Polonia: la crisis de la Corte Constitucional sirve para ‘preparar las elecciones legislativas de 2027’ | Entrevista RFI

Por Christophe Drevet / Radio Francia Internacional

El pulso político continúa en Polonia en torno a la Corte Constitucional. El presidente Karol Nawrocki sigue negándose a validar el nombramiento de los jueces designados por el Parlamento y la nueva mayoría centrista del primer ministro Donald Tusk. Por su parte, el presidente de la Corte no tiene intención de renunciar y el enfrentamiento entre los simpatizantes conservadores y las fuerzas de seguridad continúa en Varsovia.

Un pulso sobre el que la UE ya se pronunció al considerar ilegal al actual tribunal. Mientras prosiguen las consultas para intentar alcanzar un acuerdo, cada uno parece querer marcar su posición de cara a las elecciones legislativas de 2027. Laurent Pech, especialista en derecho europeo y decano de la Facultad de Derecho del University College de Dublín, en Irlanda, analiza esta situación para RFI.

RFI: El pulso se remonta, en realidad, a 2015, cuando el partido conservador del presidente Karol Nawrocki estaba en el poder y había nombrado jueces por motivos políticos. Hoy las tensiones se concentran en torno a la Corte Constitucional. El partido del primer ministro Donald Tusk, que afirma querer “restablecer el Estado de derecho” incorporando a los jueces designados por el Parlamento de mayoría centrista, no participó en las consultas convocadas por el presidente. ¿Es posible alcanzar un acuerdo para salir de esta crisis?

Laurent Pech: No hay que esperar una salida inmediata a la crisis en Polonia. Pero para comprender la crisis actual, hay que situarla en su contexto. La Corte Constitucional polaca ya no es un tribunal independiente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni siquiera lo considera un tribunal. Desde un punto de vista jurídico, la Corte Constitucional polaca dejó de existir como tribunal independiente en 2016. Su actual presidente fue nombrado de forma ilegal.

El presidente de la República de Polonia se niega a acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y, más recientemente, una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo obligaba a tomar juramento a los nuevos jueces. Por lo tanto, esta situación de bloqueo no es nueva. Y el presidente Nawrocki, que dice querer resolver la crisis, es en realidad quien la creó al negarse a aceptar a jueces elegidos legítimamente por el Parlamento. Para dar una imagen, es como si un pirómano invitara a los bomberos a debatir cómo apagar los incendios que él mismo no deja de provocar.

Foto: Archivo Reuters

La Unión Europea tomó claramente partido por Donald Tusk al respaldarlo. El 3 de noviembre debe celebrarse una asamblea general para decidir el presupuesto de esta Corte Constitucional. ¿Qué se puede esperar?

Nos encontramos ante un tribunal tomado como rehén por personas que actúan en violación del derecho polaco. Desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, la situación está clara. La Corte Constitucional polaca ya no es un tribunal en el sentido del derecho europeo. Todas las autoridades polacas tienen la obligación jurídica de resolver la situación lo antes posible. El problema es que el actual gobierno polaco cuenta con una mayoría relativa en el Parlamento, lo que no basta para superar el veto del que el presidente Nawrocki hace uso sistemáticamente en la actualidad. Para ello, el gobierno necesitaría una mayoría calificada de tres quintos en el Parlamento. El presidente aviva la crisis, ya que impidió así su resolución por vía legislativa. Por su parte, la Unión Europea solo puede alentar al gobierno polaco a resolver la situación.

No cabe esperar ninguna solución por el lado del presupuesto del Tribunal. Es como si se financiara a un secuestrador. De todos modos, el presupuesto ya se redujo desde la llegada del nuevo gobierno. En Polonia se pensaba que, con la elección de jueces debidamente designados, la crisis se resolvería desde adentro. Pero, como vimos en estos últimos días, no es así.

Algunos polacos afines a los conservadores de Ley y Justicia (PiS) hablan de un “golpe de Estado” del primer ministro Donald Tusk, quien apoya la suspensión del actual presidente de la Corte y el despliegue de las fuerzas de seguridad alrededor del edificio. ¿Pueden los polacos comprender esta situación?

Desde el punto de vista jurídico, es completamente ridículo hablar de golpe de Estado, ya que se trata de un gobierno que intenta garantizar el funcionamiento regular de una institución del Estado. Por el contrario, el golpe de Estado lo llevaron a cabo quienes tomaron el control de la Corte Constitucional mediante acciones ilegales. De hecho, la primera vez que se habló de golpe de Estado en Polonia fue precisamente en 2016, cuando el PiS, el partido conservador que antes estaba en el poder, tomó el control político del Tribunal Constitucional.

Algunos plantean la posibilidad de un referéndum como forma de resolver la crisis. ¿Un referéndum sobre qué? ¿Sobre un proyecto de ley que fue rechazado por el presidente? No veo cómo un referéndum podría resolver una cuestión que me parece, ante todo, jurídica. No veo qué tipo de pregunta se le podría plantear realmente al pueblo polaco para que se pronuncie.

Polonia, al igual que Hungría, incumplió con frecuencia las normas europeas. Esto dio lugar a enfrentamientos recurrentes con Bruselas. Jarosław Kaczyński, líder del PiS, habla de un posible “Polexit”, es decir, de una salida de Polonia de la UE. ¿Es seria esta amenaza?

En primer lugar, decenas y decenas de sentencias establecieron jurídicamente que las autoridades polacas del antiguo partido gobernante violaron de forma sistemática los principios básicos del Estado de derecho, tanto desde el punto de vista del derecho polaco como del derecho europeo y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso está jurídicamente establecido, no hay discusión al respecto.

En cuanto al “Polexit”, a decir verdad, no es la primera vez que se habla de ello. Fue la Corte Constitucional, bajo el control del antiguo partido gobernante, la que desencadenó un “Polexit” jurídico. Eso ocurrió hace ya algunos años. Hablar ahora de un “Polexit” no me parece justificado, ya que la pertenencia a la Unión Europea cuenta con un respaldo muy amplio entre la población polaca. Quienes crearon un “Polexit” son aquellos que se apoderaron de la Corte Constitucional. Por lo tanto, me parece totalmente ilógico hablar de “Polexit” con el pretexto de que el primer ministro proeuropeo quiere restablecer el Estado de derecho.

Foto: Reuters

¿De qué manera puede Bruselas favorecer una salida a la crisis?

No puede haber un acuerdo político cuando existen sentencias que constataron una violación flagrante de los principios básicos en materia de control de constitucionalidad y en relación con el funcionamiento y la composición de la Corte Constitucional polaca. No puede haber un acuerdo con quienes violan el derecho. En mi opinión, eso sería más una claudicación que un acuerdo. Para Bruselas, lamentablemente, las opciones siguen siendo limitadas a esta altura, ya que cerró, dio por concluidos, la mayoría de los procedimientos que permitían un seguimiento cotidiano de lo que ocurre en Polonia.

Siempre se pueden reabrir esos procedimientos, pero en realidad no hace falta, ya que contamos con sentencias que establecen lo que corresponde hacer. Por lo tanto, creo que, desde un punto de vista político, lo mejor que pueden hacer la Comisión y el Consejo Europeo es brindar su apoyo público al gobierno de Donald Tusk. Por otra parte, desde un punto de vista financiero, se podría haber recurrido al arma de la suspensión de los fondos europeos, pero eso supondría castigar al gobierno que intenta restablecer el Estado de derecho. Quienes están echando leña al fuego no son quienes pagarían el costo político de una suspensión de los fondos europeos. Ese es el dilema en el que se encuentra hoy la UE.

¿No existe el riesgo de que los partidos populistas aprovechen la brecha abierta por este pulso político en Polonia?

Lamentablemente, los ataques contra el Estado de derecho en numerosos países europeos son avivados tanto por actores internos como externos. Por desgracia, ese es el caso de Polonia. Se recurre a la desinformación, por ejemplo, al presentar un intento de restablecer el Estado de derecho como un golpe de Estado. Y vemos que los actores políticos que violan el Estado de derecho en sus propios países tienden a apoyar a los actores extranjeros que hacen lo mismo. Me parece que existe una alianza objetiva entre el gobierno de Trump y el PiS, el antiguo partido gobernante de Polonia. Hay una solidaridad de hecho que es nueva.

¿Deben Polonia y la Unión Europea temer las consecuencias de esta crisis?

Hace años que la Unión Europea ya no se preocupa, o no se preocupa realmente, por la persistencia de las violaciones sistémicas del Estado de derecho en Polonia. El Tribunal de Justicia de la UE, por ejemplo, estableció que más de 3.000 jueces polacos no fueron nombrados de forma regular, lo que da a entender que la validez de sus sentencias es dudosa. La Unión Europea dejó de preocuparse por ello porque el gobierno y las autoridades polacas siguen funcionando. Así que se hace como si nada y se espera a que la situación se resuelva con las próximas elecciones. Y la única forma de restablecer el Estado de derecho en Polonia, lamentablemente, es que no haya cohabitación. Es decir, que el presidente y el gobierno sean del mismo signo político. De lo contrario, debido al derecho de veto del presidente, se llega a un punto muerto.

Foto: Reuters

Desde una perspectiva más amplia, ¿estas divisiones, que ponen a prueba la estabilidad de Polonia, pueden tener consecuencias para el país y para la UE en el contexto geopolítico regional, dado que Polonia se encuentra en primera línea ante la guerra en Ucrania y la amenaza rusa?

Yo diría que no. No es la primera vez que se produce una crisis de este tipo. Es cierto que ver a un gran número de policías desplegados frente a un tribunal puede resultar impactante en términos de imagen. Pero esto lleva ocurriendo en Polonia desde hace diez años. Por lo tanto, no creo que haya consecuencias realmente significativas a corto plazo. Creo que, por el contrario, los actores políticos en Polonia, tanto el presidente como el primer ministro, consideraron importante tomar posición respecto de la Corte Constitucional y utilizarlo como argumento para hacer valer sus posiciones en las próximas elecciones. Creo que esta pulseada es, sobre todo, una forma de prepararse para las próximas elecciones legislativas de 2027.