Dando sentido a la pregunta | Artículo

Por Jacobo Dayán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el tema de la consulta propuesta por el presidente de la República. Se está dando un debate sobre la decisión de la Corte que habrá que seguir. No es menor ese debate, se trata de una decisión controvertida del máximo tribunal que pone en seria duda su independencia y defensa de la Constitución. Sin embargo, en los hechos la pregunta ya está:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Es tan confusa que el ministro Zaldívar ha tenido que dar entrevistas para aclararla. Refrenda que la justicia no se consulta y que la pregunta se refiere a la creación de comisiones de la verdad.

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las comisiones de la verdad son “organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo.

Las comisiones de la verdad pueden contribuir a los procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones; pueden también ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la desconfianza; y pueden, por último, identificar las necesarias reformas institucionales para evitar nuevas violaciones”.

Las Comisiones de la verdad son el mecanismo para dar salida a la pregunta redactada por la SCJN. A partir de ello habrá que dar asentido a varias partes de la pregunta:

“se lleven a cabo las acciones pertinentes”: ¿quién debe crear las comisiones de la verdad, el congreso o el presidente? Si no hacen nada, ¿a cuál de los dos se podría exigir el cumplimiento? Si se llegara a votar en contra, ¿no se podrían crear Comisiones de la verdad en el futuro?

“las decisiones políticas tomadas”: ¿cuáles? La lista es infinita. Desde la masacre del 68 y la militarización de la seguridad pública hasta el Fobaproa, el Tratado de libre comercio o el caso Odebrecht. Es imposible que una Comisión de la verdad
tenga un mandato así de amplio.

“los años pasados”: Esto queda claro. Puede ser desde la década de los 60 del siglo XX hasta 2020 ya que la consulta se hará en 2021. Es una oportunidad de aclarar lo que nunca se hizo con los crímenes del siglo XX. ¿Este gobierno aceptará incluir parte de su periodo?

“los actores políticos”: ¿esto excluye a los grupos criminales y económicos?

Durante el periodo de transición, se llevaron a cabo mesas de trabajo entre el actual gobierno y colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, academia y personas expertas nacionales y extranjeras. Entre las propuestas (se pueden consultar en http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-justicia-transcional-2019.pdf) presentadas y desechadas hasta ahora por el gobierno se encuentra la creación de una gran Comisión de la verdad que “será creada por mandato legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, previa consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que las acompañan, la comunidad de organizaciones de derechos humanos, los especialistas académicos nacionales y extranjeros, integrantes de la sociedad civil en general y organismos internacionales… Como lo revela la experiencia, la búsqueda efectiva de la verdad y la construcción de la memoria requieren de múltiples
acompañamientos a las víctimas. Por ello, la participación activa de las mismas y de un grupo amplio de actores sociales en la constitución del mandato es fundamental para el éxito del proceso”.

El mandato de esta comisión no debe ser impuesto sino producto de un amplio diálogo, sobre todo con las víctimas.

La propuesta de mandato en el documento citado es:

A. Esclarecer y reconocer las graves violaciones de derechos humanos y, en su caso, crímenes de lesa humanidad cometidos del 1 de enero de 1965 al presente. Estas violaciones incluyen: desaparición, desaparición forzada, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y otras graves transgresiones al derecho internacional de los derechos humanos, que en el ejercicio de sus investigaciones así lo considere la Comisión de la verdad. Se trata de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional, cometidas por agentes del Estado mexicano, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado, y otros grupos armados, tales como organizaciones paramilitares, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa, organizaciones guerrilleras, entre otros, ya sea de manera independiente o en colusión.

B. A través de casos individuales, presentar narrativas nacionales, regionales, temáticas y temporales que den cuenta de los contextos, métodos, patrones de violencia y de impunidad y redes de colusión entre autoridades, fuerzas de seguridad del Estado, empresas privadas, crimen organizado y otros grupos armados.

C. Determinar si existen patrones generalizados y sistemáticos de violencia que constituyan crímenes de lesa humanidad.

D. Explorar la posible conexión entre la violencia política del pasado y la violencia criminal del presente.

E. Estudiar las consecuencias, en las víctimas y la sociedad, de la violencia y de la impunidad en México.

F. Dignificar a las víctimas y a sus familiares.

Quedaría pendiente la justicia. Para ello el documento propone un mecanismo internacional contra la impunidad. AMLO lo ha aceptado, pero solo en el discurso. ¿Tendrá el gobierno la voluntad para garantizar verdad y justicia como lo ofreció en campaña?