‘Es el inicio de un megaecocidio’: Aumenta la oposición contra la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa
En su ficha informativa, la Semarnat recordó que el proyecto recibió autorizaciones ambientales en 2014, las cuales fueron ampliadas en 2018.
Por Marcos Martínez Chacón*
La oposición a la construcción y operación de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, va en aumento ante las advertencias de colectivos ambientalistas sobre el riesgo de que ocurra un “megaecocidio” en la región por el proyecto.
Filiberto Varela, del colectivo ambientalista Aquí No, una de las principales organizaciones que se oponen a la construcción de la planta, dijo que las comunidades mantendrán su exigencia de que las autoridades frenen el proyecto, pese a los avances en su edificación.
“Estamos viviendo una lucha histórica ante esta problemática”, dijo Varela. “Estamos hablando de una lucha que parece imposible, pero estamos dispuestos a darlo todo y, si es necesario, a dar la vida, así lo haremos”.
Foto: Aquí No
Varela dijo que las comunidades indígenas Yoreme-Mayo serían las principales afectadas por la construcción de la planta de amoniaco propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la firma suizo-alemana Proman AG.
El proyecto está siendo financiado con fondos del banco de desarrollo del gobierno alemán, el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), que destina miles de millones de euros al año a proyectos en todo el mundo.
Ante los avances que registra la construcción, han sido precisamente integrantes de las comunidades Yoreme-Mayo quienes han encabezado las acciones de rechazo al proyecto desde hace más de diez años, cuando comenzó su desarrollo.
Ahora, luego de que el fin de semana pasado llegaron grandes piezas de equipo para continuar la construcción, decenas de integrantes de las comunidades reactivaron las protestas contra la planta. Por ello, se han mantenido desde entonces en un plantón permanente en la bahía para impedir la descarga de más equipos destinados al proyecto, dijo Varela.
“La bahía de Topolobampo se está vendiendo. No se trata solo de un proyecto; estamos hablando de la construcción de un parque industrial, y la planta de amoniaco es apenas el inicio de este megaecocidio que se pretende realizar”, dijo Varela. “Están vendiendo nuestro territorio, están vendiendo la Bahía de Ohuira”.
Miles de especies están en peligro, advierte ONG
Si la construcción de la planta concluye, su operación representaría la producción de unas 2,200 toneladas diarias de amoniaco, de acuerdo con un documento enviado por Aquí No a la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de su gabinete, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y funcionarios del banco KfW.
Ese nivel de producción derivaría en la utilización de agua marina para sus procesos y en la descarga de 2,000 metros cúbicos de agua caliente por hora en la bahía, considerada un santuario de miles de especies marinas.
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De hecho, la bahía forma parte del sistema lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, catalogado como sitio Ramsar, una categoría otorgada a humedales de importancia internacional bajo la Convención sobre los Humedales, tratado intergubernamental ratificado por México en 1986.
Foto: Aquí No
La descarga de agua caliente ocasionaría un aumento de tres grados centígrados en la temperatura del agua, poniendo en riesgo la flora y fauna del área, “incluyendo especies en peligro de extinción como delfines, tiburones, ballenas, tortugas marinas y aves”, señala la carta enviada a Sheinbaum.
En las protestas ha sido común escuchar el nombre de un popular delfín nariz de botella que habita en la bahía. Ese delfín, conocido popularmente como “Pechocho”, se ha convertido en años recientes en un símbolo de la biodiversidad de la zona, por lo que su nombre está ahora vinculado a la defensa de la fauna local.
“La construcción de esta planta generará un ecocidio, riesgos para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo originario Yoreme”, señala el documento. “Exigimos a las autoridades mexicanas que suspendan este proyecto y sancionen todas las actividades ilícitas y los daños ambientales asociados, que ya han sido denunciados”.
De acuerdo con la carta, los activistas exigen al gobierno alemán que “suspenda el financiamiento” otorgado a Proman AG a través de KfW, puesto que la institución financiera sostiene que solo entrega fondos a proyectos que garantizan la protección y el bienestar de las comunidades, la biodiversidad y los derechos de los pueblos originarios.
Las personas que integran el colectivo Aquí No sostienen además que unas 4,000 familias de pescadores están en riesgo ante la posibilidad de que desaparezcan especies de las cuales dependen para su sustento.
La nación Yoreme depende de la Bahía de Ohuira para su sustento, a través de la pesca, la agricultura y el turismo.
“La degradación ecológica de la bahía pondrá en peligro su modo de vida y obligará a las familias a abandonar su territorio, lo que constituirá un etnocidio cultural al perder sus prácticas ancestrales —arte, danza, cocina y religión— para las futuras generaciones”.
Un historial de reveses legales
Luego de las expresiones de rechazo en Topolobampo contra la planta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una relatoría de hechos con antecedentes sobre el proyecto.
En su ficha informativa, la Semarnat recordó que el proyecto recibió autorizaciones ambientales en 2014, las cuales fueron ampliadas en 2018.
Aunque la Semarnat no lo mencionó en su ficha informativa, fue en 2018 cuando los activistas obtuvieron un amparo contra el proyecto que frenó temporalmente la construcción, debido a que los tribunales consideraron que los pueblos originarios de la región no habían sido consultados.
Foto: Aquí No
Las obras permanecieron suspendidas temporalmente hasta que la Suprema Corte de Justicia resolvió, en 2022, que debían llevarse a cabo consultas públicas sobre el proyecto. Dichas consultas concluyeron en medio de cuestionamientos, ya que en el proceso fueron incluidas comunidades que habitan fuera del área de impacto.
Las comunidades Yoreme-Mayo asentadas a orillas de la bahía votaron mayoritariamente en contra de la construcción. Sin embargo, ocho comunidades se pronunciaron a favor.
Varela, el activista de Aquí No, afirmó que durante las consultas ni las autoridades ni la empresa informaron adecuadamente a las comunidades sobre los verdaderos impactos que tendría la operación de la planta.
“Nunca mencionaron que iba a ser una planta enorme, que utilizaría agua del mar y elevaría su temperatura, que las comunidades perderían ingresos derivados de la pesca o que cambiaría su forma de vida. Eso no se les informó. Simplemente se les habló de un supuesto desarrollo económico y agrícola; nunca se mencionaron los daños”.
En la ficha de la Semarnat, la dependencia federal agregó que, en 2024 y 2025, un tribunal declaró “infundados” diversos recursos promovidos contra el proceso de consulta realizado tras la resolución de la Suprema Corte en 2022.
Según la Semarnat, esa dependencia, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha estado presente en la región y ha dado seguimiento a “preocupaciones sociales, ambientales y territoriales relacionadas con el proyecto”.
Añadió que la autorización ambiental vigente para el proyecto y su cumplimiento “continúan sujetos a supervisión por parte de las autoridades ambientales federales”.
“La Semarnat y la Profepa continuarán realizando acciones de supervisión, inspección, seguimiento ambiental y trabajo conjunto con las comunidades, con el propósito de gestionar de manera sostenible los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente”, señaló la dependencia federal.
Empresa dice que la planta beneficiará al sector agrícola
En medio de las protestas, la empresa Proman AG sostiene que la planta “contribuirá a reducir la dependencia” de México de las importaciones de amoniaco, un compuesto químico esencial para la producción de fertilizantes utilizados a gran escala por el sector agrícola en Sinaloa y otras regiones del país.
“Nuestro objetivo es sencillo: hacer que los fertilizantes estén disponibles localmente, operando de forma segura y respetuosa, y de una manera que apoye a los agricultores y a las comunidades, incluidos los grupos indígenas, que forman parte del futuro de esta región”, dice la empresa en su portal.
Según la compañía, México actualmente importa alrededor del 80 % del amoniaco que consume, por lo que considera necesaria la construcción de la planta, que, una vez concluida, sería la mayor planta comercial de amoniaco de Latinoamérica.
Varela, sin embargo, sostiene que la información distribuida por la empresa omite los impactos ambientales.
“No sé cómo decirles a las personas el daño que eso puede ocasionar y cómo está afectando a nuestra comunidad, pero eso no es desarrollo. Están difundiendo información que no es correcta y que debemos detener”, dijo el vocero de Aquí No.
Más de un millón de firmas en contra de la planta
Mientras tanto, las expresiones de rechazo hacia el proyecto continúan en el territorio y se han expandido en días recientes al ámbito digital, donde los mensajes en contra de la planta se han vuelto virales.
Por ejemplo, dos peticiones contra el proyecto lanzadas en la plataforma Change.org acumulan en conjunto más de 1 millón 300 mil firmas.
Foto: Aquí No
Una de esas peticiones fue impulsada por el colectivo Aquí No, que este jueves convocó a protestas en ciudades de Sinaloa, como Culiacán, y en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Alemania, aprovechando que el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, se encuentra de visita en el país.
En la convocatoria a la protesta frente a la misión diplomática se incluyeron imágenes para que quienes acudieran a la manifestación las utilizaran como material de apoyo. Una de ellas mostraba la imagen del emblemático delfín “Pechocho” acompañada del mensaje:
¡Nuestro Pechocho se queda! ¡La planta de amoniaco de GPO se va!
*El autor es periodista enfocado en derechos humanos.
