Piden ante la CIDH audiencias públicas sobre Ley de Seguridad Interior
Comisionadas y comisionados de la CIDH sostuvieron que el modelo de seguridad ciudadana es el que mejor respeta los derechos humanos.
Representantes del Colectivo Seguridad Sin Guerra y la Federación Nacional de Ombudspersons pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhorte al Estado mexicano a que las discusiones en la Corte sobre la Ley de Seguridad Interior incluyan audiencias públicas.
De acuerdo con un comunicado, el colectivo advirtió que se trata de la Ley más impugnada ante la SCJN. Son 23 los recursos que han presentado órganos públicos autónomos, municipios, estados y las minorías legislativas en el Congreso de la Unión: 9 acciones de inconstitucionalidad y 14 controversias, a las que se añaden más de 700 demandas de amparo en todo el país.
Las comisionadas y comisionados de la CIDH sostuvieron que el modelo de seguridad ciudadana es el que mejor respeta los derechos humanos y apoyaron la petición de emitir una opinión consultiva. Se trata de un mecanismo para dar opiniones acerca de la compatibilidad entre leyes internas e instrumentos internacionales.
En sus intervenciones, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y la Comisionada Flávia Piovesan expresaron sus coincidencias con lo expuesto por los peticionarios y manifestaron su intención de impulsar la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana.
Los integrantes de organizaciones de la sociedad civil expresaron que la Ley perpetuará la crisis de violencia y abonará a que siga la impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas, que según reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es del 97%.
La representación del Estado mexicano subrayó que la ley busca establecer normas claras para la labor auxiliar de la Federación – y de las fuerzas armadas – para atender las amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de las autoridades civiles directamente responsables. Ello, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos y con salvaguardas claras en materia de gradualidad, temporalidad y transparencia, como lo contempla la ley, de acuerdo con un boletín.
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