Primer semestre de gobierno, dos Claudias | Artículo de Héctor Tajonar

La primera y más evidente ha sido una prolongación del legado impuesto por su mentor y guardián. El llamado “segundo piso de la cuarta transformación” se construye sobre el pantano del populismo autoritario y se está hundiendo. Evitar que su gestión y el país se ahoguen en él debiera ser propósito central de la gobernante, pero la esperanza de que así sea se desvanece día con día.

La segunda faceta es la de la mandataria prudente, por la relación establecida con Donald Trump y López Obrador. En ambos casos ha combinado un sometimiento camuflado, con márgenes de autonomía, que le permitan ejecutar políticas sensatas en materia de seguridad y economía. Ojalá lo logre, el desafío es enorme.

El presidente Trump eximió a México y Canadá de los aranceles recíprocos. Comparativamente no nos fue mal, alrededor del 85% de las exportaciones se librarán del impuesto y el T-MEC se mantiene. Se aplicarán aranceles a los automóviles y al aluminio y las negociaciones continúan. No obstante, el riesgo de una recesión no ha desaparecido.

El Banco de México ha ajustado su proyección de crecimiento económico para 2025 a 0.6%. “Siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo del presidente de los Estados Unidos, con respeto a nuestro país”, declaró la presidenta Sheinbaum en su discurso sobre el Plan México, en respuesta al pronunciado por Trump el “Día de la liberación”.

No olvidemos que el gobierno estadounidense no pretende iniciar una guerra comercial con nuestro país sino acometer una guerra sin cuartel contra el narcoterrorismo responsable del tráfico de fentanilo. El objetivo es combatir y sancionar la complicidad entre los carteles del crimen organizado y personajes políticos del más alto nivel en México. Esta es una prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Dicho enfrentamiento supone acabar con la narcopolítica, indefectiblemente ligada a la corrupción e impunidad transexenal representada por AMLO. El abrazador de delincuentes y sus cómplices merecen ser investigados y, en su caso, sancionados. Ello implica un grave dilema para la Presidenta, o cumple la exigencia de Trump o protege a López Obrador y sus secuaces. Seguramente prevalecerá la determinación del gobierno estadounidense, con o sin la anuencia de la doctora Sheinbaum. Más vale que ambas naciones asuman su responsabilidad compartida sin simulaciones.

EL MAXIMATO MACUSPANO

La Presidenta es heredera y cautiva de su predecesor, pero no se le puede considerar víctima. Sea por afinidad o temor, ha sido una ferviente defensora de la herencia envenenada de su tutor. Desde que aceptó el apoyo irrestricto del caudillo-presidente para sucederlo sabía el costo que ello implicaba, mismo que ha asumido con lealtad y sumisión imperturbable.

La aberrante reforma al poder judicial concebida para destrozar la administración de justicia y anular la independencia de esa rama del gobierno respecto del Ejecutivo, exhibe con penosa claridad el sometimiento no sólo voluntario sino entusiasta con el que la mandataria ha defendido e impulsado esa absurda e irreversible medida impuesta por el jefe máximo.

El fervor obradorista de la presidenta Sheinbaum ha llegado al exceso de afirmar que la elección por voto popular de ministras, magistrados y jueces convertirá a México en “el país más democrático del mundo”. La realidad es que se anulan la separación de poderes y el Estado de derecho.

El carácter ilegal y antidemocrático de dicho proceso se ha confirmado con el inicio de las campañas de las ministras Yazmín Espinosa, Lelia Batres y Loretta Ortiz. Se rebasarán por mucho los topes de campaña fijados por el INE y el acarreo organizado por los aliados sindicales es la impúdica expresión del corporativismo corrupto de Morena. Esquivel estuvo rodeada por maestros de la sección 36 del SNTE, Batres por comerciantes de Tepito y Ortiz por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Ninguna de las tres ministras pidió licencia a sus cargos durante los 60 días de campaña como lo recomendó el INE. Además, la condena por daño moral promovida por la ministra Espinosa para que el ex rector de la UNAM, Enrique Graue y el exdirector de la FES Aragón pagaran cada uno 15 millones de pesos a la directora de su tesis plagiada ilustra el tipo de justicia que prevalecerá tras la elección de las juzgadoras.

Los comicios del 1 de junio serán un fiasco. Las boletas son ininteligibles, los votantes no sabrán por quién sufragan y los ciudadanos no se encargarán de vigilar la limpieza del proceso. Se estima que participará un 10 por ciento del electorado. El previsible fracaso será imputado al INE para justificar su desaparición. La regresión autoritaria es irrefrenable.

Cierto, no es lo mismo haber establecido un pacto de lealtad con su mentor a vivir como Presidenta bajo la constante presión del demagogo oculto. Sin embargo, ello no representa un atenuante de la responsabilidad propia de su investidura. Al encarnar el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión Claudia Sheinbaum es responsable de todas las decisiones trascendentes de su gobierno ante los mexicanos y ante la historia.

La Presidenta goza de una popularidad de más del 80 por ciento y detenta un poder formal sin contrapesos; no obstante, por razones internas y externas enfrenta una adversidad que se traduce en una perturbadora fragilidad política. Asimismo, su amplia victoria electoral, no exenta de irregularidades, la dotó de legitimidad democrática y autoridad ética. Sin embargo, ambas empezaron a mermarse con las trampas e ilegalidades utilizadas para imponer una sobrerrepresentación en el Congreso no obtenida en las urnas; seguida de la ominosa “Supremacía Constitucional”.

Así se ha gestado una hegemonía de partido casi único que permite en los hechos la prolongación del mandato de López Obrador. Al darse cuenta de la imposibilidad de reelegirse, el tlatoani aseguró la extensión de su poder como dueño perpetuo de Morena; erigiéndose en jefe supremo de la 4T, incluido su segundo piso.

Con perversión maquiavélica el tabasqueño planeó los tiempos y procesos, personajes y funciones idóneos para garantizar que su pepenada se convirtiera primero en la candidata de Morena y después en su clon femenino. La demagogia macuspana le ha sido inoculada.

Hubo algunos berrinches, pero al final todos los morenistas seleccionados aceptaron su papel de comparsas y ahora ejercen como fieles guardianes de las obsesiones, venganzas y demás aberraciones impuestas por el mandamás escondido. Muchas veces operan contra la autoridad de la mandataria en funciones.

Así lo muestra la iniciativa de reforma a la Constitución enviada por la presidenta Sheinbaum al Congreso el 5 de febrero para impedir el nepotismo y la reelección de cargos públicos a partir de las elecciones intermedias de 2027. Sin embargo, por la intervención maquinada por Adán Augusto López y Manuel Velasco, coordinadores del los senadores morenistas y verdes, respectivamente, su vigencia se postergó hasta 2030 contraviniendo la voluntad presidencial.

Casos similares son la vergonzosa reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH o el grotesco espectáculo ofrecido en la Cámara de Diputados para evitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de abuso sexual contra su media hermana, al grito de “¡no estás solo!” espetado por un grupo de diputadas morenistas. El PRI de ‘Alito’ se solidarizó con ‘Cuauh’ en un pacto de impunidad similar al de Yunes en el Senado.

Existe una fractura dentro del partido oficial y la parte dominante responde a las órdenes provenientes de Palenque. A través de sus incondicionales en el Congreso, el gabinete legal y ampliado, así como en puestos clave de la oficina presidencial, AMLO encabeza un maximato análogo al ejercido por Plutarco Elías Calles (1928-1934).

El obradorato con rostro de mujer es una realidad patente y dolorosa. La Presidenta está secuestrada, la duda es si padece el Síndrome de Estocolmo que se manifiesta en la complicidad y el vínculo afectivo con quien la tiene cautiva o si se trata de una estrategia dilatoria. Tampoco se sabe con certeza si Claudia Sheinbaum cuenta con la voluntad y posibilidad de liberarse de su captor.

Mientras tanto, con soberbia creciente, ‘Andy’, el orgullo del nepotismo obradorista, se toma selfies durante una ceremonia en el Zócalo, ignorando la investidura de la Presidenta y sabiéndose el elegido de papi para el 2030. Una ambición desmesurada, tan delirante como prematura.

LA BARBARIE

Existen realidades lacerantes en México imposibles de ignorar a pesar del empeño gubernamental por ocultarlos. Tal es el caso de las desapariciones forzadas, como lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; que revela trágicamente el grado de barbarie prevaleciente en México como resultado de la violencia del crimen organizado; ante la indiferencia o complicidad de las autoridades civiles y militares a nivel federal, estatal y municipal.

La indiferencia inicial del gobierno intentó compensarse con un fallido plan de manipulación mediática y con una estrategia jurídico-política a cargo de la Fiscalía General de la República que no goza de autonomía verdadera ni de la credibilidad necesaria para resolver una situación de tal gravedad. Es lamentable que las organizaciones civiles defensoras de víctimas y de madres buscadoras hayan sido desdeñadas por el gobierno presidio por una mujer. No llegaron todas. Tampoco se ha solicitado la participación de organismos internacionales especializados en la materia.

Existen campos de extermino y hornos crematorios artesanales a lo largo ancho del territorio nacional. Además, se cometen delitos de lesa humanidad en el país. Los gobiernos de ayer y hoy no están exentos de responsabilidad en la perpetración de esas atrocidades. No se debe ni se puede tapar tal nivel de bestialidad con manipulación discursiva y mediática.

La comparación con Ayotzinapa es pertinente porque después del fracaso de la funesta “verdad histórica” se realizó una investigación rigurosa a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se topó con los obstáculos de la Fiscalía y finalmente con la oposición del Ejército. La élite castrense prohibió que se revelara la culpabilidad y responsabilidad de sus miembros. El entonces presidente López Obrador acató la orden de frenar dicha investigación. En su informe final del caso le mintió a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos No puede descartarse ni permitirse que algo similar ocurra con el caso Teuchitlán.

Afortunadamente, hay algo que puede evitarlo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido a México investigar el hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. En un comunicado emitido el pasado 14 de marzo pasado, la portavoz de dicha Comisión de la ONU, Liz Throssell, expresa:

“El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país.” Menciona que el Cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba de manera forzada mediante ofertas falsas de empleo a jóvenes que eran sometidos a tratos brutales y si no cumplían eran asesinados, lo cual se confirma “con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar”.

La portavoz agrega que “el descubrimiento resulta ‘aún más perturbador’ dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”. Ello revela que el entonces presidente López Obrador supo del caso y se quedó calladito para no terminar su mandato con un escándalo de tal magnitud. Eso se llama ocultamiento y obstrucción de la justicia, delito que no debe quedar impune.

La Oficina de la ONU hace un llamado a las autoridades mexicanas “para que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio”. Asimismo, instó a “permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuenta”.

POLÍTICA DE SEGURIDAD

La militarización del país promovida por López Obrador no tiene precedente desde 1946. No sólo se ha militarizado la seguridad pública del país sino que se han dado responsabilidades, recursos y privilegios a las Fuerzas Armadas que no corresponden a su función constitucional. Ello puede tener graves consecuencias para la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, para la gobernabilidad democrática del país y las libertades individuales, así como para la defensa de los derechos humanos. Tampoco se puede descartar la presunta complicidad militar con el crimen organizado.

La presunta corrupción militar a gran escala se muestra en la investigación ¿A qué vinieron?, Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos”. El documento ilustra con claridad y rigor “la irrupción militar” en la Península de Yucatán donde la fuerza castrense se ha vuelto dueña y señora de la economía y el turismo, sin límite ni rendición de cuentas, a través de el consorcio Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica S.A. DE C.V. (GAFSACOMM), empresa de participación estatal mayoritaria adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así opera la privatización militar del sector turístico en la región, según  Suhayla Bazbaz Kuri, autora de esa investigación: “En la Península de Yucatán las personas visitantes ya pueden contratar a la agencia de viajes de la Sedena, volar por su aerolínea, aterrizar en su aeropuerto, transportarse en sus vehículos, cargar combustible en sus estaciones de servicio, hospedarse en sus hoteles y comprar en su sistema de boletaje. Pueden visitar museos militares, ver a personas trabajadoras que usan ropa confeccionada en sus maquilas o recorrer sitios arqueológicos bajo su vigilancia y con guías turísticos locales que trabajan para ellos por un salario mínimo y propinas.”

Dicho lo anterior, no se puede dejar de reconocer el esfuerzo y los logros del gobierno de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado. En contraste radical con la inacción y el presunto contubernio del gobierno anterior con el crimen organizado, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha ejecutado en seis meses lo que López Obrador no hizo en seis años. Que lo haya hecho por presión de Trump no le resta mérito sino, por el contrario, podría representar una invaluable oportunidad.

Paradójicamente, el villano gringo de la película puede ser un factor fundamental para colaborar con el gobierno mexicano en la limpieza del legado putrefacto de López Obrador y su mafia. Ello podría permitir que la presidenta Claudia Sheinbaum desarrollara su potencial para convertirse en la estadista que México reclama.