SCJN debe proteger los derechos de las víctimas: Centro Prodh

El próximo 9 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) examinará un recurso de amparo presentado por el Centro Prodh contra la reforma de la Ley General de Víctimas (LGV).

La reforma en litigio eliminó la obligación de destinar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para cubrir los gastos de reparación integral de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Estos gastos incluían aspectos como los funerarios, médicos, psicológicos, terapéuticos, hospitalarios, traslados, hospedaje y alimentación, especialmente cuando las personas buscan justicia y siguen sus procesos legales.

En 2021, el Centro Prodh presentó un recurso de amparo contra la reforma que eliminó una protección en beneficio de personas que fueron víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos, la cual garantizaba su derecho a una reparación integral del daño.

Foto: Cuartoscuro

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, declaró en Aristegui En Vivo, que la ley protegía una de las garantías más importantes: la de obligar a que año con año el presupuesto de egresos de la Federación tuviese un mínimo para las víctimas y que, además, ese mínimo no se fuera en gasto operativo, sino directamente en medidas de asistencia, apoyo, víctimas y también de reparación integral.

” Eso es lo que hoy la Corte dice: fue una reforma regresiva”, exlicó.

El enfoque del litigio no se centró en la supresión del fideicomiso, que solo era un instrumento financiero, sino en la afectación de los derechos de miles de víctimas en el país. “A pesar de que la Ley General de Víctimas fue creada hace más de 10 años, estas personas aún carecen de un sistema eficiente para atender sus necesidades”, afirma la asociación civil.

Sin embargo, el Juzgado de Distrito no analizó el fondo del amparo y consideró que la reforma no causó ninguna afectación, consideraron. Por lo que el Centro Prodh impugnó la decisión y el recurso de revisión fue enviado a la SCJN debido a su importancia y a la necesidad de determinar si la reforma viola la Constitución.

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El juicio actualmente se encuentra en lista para ser votado por la Primera Sala de la SCJN. El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro González Alcántara Carrancá, propone otorgar el amparo al Centro Prodh.

“El proyecto se destaca por ser garantista y protector, al reconocer que la reforma vulnera el principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución, al ser regresiva y no garantizar los derechos de las víctimas que ya estaban protegidos por la legislación mexicana anterior”, afirman.

En consecuencia, la propuesta de sentencia ordena asegurar el presupuesto mínimo anual exclusivo para la atención y reparación de víctimas que estaba previamente estipulado en la ley.

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El proyecto plantea que las medidas de apoyo y reparación integral del daño no deben ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior. Esto implica que para 2024 deberían destinarse al menos 834 millones de pesos para estas medidas. Esta cantidad representaría un aumento del 38% en comparación con el presupuesto aprobado para estas acciones en 2023.

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En vista de la “importancia de esta decisión y su impacto en los derechos de miles de víctimas de la violencia en México,” diversas organizaciones y colectivos de víctimas hacen un llamado a los integrantes de la Primera Sala de la SCJN (ministras y ministros Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) a votar a favor del proyecto, con el fin de garantizar los derechos de estas personas afectadas por la violencia.