Estados Unidos reconoce que autorizó matar a sobrevivientes de lancha atacada en el Caribe

Estados Unidos confirmó y defendió este lunes la legalidad del ataque contra los supervivientes del primer bombardeo contra una embarcación en el mar Caribe, en el que finalmente murieron las once personas a bordo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada en rueda de prensa si la Administración presidida por Donald Trump negaba ese segundo ataque y si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la orden. “Esto último es cierto”, respondió, antes de leer un breve comunicado en el que relató que el jefe del Pentágono “autorizó al almirante Frank Bradley a llevar a cabo estos ataques”.

De este modo, la Casa Blanca responsabilizó al actual comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos por haber acabado con la vida de los supervivientes.

“El almirante Bradley fue quien dio la orden de un segundo ataque y estaba plenamente autorizado para hacerlo”, insistió, al defender que “actuó dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”.

“Esta Administración designó a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras”, agregó Leavitt en su propio añadido al comunicado, en el que afirmó que “el presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a Estados Unidos y si introducen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord”.

Asimismo, negó que Hegseth haya ordenado que no quedasen supervivientes en los ataques a embarcaciones, aunque reiteró que Trump “tiene autoridad para matar” a los presuntos narcotraficantes que, según Washington, las tripulan.

La portavoz presidencial fue cuestionada por la legislación específica que justificaría el asesinato de supervivientes, a lo que respondió que el ataque “se llevó a cabo en defensa propia para proteger a los estadounidenses e intereses vitales de Estados Unidos, (…) en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados”.

El Manual de Ley de Guerra del Departamento de Defensa estipula en el séptimo punto del cuarto título de su quinto capítulo que “está prohibido llevar a cabo hostilidades con el objetivo de que no haya supervivientes o amenazar al adversario con negar cuartel”, en base a “consideraciones tanto humanitarias como militares”.

Aun así, Leavitt, preguntada por los contenidos del manual, insistió en la legalidad de la operación. “El almirante Bradley actuó correctamente, dentro de su autoridad y de la ley que regulaba el ataque, para garantizar la destrucción total del barco y eliminar la amenaza de los terroristas del narcotráfico para Estados Unidos”, subrayó, remitiendo al Departamento de Defensa ante “cualquier otra pregunta sobre su razonamiento”.

Por su parte, Hegseth mostró su “apoyo incondicional” a Bradley “y a las decisiones de combate que tomó, tanto en la misión del 2 de septiembre como en todas las posteriores”, según afirmó en una publicación en su cuenta en la red social X.

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“Estados Unidos tiene la suerte de contar con hombres como él protegiéndonos”, subrayó en un mensaje en el que ensalzó al almirante como “un héroe estadounidense y un verdadero profesional”. “Cuando este Departamento de Guerra —nombre con el que la Administración Trump alude al Departamento de Defensa— dice que respaldamos a nuestros guerreros, lo decimos en serio”, agregó.

La Casa Blanca defendió así la actuación del Ejército estadounidense que, según informaciones de medios como The Washington Post o The Intercept, tras disparar contra la lancha en una primera ocasión y observar que al menos dos personas habían sobrevivido, atacó de nuevo para acabar con la vida de las once personas que se encontraban en el barco.

Aquel fue el primer ataque contra una embarcación en el mar Caribe de los múltiples que le siguieron y que acumulan, junto a los ejecutados en el Pacífico oriental bajo los mismos argumentos, al menos 83 víctimas mortales.

Uno de ellos, en octubre, dejó dos supervivientes, posteriormente rescatados y devueltos a Colombia y Ecuador, aunque la portavoz de la Casa Blanca negó ser conocedora de cambios en el tratamiento de supervivientes en dichas operaciones (Europa Press).