchas empresas forestales indígenas en México reservan una fracción importante de sus bosques para la conservación estricta mediante el establecimiento de Áreas Voluntarias de Conservación, y aprovechan volúmenes de madera por debajo de lo que permiten sus planes de manejo, para así asegurar la sostenibilidad de sus recursos.

Otro instrumento exitoso que resalta la FAO es el del pago por servicios ambientales, en los que México también tiene liderazgo internacional. Durante los primeros años del siglo XXI, el concepto de pago por servicios ambientales era el de procurar dejar intactos los ecosistemas forestales, y a cambio pagar por el valor de los servicios que éstos prestan a la sociedad en su conjunto. Después de un par de décadas, casi todos los involucrados han llegado a entender que la mejor estrategia para que los bosques se mantengan produciendo bienes y servicios ambientales es mediante la conservación activa, es decir, incorporando prácticas buen manejo para promover la conservación, protección y uso sustentable de los ecosistemas, para fomentar la provisión de los servicios ambientales en el largo plazo, conservar la biodiversidad, así como contribuir a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

La Comisión Nacional Forestal en México otorga actualmente hasta 1,100 pesos por hectárea en los programas de pago por servicios ambientales a comunidades indígenas y equiparables. No es un gran monto, si se toma en cuenta el verdadero valor del agua, del clima, de la energía, de la biodiversidad, del paisaje, y de otros valores que se derivan de un ecosistema forestal sano, y sobre todo si se considera el intenso trabajo comunitario que se requiere para que los bosques se conserven en buen estado, por lo que es necesario fortalecer y ampliar esos programas. No obstante, el reporte de la FAO atribuye a esos subsidios un peso importante en la conservación de los bosques y su contribución ante el cambio climático. 

Las recientes modificaciones a la Ley Forestal en México reconocen explícitamente al manejo forestal comunitario como un instrumento fundamental de la política forestal. La Ley Forestal vigente incluye un enfoque ecosistémico y reconoce las salvaguardas sociales y ambientales de la Convención de Cambio Climático de la ONU, particularmente el derecho al consentimiento libre, previo e informado, como una obligación en la aplicación de la política forestal. La Comisión Nacional Forestal a través de su programa forestal, destina montos significativos a proyectos de manejo forestal comunitario (hasta 20 millones de pesos en proyectos regionales). Sin embargo, la fuerte reducción al presupuesto federal dedicado a los temas forestales y particularmente al pago por servicios ambientales, observada en nuestro país durante los últimos años (desde mediados del periodo de Peña Nieto hasta la fecha) dificulta de manera severa el logro de los objetivos y los mandatos de la ley forestal, y también pone en entredicho la contribución del manejo forestal comunitario e indígena ante el cambio climático.

Recomiendo ampliamente la lectura de este reporte de la FAO/FILAC y agradezco particularmente a David Kaimowitz, co autor del reporte y director de bosques y granjas (Forest and Farms Facility) de la FAO por haberme hecho llegar el mismo.