Suprema Corte aprueba abrir controversia para revisar reforma judicial; Batres y Esquivel denuncian ‘golpismo’
Por 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que propuso admitir para revisión una consulta de magistrados y jueces federales
Por Juan Omar Fierro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó abrir un expediente o controversia para analizar si tiene facultades legales para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial mediante las impugnaciones que han presentado jueces y magistrados federales.
Por mayoría de ocho votos, los ministros coincidieron en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) le otorga facultades al Máximo Tribunal para resolver controversias legales que afecten la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la independencia de sus integrantes para poder emitir resoluciones.
Sin embargo, los ministros señalaron que la admisión de la consulta para su análisis y debate todavía no equivale a tomar una decisión sobre el fondo de las impugnaciones, destacando que será hasta que se responda a la citada controversia cuando se defina si la Suprema Corte tiene la atribución jurídica de revisar una reforma constitucional en caso de que la misma sea contraria a derechos humanos reconocidos por la propia Constitución.
Con tres votos en contra de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, los ministros y ministras de la Suprema Corte avalaron el proyecto de sentencia que proponía admitir a trámite una consulta presentada por la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed) en la que se advierte que la reforma judicial vulnera la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes.
De acuerdo con las consideraciones que se debatieron, el Pleno del Máximo Tribunal sí tiene atribuciones para “conocer y dirimir controversias” suscitadas al interior del Poder Judicial y con otros poderes con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos constitucionales 94, 97, 100 y 101, facultad reconocida de forma amplia por los artículos 1 y 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del PJF, por lo que la admisión a trámite de la primera consulta es solo para analizar los límites y alcances de esa facultad.
Los ministros y ministras advirtieron que aceptar la consulta de los magistrados todavía no implica un pronunciamiento definitivo sobre la facultad que tiene la Suprema Corte para revisar la reforma judicial y tampoco prejuzga sobre el contenido de la propia reforma, ya que primero debe aprobar una sentencia para definir que facultades le otorga su Ley Orgánica para realizar un análisis de una reforma constitucional.
Ministras Batres y Esquivel denuncian “golpismo”
Durante el debate para admitir a trámite las consultas, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la posibilidad de revisar la reforma judicial “es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho” en contra de las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo en su calidad de Poder Constituyente Reformador.
Agregó que la revisión de las reformas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia equivale a agregar “una etapa más al procedimiento legislativo, previsto en el artículo 135 de la Constitución” y en arrogarse una facultad que la Carta Magna no le dio al Máximo Tribunal que es la de “enjuiciar” a la propia Constitución”.
En este marco, advirtió que la reforma judicial ya está en proceso y se puede afectar la elección de jueces y magistrados federales prevista en la misma.
“La prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución, y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza”.
Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución, me preocupa darle trámite en un ‘expediente varios’ si es constitucional o no una reforma, es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho.
En el mismo sentido se pronunció la ministra Lenia Batres Guadarrama, destacando que la Suprema Corte estaría dando un golpe de Estado contra el Poder Reformador Constituyente, además de que vulneraría la división de poderes.
Ministros y ministras rechazan calificativos
En respuesta, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió que no se puede hablar de “arbitrariedad o el golpismo” cuando la Suprema Corte de Justicia actúa con fundamento en las leyes emitidas por el propio Congreso de la Unión y de un escrito “promovido por personas que también forman parte del pueblo de México”, además de que los jueces y magistrados federales que gozan por mandato constitucional “de una garantía de independencia y de autonomía”.
En este marco, recordó que integrantes de Morena y juristas del actual régimen como la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, solicitaron en su momento revisar reformas constitucionales mediante juicios de amparo.
“Recordemos, en lo general, que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo, nadie en ese momento los acusó en este Pleno de golpistas”, reviró.
Agregó: “Sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 de 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”.
Pero nadie en ese momento los acusó de golpistas, lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo, el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este Pleno que así ha logrado forjar consenso y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años”,
Por último, advirtió que el uso de calificativos como golpistas afecta el diálogo constructivo.
“Considero, con el mayor de los respetos, que el ataque e incluso el uso de calificativos y la licencia de términos clausura la deliberación de este órgano y nos desincentiva un diálogo constructivo en el que la misma Ministra Lenia Batres tiene mucho por aportar”, concluyó.
A su vez, la ministra Margarita Ríos Farjat, dijo que la Suprema Corte atraviesa un momento histórico y que no existen razones para que el Máximo Tribunal no entre al fondo del debate sobre la posibilidad de que el Pleno puede o no revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional que sea lesiva de la división de poderes y los derechos humanos.