Avances significativos en la ley forestal, artículo de @RaulBenet

Por @RaulBenet

Una nueva y muy diferente versión de Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado y está próxima a ser considerada por el pleno de la Cámara de Senadores.

La ley que ha estado vigente desde el 2003 ha resultado dañina para los bosques e inhibitoria para el desarrollo de los emprendimientos forestales comunitarios. Desde su entrada en vigor hace 15 años, la deforestación y la pérdida de bosques y selvas no ha disminuido, el impacto de las plagas forestales ha aumentado, y las empresas forestales comunitarias en general se han estancado, con algunas excepciones notables.

Desde hace años, diversas personas y organizaciones involucradas con el tema forestal, comenzando por los dueños y poseedores de los bosques, en su mayoría ejidos y comunidades, así como académicos, organizaciones civiles y funcionarios, han reconocido la necesidad de una nueva ley forestal y han hecho propuestas de cambios profundos. En el mes de septiembre de 2016 algunos diputados presentaron una iniciativa para abrogar la ley forestal y crear una nueva, pero esa iniciativa distaba mucho de cumplir con los requerimientos del sector forestal. La iniciativa que fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado es muy diferente de la versión del año pasado.

Esta versión es el producto de varios meses de trabajo, análisis y concertación en una mesa de trabajo establecida dentro del Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal, con participación de organizaciones de la sociedad civil como la Red de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Reforestamos México, la Academia Nacional de Ciencias Forestales y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CMSS). Colaboraron también los secretariados técnicos de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores y de Diputados. La Comisión Nacional Forestal estuvo representada por su dirección jurídica.

El establecimiento de esa mesa de trabajo fue una respuesta positiva a las demandas de decenas de organizaciones civiles respaldadas por más de treinta mil firmas y con el decidido apoyo de algunos senadores, como Silvia Garza, Alejandro Encinas, Fidel Demédicis y Zoé Robledo. La respuesta vino por parte del ahora exdirector de Conafor, Jorge Rescala, y de la diputada que originalmente promovió la primera versión de la ley, Alma Lucía Arzaluz. Finalmente, la misma presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Ninfa Salinas, asumió la mayoría de las propuestas generadas por la mesa de trabajo y sistematizadas por el secretariado técnico, y las presentó para su aprobación en la comisión que preside. La Comisión la aprobó el martes 26 de septiembre, con el voto de senadores del PRD, PRI y PVEM.

El resultado de ese proceso es una nueva versión que incluye más de cien cambios muy positivos respecto a la minuta original, incluyendo entre otros puntos importantes, el manejo forestal comunitario como un objetivo expreso y criterio obligatorio de la política forestal, mandatando a la Conafor a fomentarlo, cuando la versión anterior lo omitía por completo. También se logró incluir un enfoque territorial ecosistémico, y de manera muy significativa se logró subrayar el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre sus bosques, incluso en aquellos casos en los que las comunidades carecen de derechos agrarios formales, como ocurre en muchos casos en la Sierra Tarahumara y en otras regiones del país.

Otro cambio significativo en este sentido es la inclusión de un capítulo de derechos y salvaguardas, que comprende un cuerpo integral de salvaguardas sociales y ambientales conforme a las convenciones internacionales y al ámbito legal mexicano, incluyendo las bases para desarrollar un marco necesario para implementar el consentimiento libre, previo e informado. El respeto a los derechos comunitarios e indígenas fue significativamente fortalecido. También se logró incluir elementos significativos para promover la legalidad en el comercio de productos forestales y establecer el fomento de la certificación forestal como un mandato legal, además de haberse mejorado el marco regulatorio para hacerlo más ágil y procurar mayor competitividad de las empresas forestales comunitarias. La nueva ley mandata a la autoridad a establecer mecanismos y realizar acciones que permitan garantizar la trazabilidad de productos forestales y la obliga a promover que las compras de materias primas y productos forestales que realice el gobierno y sus proveedores y contratistas provengan de fuentes legales verificadas.

En cuanto a las propuestas que aún no han prosperado destaca la omisión de un Programa de Fomento al Manejo Forestal Comunitario. Si bien en el dictamen aprobado el MFC se integra como un objetivo de política y como una obligación de fomento, se omite y rechaza un Programa Nacional de Fomento al Manejo Forestal Comunitario, cuando sí se incluye uno para las plantaciones forestales, en su gran mayoría, privadas. El argumento para no incluir dicho programa de fomento es que la Secretaría de Hacienda podría no aprobarlo por la carga presupuestaria. Tal argumento carece de sustento porque no se requiere una carga presupuestaria adicional, sino una distribución diferente de los recursos disponibles. En este caso la reorientación de los recursos se daría hacia el sector social comunitario y contribuiría a promover el desarrollo y bienestar en el medio rural, por lo que definitivamente no se justifica la negativa a incluir el programa de fomento al MFC.

Otra de las omisiones significativas, en este caso un retroceso respecto a la ley vigente, es que en el dictamen aprobado se ha eliminado la atribución de vigilancia que actualmente tiene el Consejo Nacional Forestal y los Consejos Estatales.

Estas omisiones pueden aún ser corregidas en el proceso, sin poner en riesgo la aprobación de la ley.

Un tema importante y que ha resultado controvertido a lo largo de todo este proceso de revisión de la ley, es el de la transferencia de atribuciones de autoridad que ahora tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal. Particularmente delicada resulta la transferencia de la autorización para el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal, así como la autoridad para revocarlos. Es un hecho que el arreglo institucional actual de pesos y contrapesos, donde la Secretaría autoriza y regula, mientras la Conafor fomenta, no está funcionando. La prueba son 15 años de rezago y estancamiento. Sin embargo, existen graves riesgos relacionados con esa transferencia de atribuciones. La CONAFOR concentrará a la vez la función de distribuir los recursos de subsidio para fomentar las actividades forestales, y autorizar los permisos para llevar a cabo tales actividades. Tras la larga historia de corrupción institucional que vive nuestro país, y la falta de transparencia en la propia Conafor, el desarticular contrapesos y concentrar tanto poder en una sola institución resulta sumamente riesgoso. Se convierte a la Conafor en juez y parte. El problema de sobre regulación y burocratismo que se pretende resolver con este cambio profundo se podría atender de una manera mucho más efectiva con un esquema simplificado y ágil de autorregulación por parte de los ejidos, comunidades y organizaciones de productores, que fuera supervisado por instancias regionales como los Consejos Estatales y por el propio Consejo Nacional. También por eso es tan importante fortalecer desde la ley los órganos sociales de vigilancia y supervisión, como el Consejo Nacional Forestal y los Consejos Estatales.

Por otro lado, es importante señalar que, si bien hubo apertura para el diálogo, y algunas organizaciones tuvieron la oportunidad de participar en este proceso de construcción, no hubo un amplio proceso de consulta como la sociedad había demandado de diferentes maneras, incluyendo las treinta mil firmas arriba mencionadas. Es claro que hay resistencia y oposición por parte de muchos legisladores a escuchar las voces de la sociedad. Esto genera una falta de legitimidad y desaprovecha la oportunidad de contar con un marco jurídico mucho más sólido, construido con base en el conocimiento y las necesidades de quienes son y serán los destinatarios de la ley, los dueños y poseedores, los ejidos y comunidades indígenas, el sector académico, la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos estatales y la sociedad en su conjunto. El abrir estos procesos a la consulta pública redituará un leyes más sólidas, más legítimas y más útiles.

Otro tema importante relacionado con la ley forestal es el de la aprobación de la ley de Biodiversidad, cuyo dictamen fue votado positivamente por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, al mismo tiempo que el de la forestal. Mientras la ley forestal significa importantes mejoras, la de biodiversidad sigue presentando graves problemas, omisiones y errores, como han señalado múltiples organizaciones civiles y académicos especializados en el tema.

Bienvenida una nueva ley forestal, bienvenida la disposición y apertura. Aún hay espacio para el diálogo y tiempo para incluir los temas que se han quedado fuera sin un motivo o razón defendible.