Reforma a poderes judiciales, regular notarías y Agencia Anticorrupción, propuestas de Sheinbaum contra desvíos

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su plan anticorrupción que incluye una reforma a los poderes judiciales locales y federal, nuevas reglas de operación para la operación de los notarios públicos y la creación de una Agencia Federal Anticorrupción que dependa directamente de la propia Sheinbaum en caso de que gane las elecciones del próximo 2 de junio.

Acompañada por el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y de la ex titular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sheimbaun dijo que su programa “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción” contempla una simplificación administrativa, la digitalización de la mayor cantidad de trámites para evitar contacto de servidores públicos con los usuarios de un servicio y cumplir en materia de transparencia, con el fin de evitar la creación de nuevas instituciones u organismos que vigilen a los ya existentes.

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En este marco, dijo que en materia de transparencia se requiere la aplicación estricta de la ley y no de grandes instituciones para su cumplimiento, ya que de lo contrario sería necesario crear una institución que vigile la operación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI).

La ex jefa de gobierno capitalino reconoció que nombrar servidores públicos con historial de corrupción en un cargo público, provoca que continúe la cadena de corrupción, pero defendió que durante el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se ahorraron a nivel 2.4 billones de pesos que antes se fugaban en materia de corrupción.

Dijo que durante su mandato como Jefa de Gobierno, este ahorro fue de 100 mil millones de pesos que antes se destinaban a la corrupción pretextando gastos operativos, por lo que la canalización de dichos recursos le permitió quitar privilegios sin afectar la operación en la Ciudad de México.

En este marco, dijo que la honestidad debe ser indispensable para ocupar cargos públicos y que una persona con un historial de conflictos de interés, que se niega a transparentar su declaración patrimonial y con señalamientos que lo asocian con la corrupción inmobiliaria, no debe ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en clara alusión al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada.

“No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y de conflicto de interés, no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales, no puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria, es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable, que quien conduzca el Gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad”, agregó.

Urge reforma judicial federal y estatal y a fiscalías, reconoce Corral

En su turno, Javier Corral Jurado, artífice del gobierno estatal que evidenció la llamada “Operación Safiro” que consistió en desviar recursos públicos para campañas electorales del PRI, presentó una nueva estrategia de lucha contra la corrupción que incluye un acuerdo nacional en la materia con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y atraviese de forma transversal a los tres poderes del Estado, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por lo anterior, anunció reformas para que la Constitución plasme los derechos a una buena Administración Pública y a un ambiente libre de corrupción, por lo que se actualizarían las leyes en materia de responsabilidad administrativa para que sea más fácil sancionar actos corruptos, se reconocerían los delitos de corrupción que pueden cometer las empresas como personas morales y se crearía la Agencia Federal Anticorrupción, reorganizando la operación, el personal y la actual estructura de la Secretaría de la Función Pública sin que esta última desaparezca.

Además, se impulsaría un Modelo Nacional para Investigar Delitos de Corrupción que implica la creación de un Sistema de Inteligencia Anticorrupción y poner en funcionamiento el Sistema de Fiscalización, transformado a las corporaciones policiacas, las fiscalías y la acción de los ministerios públicos a nivel federal y local.

En este marco, adelantó que se requiere una reforma judicial a nivel federal y estatal que separe a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los titulares de los Tribunales de Justicia locales de los Consejos de la Judicatura, con el fin de que ministros y magistrados no sean juez y parte de la vigilancia a los jueces y magistrados, así como de su rotación y ascenso en dichos cargos.

Por lo que se refiere a las contrataciones y concesiones públicas, Corral Jurado agregó que se contempla una regulación homologada a nivel federal y estatal de todos los contratos públicos, fijarse una meta para que más del 60 de las contrataciones públicas se hagan mediante licitaciones y poner a cualquier excepción para la asignación de contratos públicos como las que se utilizaron en el caso de “La Estafa Maestra” para la subcontratación simuladas a través de las universidades públicas y empresas paraestatales.

En su calidad de coordinador del plan “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, Javier Corral Jurado también adelantó que es necesario revisar la actuación de los notarios públicos y su sistema de autorregulación para evitar que se utilicen sus servicios para la creación de empresas fantasmas y poner fin a los altos costos de los servicios que manejan, obstaculizando el derecho de los más pobres a regularizar sus propiedades.

En su intervención, el coordinador de Plan de Gobierno y Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, informó que se realizaron más de 250 mesas de diálogo en materia de corrupción.

Al evento también asistieron la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la doctora Muna Dora Buchahin, especialista en anticorrupción, que como directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigó el caso conocido públicamente como “La Estafa Maestra”.