La posible alteración del orden público no debe ser pretexto para impedir marchas

Mientras en la Cámara de Diputados federal se aprobó el martes una reforma constitucional que abre la posibilidad a las llamadas leyes antimarchas, una jueza federal declaró inconstitucionales disposiciones capitalinas que van en el mismo sentido.

Esas disposiciones están contenidas en la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal, que obligan a avisar sobre marchas con 48 horas de anticipación y prohíben el uso de vías primarias para manifestaciones.

Paula García Villegas, jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa, consideró que los artículos 212 al 214 de esa ley violan derechos humanos de asociación y libre expresión, al amparar a una asociación civil que defiende a aspirantes rechazados por universidades públicas.

Ésta es la primera sentencia relacionada con la nueva ley y fue notificada el 18 de noviembre, pero sólo surtirá efectos si es confirmada por un tribunal colegiado de circuito.

La Suprema Corte de Justicia ya estudia este tema, pues las comisiones de Derechos Humanos, tanto Nacional como del DF, promovieron acciones de inconstitucionalidad.

En relación con el aviso previo, la jueza señaló que restringe ilegítimamente el derecho a manifestarse públicamente.

“Es claro que no se puede pedir aviso con la anticipación señalada para ejercer el derecho a la protesta pública, especialmente cuando hay insatisfacción de las políticas públicas o crítica a alguno de los Poderes públicos”, agregó.

La posible alteración al orden público que provocan estas manifestaciones, expuso García Villegas, tiene que ser “inminente y cierta”, es decir, no se puede establecer a priori en el texto legal, por lo que también falló contra los artículos que prohíben usar vías primarias y facultan a la Policía para desalojarlas.

(Con información de Reforma)