Avanza proceso judicial en EU contra empresas acusadas de sobornar a Murillo Karam

El proceso judicial contra dos firmas de inversión en Estados Unidos que presuntamente sobornaron a Jesús Murillo Karam, mientras fue procurador General de la República, entró en la etapa de descubrimiento de pruebas, que servirá para definir si se abre el juicio por violaciones a la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (conocida como Ley RICO).

Se trata de una demanda de tres empresarios mexicanos contra Lion México y Clarion Partners, firmas acusadas de apropiarse ilegalmente de un desarrollo inmobiliario en Acapulco, con ayuda de sobornos.

El caso lo dio a conocer el diario San Antonio Express en diciembre de 2015, cuando presentó la acusación en una corte del Distrito de Texas.

Durante los últimos meses, los abogados de Lion México Consolidated y Clarion Partners presentaron argumentos para que el juicio se desestimara, pero un juez consideró que hay materia para investigar violaciones a la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (conocida como Ley RICO).

Durante las siguientes semanas, los abogados de ambas partes deberán revelar documentos y testimonios de los hechos ocurridos entre 2007 y 2013.

La cronología del caso

En diciembre de 2015, los empresarios Ernesto Karam García, Miguel Ángel Leyva y Salvador Río de la Loza Postigo presentaron una demanda contra Lion México y Clarion Partners LLC por haberlos defraudado para adueñarse del Condominio PuntaMar-Palmetto.

En 2005 los empresarios mexicanos planearon un desarrollo habitacional y comercial en Acapulco, para lo cual crearon un fideicomiso con Banca Mifel.

Para 2007 el grupo empresarial ya había desarrollado 45 por ciento de las fases del proyecto, las cuales tenían vendidas a 60 por ciento.

Hasta ese momento habían invertido 41 millones de dólares y requerían 19.5 millones extra para terminar esa sección del desarrollo, por lo cual buscaron capital en el mercado internacional.

Mediante una empresa reclutadora de capital, encontraron el interés de Clarion y Lion, que presentaron una oferta para invertir 20.6 millones de dólares.

Durante las negociaciones, los abogados de Clarion y Lion pidieron que la inversión se disfrazara (“disguise” en inglés, tal y como viene en la demanda) como un préstamo por razones de impuestos, de tal forma que se permitiera esquivar algunos pagos en la hacienda de Estados Unidos.

Por las mismas razones, se solicitó que la alianza quedará con 49 por ciento de propiedad para los mexicanos y 51 por ciento para los fondos de inversión de Estados Unidos.

En un mail incluido en la demanda, la abogada Blanca Rodríguez dijo a los inversionistas mexicanos que la intención era desarrollar una estructura de impuestos, pero que no cambiaba la distribución o propiedad económica del proyecto.

Los empresarios mexicanos firmaron este acuerdo basados en la confianza que tenían en las firmas de Estados Unidos y con el entendido de que era una inversión a partes iguales, no un préstamo, según la demanda.

A finales de 2007, Lion y Clariond solicitaron a los empresarios mexicanos que transfirieran los departamentos no vendidos a un fideicomiso en Estados Unidos, manejado por el Bank of New York Mellon, nuevamente para diseñar una estructura para evadir impuestos. Los mexicanos aceptaron por la confianza que tenían en los fondos de inversión de EU, dice la demanda.

En septiembre  de 2008, ambas partes firmaron un acuerdo para establecer el porcentaje de la alianza y las fechas de pago de los préstamos de la alianza empresarial, todavía con el entendido de que la participación de las empresas de Estados Unidos no eran un crédito.

En diciembre de 2008, el fideicomiso de Estados Unidos regresó la propiedad de los departamentos no vendidos a MIFEL y a un fideicomiso mexicano llamado Azteca (F/530).

En febrero de 2010, Clarion y Lion notificaron a los inversores mexicanos que aceleraban las fechas de pago del préstamo que originalmente les dieron en 2007 y que se ofreció como una inversión.

Los encargados de pagar el crédito eran los fideicomisos MIFEL y AZTECA, que tenían la propiedad del desarrollo.

La demanda dice que los fideicomisos tenían dinero suficiente para pagar los adeudos con Lion y Clarion, pero simplemente se negaron a pagar.

Finalmente, Lion y Clarion sacaron a los inversones mexicanos de los fideicomisos y se adueñaron del desarrollo inmobiliario y sus deudas.

El papel de Murillo Karam

El 7 de agosto de 2012, Jesús Murillo Karam firmó las escrituras del Penthouse 01, de la Torre Bermuda en Punta Mar, con un valor de un millón 415 mil pesos, según copia de la escritura de la que Aristegui Noticias tiene copia.

Sobre esta operación hay dos versiones:

Murillo Karam dijo, en una carta a Reforma, que comenzó a pagar el departamento en 2009 hasta abonar 75 por ciento de su valor a los empresarios mexicanos. Tras el cambio de propietarios, pagó el 25 por ciento restante en 2012 a los fondos de inversión y así obtuvo la escritura.

La segunda versión viene en la demanda en Estados Unidos: los empresarios mexicanos afirman que en agosto de 2012 el BNY Mellon (fideicomiso en EU controlado por Clarion y Lion) “transfirió de forma secreta” el penthouse a Murillo Karam, lo que constituye “un soborno y era un pago ilegal, regalo o promesa” para asegurar la persecución legal de los inversores mexicanos.

Mediante despachos mexicanos Clarion y Lion demandaron penalmente a los mexicanos por fraude, falsedad de declaraciones y robo.

Acoso judicial

La demanda dice que después de tomar protesta como procurador general, Murillo Karam se reunió con Tim Tubbs, agregado del ICE (la agencia encargada de Inmigración y Control de Aduanas en EU), a quien supuestamente dijo que los inversores mexicanos eran criminales y una alta prioridad para el gobelino de México.

El 25 de julio de 2013, un juez de la Ciudad de México concedió la orden de aprehensión contra los tres inversores mexicanos, la cual careció de fundamento, según se determinó tras el juicio de apelación que concluyó en abril de 2016, según la demanda presentada en Estados Unidos.

Sin embargo, como producto de esa orden de aprehensión en agosto de 2013 fue detenido Ernesto Karam García en su casa de San Antonio Texas, Texas y extraditado a México en noviembre del mismo año. Karam García denunció que su esposa y padre fueron acosados por autoridades de Estados Unidos con visitas de autoridades de migración.

Jesús Murillo Karam firmó la orden de extradición contra Salvador Río de la Loza y lo agregó a la alerta roja de la Interpol.

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