Ley sobre publicidad oficial buscó legalizar el castigo a las voces disidentes: Nieto

“No abona a la libertad de expresión y sí abona a mantener los niveles de corrupción, creo que es una buena síntesis del sexenio”, afirmó el ex fiscal de la Fepade.

mayo 4, 2018 4:21 pm Published by

La ley sobre publicidad oficial, avalada por el Senado de la República la semana pasada, “buscó hacer legal la forma de operación del actual vocero de la Presidencia de la República que castiga a las voces disidentes”, afirmó Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“En vez de comprar publicidad en los espacios que tengan mayor penetración, mayor alcance, mayor presencia, lo que se hace es mantener plumas jilguerillas del sistema; en vez de generar un debate fuerte en materia de libertad de expresión como tendría que ser en un Estado democrático”, dijo.

En entrevista para #AristeguiEnvivo recordó que en la reforma de 2007 nunca pensó que el resultado fuera este, que en vez de avanzar hacia la pluralidad en los medios de comunicación, se legalizara el uso discrecional de los recursos de comunicación social por parte de la Secretaría de Gobernación, de las propias entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

El ex funcionario expuso que le preocupa un artículo donde señala que los informes de labores de los servidores públicos y los mensajes promocionales de los mismos no son un tema de comunicación social, lo que significa que no pueden ir con los tiempos oficiales del Estado.

“Esto significa que si un servidor público, un diputado, un senador, gobernador o presidente municipal, quiere hacer un informe, quiere publicitario en radio y televisión, tendrá que comprar esos espacios, lo cual va a implicar el uso discrecional de recursos, propaganda encubierta y, sobretodo, no permitirá transparentar uno de los temas centrales, que es la relación entre medios y democracia“, abundó.

Nieto observó que con esta ley se benefician todos “menos las empresas públicas, las organizaciones de la sociedad civil, los comunicadores críticos al sistema, por lo tanto, no abona a la libertad de expresión y sí abona a mantener los niveles de corrupción. Creo que es una buena síntesis del sexenio: cómo los intereses privados terminan prevaleciendo sobre los intereses públicos, y eso, en español y de acuerdo con analistas y académicos, no es más que corrupción”.

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