Juez federal deberá continuar proceso contra ex fiscal anticorrupción de Chihuahua: Tribunal

Por Juan Omar Fierro

Un tribunal colegiado resolvió que el ex fiscal Anticorrupción del estado de Chihuahua, Francisco González Arredondo, sea procesado y juzgado en el fuero federal, por lo que la jueza de control del Estado de Chihuahua deberá entregarle el expediente del caso.

La resolución del tribunal federal integrado por el magistrados Rafael Rivera Durón y la magistrada Nancy Elizabeth Sánchez Corona, así como el Secretario en funciones de magistrado Rafael Maldonado Porras, determinaron que las imputaciones por tortura psicológica contra González Arredondo deben ser analizadas por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Estado de Chihuahua, Vladimir Véjar Gómez.

Por lo anterior, se le ordenó a la Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, Hortencia García Rodríguez, que entregue todo el expediente de la causa penal y de la carpeta de investigación que se le inició al ex fiscal anticorrupción por la denuncias de tortura que presentaron en su contra dos ex servidores públicos ligados al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y a la actual mandataria estatal, María Eugenia Campos.

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Ambos ex funcionarios estaban acusados de desvíos de recursos públicos.

El fallo del tribunal de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Materia Penal y Administrativa, con sede en Chihuahua, es definitivo e inatacable, es decir, que no existe ninguna instancia a la que pueda apelar la jueza local para incumplir lo que le ordena la sentencia.

Al resolver el conflicto competencial entre un juez federal y una jueza local, los magistrados de Circuito advirtieron que el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en estado de Chihuahua es legalmente competente para continuar conociendo del proceso penal por tortura que se le imputa a Francisco González Arredondo, ya que así lo establece el artículo 51, fracción 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, se advierte que el Fiscal Especial en Delitos de Tortura de la Fiscalía General de la República justificó de manera adecuada su competencia al invocar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

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El magistrado Rivera Durón agregó que los argumentos de la jueza Hortensia García ni siquiera “eran debatibles”, ya que la FGR ejerció una facultad constitucional para poder resolver un caso de alta relevancia social y que además está vinculado con los procesos penales federales que se enmarcan en la llamada Operación Safiro (Saneamiento Financiero), un modus operandi muy similar a la “Estafa Maestra” para el desvío de recursos públicos.

Por su parte, la magistrada Sánchez Durón dijo que la calificación de la tortura como argumentaba la jueza del fuero común no es debatible o susceptible de ser analizada, ya que la atracción del caso se encuentra regulada por una ley general en la materia que otorga cierta discrecionalidad a la Fiscalía General de la República.

Antecedentes del caso

El pasado mes de enero, un juez especializado en el sistema penal acusatorio aceptó la competencia del caso luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó ejercer su facultad de atracción, derivado de que las imputaciones por presunta tortura que se le hacen a Francisco González Arredondo están relacionadas con el proceso penal que se le sigue al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Debido a que la Fiscalía de Chihuahua, bajo el mando del entonces fiscal y ahora Secretario Particular de la Gobernadora María Eugenia Campos, Roberto Fierro Duarte, rechazó entregar la carpeta de investigación, la FGR solicitó a un juez federal que ordenará a la fiscalía estatal declinar competencia.

En una audiencia celebrada este año, el juez Véjar Gómez dio la razón a la FGR y ordenó a la Fiscalía de Chihuahua entregar la carpeta de investigación, por lo que la dependencia local aceptó entregar todas las constancias del caso.

Sin embargo, la jueza que vinculó a proceso al ex fiscal y le dictó prisión preventiva supliendo incluso las deficiencias del Ministerio Público, rechazó declinar su competencia, resolución que ayer invalidó un tribunal federal al resolver el conflicto competencial entre la jueza de Chihuahua y un juez de Distrito.

Francisco González Arredondo está preso desde el 21 de noviembre de 2022 acusado del presunto delito de tortura psicológica.

Su caso se ha interpretado como una venganza política de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, debido a que como Fiscal Anticorrupción, González Arredondo fue parte de la investigación que derivó en una audiencia de imputación contra la entonces candidata de la alianza PRI-PAN por recibir presuntos sobornos del ex gobernador César Duarte, una trama que fue conocida como la “Nómina Secreta”.