Argumentos para iniciar un proceso constituyente en México | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“En países que experimentan transiciones de régimen y en la
mayoría de las nuevas democracias del mundo, las constituciones
suelen ser reemplazadas o sometidas a revisiones que transforman
las reglas fundamentales del régimen político”.
Gabriel L. Negretto *

La idea de que para concluir la transición democrática y consolidar la reforma del Estado sería necesario ir a un proceso constituyente ha sido impulsada por Porfirio Muñoz Ledo desde hace por lo menos veinticinco años. En varias oportunidades he expuesto en este espacio las razones por las que creo que antes de la elección de 2024 deberíamos ir a un proceso constituyente. ** La evidente falta de consensos para lograr el cambio del régimen político y para establecer las bases de un Estado de Bienestar en nuestro país, hace cada vez más necesario iniciar ahora ese proceso.

El presidente López Obrador ha insistido en que en su Gobierno no hay condiciones para convocar a un Constituyente y, en consecuencia, Morena no tiene el tema en su agenda política. Las oposiciones prefieren no impulsarlo, entre otras razones, porque consideran que en este momento los equilibrios políticos no permitirían la conformación de un Constituyente que reflejara la pluralidad de la sociedad. Me parece que ambos argumentos son erróneos.

A juzgar por sus resultados, el reformismo constitucional en México ha demostrado ser una vía no idónea para consolidar el cambio político. La reformas constitucionales no han acertado en el diseño institucional necesario para consolidar las transformaciones políticas porque los cambios a la Constitución que se han realizado durante las últimas décadas se han caracterizado por ser arreglos institucionales de corto plazo y no propuestas para lograr una reingeniería constitucional que redefina las bases del Estado y establezca un nuevo régimen político, a partir de un nuevo pacto social.

Entre 1921 y 2021, se han publicado 251 decretos de reforma constitucional con los que se han realizado 763 modificaciones a 115 de los 136 artículos de la Constitución de 1917. Más del 85% de los artículos constitucionales han sido reformados: 98 (el 72%) han sido modificados en más de una ocasión y, de estos, 21 (el 15%) en diez ocasiones o más. El 40% de los decretos y el 46% de las reformas corresponden a los gobiernos de la Transición, de Vicente Fox a López Obrador.

La Constitución de 1917 cumple hoy 105 años y sus 763 reformas, 351 en los últimos 20 años, no han sido suficientes para consolidar el cambio de régimen ni la reforma del Estado, algunas han significado retrocesos en materia de derechos o han provocado una mayor concentración del poder y no su distribución y un mejor equilibrio entre los poderes. Esto se explica en muy buena medida porque la mayor parte de las reformas han obedecido a la agenda política del presidente en turno o a una coyuntura política; no a un amplio consenso sobre la pertinencia, orientación y sentido del cambio. Esto ha provocado que en muchos casos se tratara de modificaciones sin una visión de Estado, de reformas sobre reformas o de contrarreformas.

Ni las tres alternancias en la Presidencia de la República, ni la existencia de mayorías parlamentarias de la oposición, ni los acuerdos parlamentarios para reformar la Constitución han logrado una reingeniería constitucional para consolidar la transición democrática y la reforma del Estado. La vía de la reforma constitucional como ruta para actualizar la Constitución y consolidar el cambio del régimen político y la reforma del Estado, ha fracasado.

Este fracaso de la vía reformista para actualizar el texto constitucional se puede ver claramente si analizamos los resultados de algunos de los cambios más significativos en temas relevantes para la reforma del Estado y el cambio del régimen político:

a) El artículo 73, que establece las facultades del Congreso de la Unión, ha sido reformado en 85 ocasiones, con lo que se ha modificado la distribución de competencias en la Federación, en detrimento de las facultades de las entidades federativas y sin un consenso sobre la revisión del federalismo mexicano. Las alrededor de treinta reformas a los artículos 115 y 116 no han cambiado el sistema político de las entidades federativas ni modernizado el régimen municipal. La demanda desde el ámbito local para revisar el pacto federal y el municipalismo han ido en aumento.

b) Los artículos 3o., 27 y 123, que son la base del constitucionalismo social, se han modificado en 11, 20, 27 ocasiones, respectivamente. Estas reformas y las de los artículos 25 (en 1983) y 3o., 4o. y 28 (en 2019 y 2020) son insuficientes para reorientar la política social hacia la construcción de un sistema general de bienestar social y para establecer las bases de un Estado de Bienestar.

c) Las trece reformas al artículo 41 y los cambios a los artículos 52 y 56, en las últimas cuatro décadas, han transformado las bases del sistema electoral, las reglas de la competencia política y el modelo de comunicación política. La reforma de 1977 permitió avanzar en la liberalización del régimen, la de 1996 en su democratización y la de 2019 es un paso muy importante para ir a la paridad entre géneros; sin embargo, ninguna de ellas ha permitido transformar de manera fundamental las bases del sistema político ni lograr el cambio del régimen político.

d) Las 19 reformas al artículo 89 han ido en el sentido de fortalecer el presidencialismo y no de reformarlo para lograr un mayor equilibrio entre los poderes y mejores controles y contrapesos al ejecutivo. La única reforma que permitiría modificar sustancialmente el funcionamiento el sistema presidencial y reducir la excesiva concentración de poder en el presidente de la república, la que en 2014 estableció las bases para el gobierno de coalición, carece de un diseño institucional adecuado y no genera incentivos para ser aplicada; además de que después de 7 años de ser aprobada no se ha expedido su ley reglamentaria.

Las crecientes brechas de desigualdad, el incremento en los niveles de pobreza, el incesante aumento de la violencia, la polarización política que hace inviable el consenso para avanzar en el cambio político, a los que habría que agregar el fracaso del Gobierno del presidente López Obrador para lograr el cambio de régimen y para establecer las bases de un sistema general de bienestar social, nos llevarán a un punto muerto en el intento por lograr los consensos para reformar los fundamentos del Estado, cambiar el régimen político y establecer las bases de un Estado de Bienestar. La única salida sería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución que refleje los acuerdos de un nuevo pacto social.

El interesante e innovador proceso constituyente chileno actualmente en desarrollo, promovido desde hace más de seis años por la presidenta Michelle Bachelet, pero que tuvo su impulso definitivo con la crisis política derivada del estallido social de 2019, puede ser un importante referente para avanzar en la ruta hacia un Constituyente en México. No habría que esperar a que una crisis política o social detone este proceso en nuestro país.

El proceso constituyente de la Ciudad de México, en 2016 y 2017, concluyó exitosamente con la primera constitución de la capital de la república; una de las más avanzadas en América en materia de derechos y con un modelo de equilibrio de poderes y de contrapesos innovador. Este también debería ser un referente obligado.

Convocar a un Constituyente antes del inicio del próximo gobierno sería la mejor salida a la crisis de legitimidad de algunas de las instituciones del Estado y a una eventual crisis política al final del sexenio o después de las elecciones de 2024. Los trabajos en el Constituyente permitirían encauzar democráticamente, mediante el diálogo social y debates racionales alejados de la mera coyuntura política, la nueva disputa por la Nación cuya expresión más evidente son las discusiones políticas sobre las reformas constitucionales en materias como los derechos sociales y sus garantías; el dominio, explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la Nación; la prestación de los servicios públicos, la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, la función social del Estado y la distribución del poder político.

En las actuales condiciones políticas, iniciar un proceso constituyente será el único camino para lograr lo que, a juzgar por los magros resultados de 20 años de tentativas de cambio político y de reingeniería constitucional, solo será posible mediante un proceso constituyente. En una Asamblea Nacional Constituyente se podrían construir los consensos para un nuevo diseño institucional y los acuerdos sobre el cambio del régimen político y del modelo de desarrollo, la reconstrucción del Estado de Derecho para dar paso a un auténtico Estado Constitucional y el establecimiento de las bases de un Estado de Bienestar.

* Abogado y doctor en ciencia política. Experto en reforma política y cambio constitucional

** En varios artículos publicados en este espacio he expuesto algunas razones para ir a un Constituyente: ¿Nuevo presidencialismo mexicano?, publicado el 28 de julio de 2018. López Obrador, presidente: ¿Hacia la IV República?, publicado el 1 de diciembre de 2018. Nuevo consenso constitucional: ¿Hacia una Asamblea Nacional Constituyente?, publicado el 9 de febrero de 2019. ¿Nueva Constitución sin un consenso constitucional?, publicado el 7 de diciembre de 2019. Una nueva constitución para un nuevo régimen político, publicado el 1 de febrero de 2020. Nuevo constitucionalismo mexicano, publicado el 6 de febrero de 2021.