ONU-DH pide a Sedena abrir archivos de ‘vuelos de la muerte’

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Ejército de México a abrir los archivos de los llamados ‘vuelos de la muerte’, llevados a cabo por los militares durante la llamada ‘guerra sucia’ para desaparecer a disidentes políticos.

Esto en respaldo al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a entregar dichos documentos.

Ante esto, la oficina de la ONU señaló la importancia de abrir los expedientes con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades por los hechos cometidos durante la llamada “guerra sucia”.

Asimismo, recordó que México adoptó en 2023 una recomendación del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) en la pedía al gobierno mexicano “asegurar que la Comisión para el Acceso a la Verdad tenga acceso a los archivos estatales relevantes, incluidos los de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

“Respaldamos la necesidad de abrir los archivos y permitir el acceso a la información relevante para develar la verdad, esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y favorecer el acceso a la justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”, escribió a través de redes sociales la ONU-DH.

Esto después de que el MEH denunció que el Ejército se ha negado a entregar los expedientes que solicitó por transparencia e incluso los ha clasificado como reservados, pese a haberse comprometido a entregarlos, e incluso cobró por la copia de las hojas de los documentos.

El Mecanismo reveló que en noviembre del año pasado realizó una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer la averiguación previa que el Ministerio Público Militar elaboró hace dos décadas con relación a los ‘vuelos de la muerte’.

Inicialmente, la Sedena solicitó un pago de 8 mil 684 pesos para poder entregar copias del expediente, que consta de 8 mil 703 hojas. Pese a que el MEH pago en su totalidad el cobro de la reproducción de los documentos, el Ejército solamente entregó 1,140 horas.

En cambio, tras solicitar diversas prórrogas y prometer múltiples veces que entregaría “una versión pública con criterios menos estrictos de información reservada”, la Sedena finalmente notificó en febrero pasado que dicho documento ahora sería considerado como “reservado”.

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La corporación militar argumentó que el 21 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) requirió copia certificada del expediente, en virtud de que se encuentra integrando una averiguación previa. Por lo tanto, el documento ahora pasaría a ser considerado como “reservado”, señaló el Ejército.

Ante la negativa de entregar lo solicitado, el mecanismo presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA), el cual fue asignado al comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez y aún no ha sido resuelto.

A esto se suma que el MEH también solicitó el listado de personas que fueron arrojadas al mar desde aviones del Ejército entre el 1 de enero de 1965 y el 31 de diciembre de 1990, durante los llamados ‘vuelos de la muerte’.

También solicitó el listado de personas procesadas por la justicia militar por su posible responsabilidad, cargos que enfrentaron, resoluciones de la justicia militar y el estatus legal que guarda actualmente cada una de estas personas.

Sin embargo, la Sedena contestó que no cuenta con expedientes que atiendan tal solicitud. Esto a pesar de que el MEH cuenta con el fragmento de un expediente que contradice tal afirmación.

La respuesta de la Sedena también fue impugnada por el mecanismo ante el INAI y el recurso de revisión se encuentra bajo la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Se denomina ‘vuelos de la muerte’ a la práctica en la cual personal del Ejército arrojó al mar los cuerpos de cientos de personas a lo largo de los años 70, bajo órdenes de los Generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. 

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Las personas que eran consideradas como disientes políticas eran trasladadas a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, donde eran ejecutadas. Sus cuerpos eran arrojados al mar durante vuelos nocturnos, con lo que desaparecía todo rastro de ellas.

La práctica fue realizada de forma sistemática durante la década de los años 70, al menos durante 6 años.