CIDH: Preocupa la tolerancia institucional a la divulgación de datos de periodistas en México

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la tolerancia institucional a la divulgación de datos personales de periodistas en México.

Asimismo, instó al Estado a conducir su actuación de conformidad con estándares de derechos humanos.

La Relatoría recordó que el 22 de febrero, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador público el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del periódico New York Times.

Posteriormente, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado publicó un video con la fotografía de Kitroeff, en el que se le acusa de publicar notas “sin pruebas y con ausencia de rigor periodístico”.

Al ser cuestionado sobre los hechos, el mandatario federal no advirtió excesos de su parte y señaló que su derecho a defenderse de “calumnias” está “por encima de cualquier reglamento”.

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INAI inicia investigación de oficio

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) anunció una investigación de oficio.

Fotos: Gobierno de México / Fb / Inai / NYT

YouTube baja mañanera

Mientras que la plataforma de YouTube retiró el video de dicha conferencia alegando “comportamientos perjudiciales” como “doxing”.

CIDH: legítimo que autoridades se defiendan ante críticas de la prensa

La CIDH reconoció que es legítimo y en ciertas ocasiones un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante las críticas y cuestionamientos de la prensa.

No obstante, la Relatoría Especial advirtió con preocupación la gravedad que reviste la divulgación de datos personales de periodistas, particularmente en el marco de declaraciones oficiales, toda vez que estas tienen el potencial de “acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión” por sectores de la población hacia periodistas o medios; en especial en un país que registra altos índices de violencia contra la prensa.

Señaló que la divulgación de este tipo de información por parte de voces oficiales puede interpretarse razonablemente como amenaza, estigmatización y abuso de poder.

La CIDH ha dicho que las personas que participan en el debate público de manera protagónica, incluyendo a funcionarios públicos, operan “como un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes”.

Por ello, el órgano exhortó a que el Estado atienda las causas y consecuencias de estas decisiones oficiales, tomando en consideración que, en su derecho a defenderse de críticas y cuestionamientos, las autoridades deben tomar distancia de cualquier discurso intolerante, discriminatorio o invasivo de la privacidad que pueda, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra sectores de la población que pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.

“Las consecuencias lesivas que puedan derivarse de las declaraciones oficiales podrían llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado”.

Mientras que la RELE indicó que la divulgación gubernamental de procesos periodísticos inconclusos y datos personales de forma previa al momento que autónomamente determine el medio de comunicación afecta las condiciones que se esperan desde el Estado para hacer periodismo; desalienta el contraste de fuentes como práctica deseable en los medios de comunicación y genera un efecto de autocensura.

Consideró que la publicación de piezas de propaganda dirigida contra mujeres periodistas a través de medios públicos no aporta a la calidad del debate público y profundiza la polarización.