La consulta como debería de ser | Artículo

Por Jacobo Dayán

La consulta propuesta por la actual administración es circo romano convertido en política pública con fines partidistas.  Es arenga electorera. Es distractor más que verdadera procuración de justicia. No tiene ningún peso jurídico, es solo estridencia política que pretende ser pedagogía. 

Es necesario juzgar nuestro pasado y presente violento y corrupto. La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales tienen la obligación de hacerlo sin necesidad de esta consulta. Además de separar el poder económico del político, como bien lo ha dicho el presidente, también se debe separar la política de la justicia. El control político de la justicia ha sido, al parecer sigue siendo, parte central del régimen.

La violencia criminal no está siendo juzgada. Ni la FGR y ni las fiscalías estatales tienen las capacidades ni la autonomía necesaria para hacerlo. Los vínculos entre grupos violentos y actores políticos siguen sin ser llevados ante la justicia en nuestro país. No solo son los expresidentes, hay responsables en distintos niveles que deben ser investigados. La corrupción, la violencia y la impunidad no se resuelve con escenarios reduccionistas ni en una política de caso a caso.

Si en realidad hubiera un compromiso por abatir la impunidad, este gobierno debería asumir sus compromisos de campaña o, si lo prefiere a través de la participación ciudadana, consultar aquello que sí tiene un impacto real en el combate a la violencia y la corrupción, garantizando el derecho a la justicia.

La consulta que se requiere podría contener las siguientes preguntas:

¿Estás de acuerdo en que México remita la situación de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional?

¿Estás de acuerdo en la creación de una Comisión de la verdad para los crímenes atroces del pasado y presente?

¿Estás de acuerdo en la creación de un mecanismo contra la impunidad con acompañamiento internacional?

Así la consulta tendría un impacto real para abatir la impunidad, garantizar el derecho a la verdad y la justicia, desmantelar redes criminales y de protección política y la creación de instrumentos que abonen al entendimiento de las violencias y la corrupción, así como al fortalecimiento del aparato de procuración de justicia.

Las propuestas concretas para instrumentar estos mecanismos extraordinarios están en manos del gobierno y de los partidos de oposición desde hace mucho tiempo. Pueden implementarlo desde el congreso o, si lo prefieren, primero hacer una consulta pública, pero con las preguntas adecuadas. 

El camino tomado son fuegos artificiales sin impacto alguno en la justicia. Si la intención es generar pedagogía social, esta se logra con el ejemplo, abatiendo la impunidad y no en la plaza a mano alzada. La discusión pública sería sobre estos mecanismos y sus resultados. Eso sería un buen uso de la mañanera.

El foco dónde debe de estar: la impunidad sistémica, la corrupción y los crímenes de lesa humanidad.

¿Habrá voluntad política o solo placebo populista?