ASF confirmó que Superissste es “una fachada para triangular recursos”: Ana Lilia Pérez en #MesaDeAnálisis

A través de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el  ISSSTE subsidió un mecanismo de desvió de recursos multimillonario a través de las tiendas Superissste.

Con esta conclusión se confirma “cada uno de los párrafos de la serie #Superissste ¿qué demonios pasó aquí?“, manifestó Ana Lilia Pérez, quien en colaboración de la Unidad de Investigaciones Especiales de #AristeguiNoticias publicaron la investigación desde abril de 2018.

“Prácticamente reconfirma todo lo que aquí planteamos, incluido una triangulación de 650 millones de pesos, una de las últimas operaciones que se hizo a través de este mecanismo”, dijo.

Durante la #MesaDeAnálisis de #AristeguiEnVivo, la periodista recalcó que las tiendas que surgieron para el abasto de productos accesibles a los trabajadores ante la escasez a finales del gobierno de José López Portillo, perdieron su razón de ser pues se utilizaron como “una fachada para triangulación de recursos públicos con el pretexto de ventas por convenio”.

Recordó que incluso el director del Superissste reconoció que a la fecha existe esa modalidad de triángulaciones. “Él contaba que no necesitaba tener los productos para venderlos, Todo era fantasma, no existían los productos. Se trataba de ventas multimillonarias que involucraban a otras dependencias gubernamentales”.

A partir del daño patrimonial provocado y confirmado por la ASF, el órgano sugirió que sea la Cámara de Diputados la que evalúe la posibilidad de inhabilitar del artículo 123 constitucional, la obligación del Estado de establecer tiendas económicas y en su defecto incluya la promoción de una economía en favor de los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, a la fecha las tiendas siguen operando. La también escritora señaló que luego del dictamen de la ASF, “la cuestión es ¿qué va a suceder con las 70 tiendas que aún están y que nos cuestan 2 millones de pesos diarios a través del ISSSTE“, el cual es uno de los institutos de seguridad social que más dinero mueve en el país.

Guardia Nacional, una pugna entre militares y marinos

En la #MesaDeAnálisis, Fabrizio Mejía reconoció la importancia de que se alcanzara la unanimidad en la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, enfatizó que la oposición está preocupada por la seguridad en sus estados, lo cual pudo influir en que “aceptaran de buen a gana  las reformas al proyecto original, en tanto durara 5 años. Sobretodo porque la oposición que gobierna muchos estados, tienen un problema de seguridad”.

Además, señaló acertado el que la nueva administración haya dejado de lado el sentido que había dado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al señalar que se perdía territorio frente al narco. Ahora, en lo que se está pensando es “en la seguridad personal, familiar, se acompaña con programas sociales”.

“El siguiente tema es definir quién va a dirigir a la Guardia Nacional“,dijo.

Ana Lilia Pérez señaló que “ya hay militares y navales apersonándose con gente cercana a López Obrador para promoverse como la opción para dirigir la Guardia Nacional”, lo cual podría tornar el asunto a una pugna entre militares y marinos.

“Las experiencias internacionales en temas de Guardia Nacional nos dicen que se debe tener mucha claridad sobre quién tiene que tener el mando y tener un militar al frente, no ha sido siempre la mejor respuesta”, dijo la periodista.

Ante esta situación, Mejía agregó que es importante “cambiar la ideología a la Guardia Nacional que sea disuasiva y no punitiva”.

Criterio para liberar documentos del CISEN aún es desconocido

“El criterio para considerar que algo es histórico, no es un criterio temporal. Es decir, si está en el Archivo, eso es histórico“, enfatizó Fabrizio Mejía.

Una parte importante de la llamada 4T, señaló Fabrizio Mejía, es que “tiene que ser esclarecer las cosas del pasado, mirarse a la cara y decir “sí fuimos un país capaz de permitir tortura, desaparición, espionaje y que seguimos permitiendo”. 

El escritor explicó que ya en 2002 había sucedido algo similar al anuncio sobre la liberación de documentos del exinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Al inicio todo fue una “luna de miel” pero a partir de las leyes de transparencia comenzaron a haber ciertas restricciones que aunque en el Archivo se permitía el acceso a documentos “incómodos” de la época de Gustavo Díaz Ordaz, no se permitió el acceso a los de la PGR o a los del Estado Mayor.

“Llegaron los del CISEN a la Galería Uno de Lecumberri, la cual estaba tomada por un miembro del Cisen, Vicente Capelo Rocha“, además , en algunos casos solo se permitía acceso a la “versión pública” la cual estaba testada.

Mejía resaltó que con esas acciones “no estaban protegiendo la privacidad de las personas sino a los nombres de los agentes policíacos del Cisen y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”.

“Creo que esta idea de la Ley de Protección a Datos Personales fue un pretexto, se usó. Al final ya solo podías consultar lo que había en el Archivo General de la Nación vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y te contestaban cualquier cosa”, dijo.

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