Amenazan a exfuncionario oaxaqueño que denunció corrupción

Por Diana Manzo.

Oaxaca, Oax.- Jesús Pacheco Arango, excoordinador General del Programa Agronegocios de la Secretaría de Fomento Agrario y Desarrollo Rural (Sefader), del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, alertó que su vida corre peligro ante las amenazas que vive por denunciar corrupción, abuso de autoridad y moches de funcionarios de esta dependencia.

En sus señalamientos ha apuntado también al titular de la secretaría, Víctor López Leyva.

Desesperado, preocupado y temeroso relató que su cargo lo desempeñó del 1 de marzo al 1 julio del 2023.- y su función era validar la información en campo en las 8 regiones.

“Mi función era supervisar la operación técnica del programa y difundir en todo el estado el programa Agronegocios, así como integrar proyectos de inversión. La corrupción y malas prácticas lo empecé a notar en las primeras semanas y lo denuncié a mis superiores”.

El exfuncionario narró que hay funcionarios acusados por agricultores y técnicos de pedir “moche” a cambio de liberar sus proyectos; entre ellos señala a Eusebio Anastacio Morgan Herrera, actual coordinador de proyectos de la dependencia.

“La gota que derramó el vaso fue cuando el señor Eusebio le pagó a una joven que desempeñaba el cargo de técnica al doble de su sueldo, cuando solo había trabajado un mes y la despedí por malas prácticas, y eso lo enfureció y me dijo que no me metiera en sus temas y me amenazó”.

Cuenta que cuando supo de los moches de parte del funcionario, lo informó al subsecretario Mario Robles González, pero nada ocurrió, las malas prácticas continuaron y mejor renunció a su cargo.

Narró que Eusebio Anastacio Morgan Herrera le hizo una amenaza directa:

“Me citó para que comiéramos juntos, y me dijo que no me metiera en problemas, que le bajará, si no, me iba a pasar algo a mí y a mi familia, por eso, al otro día renuncié y ahora temo por mi seguridad”.

Tras su renuncia interpuso una demanda por corrupción contra Anastacio Mora ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado y también denunció por desvío de recursos públicos y tráfico de influencias al secretario y subsecretario.

Agregó que a cuatro meses de su denuncia, nada ha pasado, al contrario el gobierno oaxaqueño benefició a la dependencia con mayores recursos.

“Estoy enterado que al final de año hubo una aportación estatal de casi 300 millones de pesos y que también hicieron comisiones para poder acceder al máximo subsidio de 2 millones a fondo perdido, lo que me reafirma qué hay mucha corrupción”.

Este caso de corrupción, también ya llegó al gobierno federal. Jesús Pacheco Arango informó mediante una carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la corrupción de la dependencia y el acoso, la violencia y amenazas en su contra.

“Temo por mi seguridad, la de mi familia, por eso estoy exigiendo castigo y justicia para este tipo de funcionarios que se sirven con la cuchara grande”.

Respuesta

Ante señalamientos realizados, en un comunicado, el titular de la Sefader, Víctor López Leyva, expuso que son acusaciones sin sustento legal, ya que en la actual administración estatal se trabaja con transparencia y rendición de cuentas.

Dijo que Jesús Pacheco Arango, excoordinador General del Programa Agronegocios, se hizo pasar como funcionario público para realizar estas imputaciones. “Nunca fue servidor público, él trabajó como técnico contratado por una consultoría, por lo que usurpaba funciones”.

Explicó que es imposible que existan empresas ilegales que sean beneficiadas con subsidios, ya que el Gobierno del Estado solo brinda garantías líquidas y son las dispersoras de crédito como Findeca, institución financiera privada del sector social; Acreimex, cooperativa de ahorro y crédito que brinda servicios financieros; y Caja Popular, quienes otorgan los recursos “con la intención de que estos créditos puedan pagarse, por lo que sería imposible que se le entregue a una empresa fantasma”.

Por último, expuso que la Sefader o su persona no han sido notificados o requeridos por alguna institución fiscalizadora por una presunta denuncia.